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La norma determina que el Poder Ejecutivo deberá enviar a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley fijando el costo fiscal que implica para el Ejercicio 2014 la aplicación del artículo precedente, e incluirá dicho costo en las previsiones presupuestarias para el Ejercicio 2015.
Los fundamentos de la norma observan que “la Ley 6093, sancionada el 27 de diciembre de 2007 establece un Régimen de Incentivos Fiscales tendiente a la promoción del empleo formal, la inversión productiva y el buen cumplimiento fiscal. Por Ley 6452, la vigencia del régimen fue prorrogado por dos años y por Ley 6953 prorrogado por dos años mas, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de prorrogarlo, estimamos conveniente que la Legislatura prorrogue la ley por el termino de un año”.
La diputada Mirta Morel, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recordó que “el 17 de diciembre de 2007 el Gobernador Capitanich envió una iniciativa por la cual propiciaba buscar e incentivar el cumplimiento fiscal, la formalización de empleo y la reinversión de utilidades a través de un conjunto de regimenes de incentivo tributario, operativos a partir de bonificaciones en el pago de impuestos sobre los ingresos brutos y del impuesto inmobiliario rural, y otros mecanismos. Esto fue debatido y concluyó en la sanción de la ley 6093”.
Explicó “habida cuenta del escenario particular de la provincia y de lo que implican los objetivos que llevaron a la sanción de la norma, motivó la presentación de esta iniciativa que fue analizada en la comisión de Hacienda y Presupuesto, y en el entendimiento de lo que implican estas medidas de incentivos fiscales es que por unanimidad se le dio despacho favorable. El despacho en si contiene modificaciones ya que la iniciativa en cuestión modifica el artículo 8º, lo que la Comisión definió es reestablecer la vigencia de de los artículos 1º a 7º de la ley primigenia”.
El diputado Carim Peche agradeció la predisposición de la Comisión y explicó que “mantuvimos una reunión en la Cámara de Comercio de Sáenz Peña donde participamos los diputados Canata, Altamiranda, Sánchez y quien les habla, y luego nos encontramos en la rotonda con agricultores, en esa reunión manifestaron la problemática de la baja de venta, y el miedo a que se pierdan fuentes de trabajo, nos pedían reflotar la ley 6093 por un tiempo a los efectos de dar una ayuda al sector”.
Observó que “para nosotros los tres legisladores que estábamos de la oposición sería fácil decir aprobemos y punto, pero la verdad que fue una reunión muy productiva y el diputado Sánchez aclaró que como oficialista tenía que consultar con el Gobierno y el bloque, y nosotros coincidimos en que esto tenía que salir por unanimidad”. En ese sentido, celebró “la decisión política de esta sanción, porque todo lo que sea un incentivo es una decisión política, ojalá dios quiera que después de la aprobación esto influya en el trabajo y las finanzas de los comerciantes y sobre todo que se conserven las fuentes de trabajo porque me parece que hay que apuntar a eso”.
Elba Altamiranda se sumó al agradecimiento “a la Comisión de Hacienda porque con sus propuestas han mejorado el proyecto, le han dado alcance hasta el 2015 situación que nos parece acertada, hacer hincapié en que no se regala nada sino que se incentiva a los contribuyentes que son cumplidores, que están al día, que han regularizado la situación fiscal, para que promuevan el empleo e inviertan en cuestiones productivas y prioricen el cumplimiento de sus metas fiscales como comerciantes”.
Por su parte, Ricardo Sánchez manifestó que “en aquella reunión a la que concurrimos con los legisladores de Sáenz Peña fuimos ilustrados de la situación del comercio, y de allí la presentación legislativa de restituir beneficios como los correspondiente a la ley 6093, que es una de las primeras leyes de la Gestión Capitanich”.
Explicó que “es importante porque establece beneficios de tipo general, y por otro lado bonificaciones especiales que en todos los casos tienen que ver con la presentación de proyectos de inversión ante el Ministerio de Industria con una bonificación del ciento por ciento de los ingresos brutos, y sumamos subsidios patronales que pueden ser total o parciales de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se incorporen al sistema y el tipo de proyecto productivo”.
