Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Son las acciones, omisiones, segregación o exclusión realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar; pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o psicológica, para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento psicológico, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género.

Es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la Ley 26.485. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

La violencia escolar es aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la conforman: padres, alumnos, docentes, directivos. Son el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social.

Alude a todas las formas de maltrato que tienen lugar en las relaciones entre miembros de la familia, la relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, ya sea por acción u omisión. Ocurre generalmente en el entorno doméstico, pudiendo darse en otros lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. Los abusos están constituidos por violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial.

Es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte negativamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