Enfatizó que “es una ley de incentivo, de promoción, que fue bien recibida por el sector comercial de la producción y con esto completamos para todo el período de nuestra gestión de gobierno que esperamos siga promocionando nuevas fuentes de trabajo como lo viene haciendo desde que se promulgó allá por diciembre de 2007”.
Carlos Beltrán manifestó “no podíamos estar ausentes los trabajadores en el tratamiento del presente proyecto, esta norma fue sancionada en la gestión de Capitanich y tuvo éxito en su aplicación teniendo en cuenta la recuperación del empleo privado y formal, por eso queremos adelantar nuestro acompañamiento a esta norma por la importancia en la inclusión social, y en la formación de empleo”.
SANCIONAN BONIFICACIONES PARA EL IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
La Legislatura sancionó la Ley 7454 por la que se dispone una bonificación especial del 50% complementaria, no acumulativa a la bonificación especial dispuesta por la ley 7220 y por inmuebles de hasta 2.000 hectáreas para los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural correspondiente al año 2013.
La norma se basa en el proyecto de Ley 3382/14, del Presidente de la Cámara de Diputados, Darío Bacileff Ivanoff, a través del cual propicia ampliar la bonificación especial del 30% al 50% del Impuesto Inmobiliario Rural del año 2013, dispuesta por los artículos 1º y 2º de la ley 7220/13; iniciativa que se acumulará al proyecto 3775/13 de los diputados de Unión por Chaco y 3833/13 del diputado Juan José Bergia.
La norma establece para los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural correspondiente al año 2013, que hubieren efectuado algún tipo de pago en las condiciones de la ley 7220, el mismo será considerado como pago a cuenta del impuesto inmobiliario rural del año 2014.
Se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar bonificaciones especiales de hasta un 100% en el impuesto inmobiliario rural de los años 2013 y 2014 fundadas en razones de emergencia o desastre agropecuario debidamente establecidas por decreto y en las condiciones que mediante reglamentación fije el Ministerio de Producción.
Sobre éste punto en particular, desde el Bloque Unión por Chaco se “abstuvieron” de votar.
Además la norma determina que el poder Ejecutivo deberá remitir semestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, informe circunstanciado identificado al contribuyente y el porcentaje de bonificación especial asignado.
La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Mirta Morel,explicó que “el pleno oportunamente le ha concedido el tramite preferencial a la iniciativa 3775/13 por la cual se establece una condonación en el monto de la obligación tributaria, a esta iniciativa se le fueron acumulando el proyecto 3833/13 de autoría del diputado Bergia que propone una reducción del 100% en el monto de la obligación tributaria correspondiente al Impuesto Inmobiliario Rural y luego se acumula el 3382/14 del Presidente de la Legislatura, Darío Bacileff Ivanoff donde lo que propone es ampliar la bonificación especial del 30% del Impuesto Inmobiliario Rural que se había concedido a través de la normativa 7220 del 2013 al 50%”.
Detalló que “todas las iniciativas fueron analizadas en su conjunto y cada una recibió un tratamiento particular, con respecto a la condonación -si bien es cierto es el proyecto cabecera- se ha descartado habida cuenta que la Constitución establece la imposibilidad de la condonación de toda deuda vencida, el proyecto del diputado Bergia se trabajo en forma conjunta con el de Bacileff y se resolvió proponer al cuerpo la aprobación de un despacho donde se dispone una bonificación especial del 50% complementaria y no acumulativa a la bonificación especial dispuesta por la ley 7220 y se establece que la misma esta referida a inmuebles de hasta dos mil hectáreas para los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural correspondiente al año 2013”.
“Por otra parte –explicó- se establece que esos contribuyentes correspondientes al 2013 que hipotéticamente hubieren efectuado algún tipo de pago en las condiciones de la ley 7220 será considerado como pago a cuenta del impuesto inmobiliario rural del año 2014. Luego se autoriza al Poder Ejecutivo en función de razones de emergencia, desastre agropecuario a que pueda ampliar esa bonificación especial hasta un 100%, remitiendo a la Comisión de Hacienda un informe circunstanciado identificando al contribuyente y el porcentaje de bonificación especial asignado”.
El diputado Daniel Trabalón del Frente Grande, planteó un despacho alternativo que acompañó Raúl Acosta del bloque Concertación Forja, en el que se reduce la superficie de los inmuebles de 2.000 a 500 hectáreas “un punto que estamos dispuestos a reconsiderar ya que entendemos que hay lugares donde puede ampliarse esto en relación a criterios específicos de las zonas que son afectadas o que tienen condiciones naturales diferentes a otras zonas que tienen mejores condiciones” y establece que “la información de los contribuyentes del impuesto inmobiliario deberán ser de acceso publico para todos los ciudadanos, este planteo nos pareció importante porque entendemos que es importante que esta información sea de acceso publico”.
Sergio Vallejos celebró “que podamos sacar este beneficio importante de losproductores” y planteó la posibilidad de elevar el tope a inmuebles de 2.500 has. “teniendo en cuenta que el censo nacional agropecuario del 2008 nos brindaba la información que así estaríamos atendiendo al 97,03% de los productores, quedando afuera solo 383 en toda la provincia -lo cual nos da una imagen de que serían productores de mayor poderío económico- porque también es injusto beneficiar a gente que esta en condiciones de pagar”.
Carim Pechemanifestó su disenso con el planteo de la diputada Morel y observó “si habilitamos al Ejecutivo a otorgar una bonificación del 100% es una condonación, no coincido con que no se pueda condonar las deudas, entiendo de la Constitución que tenemos facultad de legislar sobre impuestos”. Sostuvo que “pareciera ser que este es un proyecto del bloque oficialista y no de Unión por Chaco, el primer proyecto es el nuestro, estuve en todas las reuniones donde estuvieron los productores, y le pueden decir que siendo representante de la oposición jamás saqué tajada política de esas reuniones”.
RESPALDO UNÁNIME A LA RECATEGORIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ
Con la aprobación de la Ley 7455 la Legislatura sancionó una reevaluación de los cargos de Juez de Paz de 1ª Especial, 1ª, 2ª y 3ª, que implica una mejora de 5 puntos en la categorización de dichos magistrados. La norma se basa en el proyecto de Ley 3007/2014 de los diputados Paredes, Beltrán, Bergia, Sánchez, y Nievas, que modifica una iniciativa anterior tendiente a la reforma de la Estructura de Cargos de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, de acuerdo a la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de Justicia de Paz (ley 7341), en la que se ratifica la existencia de los juzgados de paz de primera categoría especial.
Esta sanción obliga, según explican los autores, a la reformulación del proyecto de ley 4533/2013 que eliminaba dicha categoría del escalafón del Poder Judicial, contemplando por ende una porcentualidad que se ajuste a esa normativa y a la vez que sea armónica respecto del conjunto de cargos.
El diputado Ricardo Sánchez relató “estuve recorriendo parajes aledaños a Taco Pozo y me encuentro con un productor del paraje Monte Cristo que tenia una pequeña disputa con un vecino por una supuesta obstrucción del camino por parte de ese productor, hicieron la denuncia en el Juzgado de Paz de taco pozo y hoy hable con el juez porque me encomendaron una gestión respecto a ese tema, y al hablar con el juez me dijo que la audiencia conciliatoria ya esta fijada”.
Destacó que “esto nos da la pauta de lo que implica el trabajo de los jueces de paz, que no siempre tienen esa función de amigable componedor, sino que llevan adelante informaciones sumarias, certificaciones de firmas y funciones relativas a cuestiones de familia, más que justificado este proyecto que es simplemente incorporar cinco puntos a la remuneración de los magistrados que -en muchos- casos cobran menos que un empelado escribiente del Poder Judicial”.
Carim Pecheacompañó “esta reivindicación de los jueces de paz, que cumplen con múltiples funciones a las que se les agregó el tema de familia, recorren kilómetros y kilómetros y con esta pequeña reivindicación queremos decirles que valoramos lo que hacen por la justicia”. Observó que “en materia salarial estamos muy atrasados respecto al resto del país, este reconocimiento -como bien decía Sánchez- es para esta gente que día tras día tratan de resolver conflictos con los vecinos, hacen notificaciones, atienden múltiples cuestiones, es un reconocimiento a todo el esfuerzo y el trabajo que realizan”.
Juan José Bergia, aseguró que “no caben dudas de la importancia en la función que cumple la justicia de paz, vamos a acompañar este proyecto, y también sería bueno que se trate un proyecto de mi autoría presentado para que haya en taco pozo un juzgado de minoridad, el STJ plantea que haya un multifueros, estamos hablando de distancias muy grandes y las problemáticas son múltiples”.
Martín Nievas sumó su posición “a favor de esta pequeña recomposición que no menoscaba la actuación de los jueces en el ámbito de la capital, pero valora la de aquellos que se encuentran con la problemática y actúan casi como amigables componedores, que son los jueces de paz, con la ultima modificación del Código de Faltas sumamos mayor actividad jurisdiccional pero no hemos tenido esta mirada”.
ADHIRIÓ LA PROVINCIA DEL CHACO AL SISTEMA
DE PROTECCIÓN DE PERSONAS TRANSPLANTADAS
Con la sanción de la Ley 7455 de autoría del diputado Rubén Guillón acompañado por la diputada Celeste Segovia, la provincia adhirió a la Ley 26928 que Instituye el Sistema de Protección Integral a favor de las Personas Trasplantadas.
El objeto de dicha Ley Nacional es crear un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante inscriptos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con residencia permanente en el país.
Establece que el Sistema Público de Salud y las obras sociales deben brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante.
La norma contempla beneficios como el acceso a transporte por razones asistenciales, el acceso a una adecuada vivienda, estabilidad laboral, licencias especiales, promoción de programas de empleo, de emprendimiento y talleres protegidos, entre otros beneficios.
Previo a la sanción de la ley el diputado Rubén Guillón, señaló que “junto con la diputada Celeste Segovia trabajamos en un proyecto vinculado con la vida de chaqueños y de chaqueñas que aguardan y esperan un acto de responsabilidad, de altruismo, de acompañamiento por parte de este poder”. Por ello recordó que “ en octubre del año 2012 esta Cámara sentó precedente normativo vinculado con un sistema de protección integral a personas trasplantadas en la provincia del Chaco dando signos de avances e innovación siendo una de las primeras provincias en dictar su propia normativa propia. Se trataba de una ley impecable impulsada por la diputada María Lidia Cáceres que crea y otorga derechos, beneficios y también prestaciones para personas enfermas”.
En ese marco el legislador hizo referencia a que “a nivel nacional se logró la sanción de la ley N° 26. 928 en diciembre de 2013 y fue publicada en enero de 2014 que también establece un sistema integral de defensa para personas trasplantadas , pero esta ley nacional incorpora dos grandes y nuevas novedades que vienen a conceder enriquecer nuevos y mas derechos. En primer lugar en su artículo 1 también incorpora a personas que estén en listas de espera, que son muchos y son los enfermos que están padeciendo o agonizando esperando el milagro que aparezca el miembro o el tejido que necesita para salvar su vida”.
Además mencionó “otra novedad que incorpora esta ley nacional tiene que ver con la obligación que establece el gobierno nacional en cuanto a las obras sociales de financiar todo lo atinente a la provisión de medicamento y atención de las patologías de las personas trasplantadas. Logramos la opinión por escrito de la entidad Cucai Chaco que plantea dos temas importantes: por un lado ratifica la importancia que implica que la provincia se adhiera a esta ley nacional, porque esta ley crea las condiciones de bienestar para personas transplantadas y se aprovecha la oportunidad en generar al día de la fecha no puedo ser aplicada ya que falta el instrumento legal que cree la autoridad de aplicación”.
Sobre la iniciativa también la Presidenta de la Comisión de Salud la diputada Mariana Salom informó que “desde la comisión firmamos un despacho unánime para adherir a la ley 26928, por ello adhiero a las palabras del diputado Guillon y es real que el Chaco fue pionero en muchos temas de salud y en especial en el tema de trasplantes y es lamentable que todavía no se pueda implementar esa ley. Hicimos un pedido para que el ministerio de salud sea el órgano de aplicación y se reglamente esta normativa”.
“Esta ley es mucho mas amplia porque incluye a personas que están en listas de espera, a veces hablamos de la donación y nos olvidamos de lo que viven las personas que necesitan un trasplante y la lucha que realizan. Además, en materia laboral dispone beneficios impositivos a empresas que den trabajo a personas trasplantadas. También da una mirada a la parte laboral del trasplantados, porque personas que están en lista de espera que conviven en clínicas pierden su trabajo muchas veces y pasan a ser personas capaces pero sin trabajo por alguna enfermedad” agregó la legisladora.
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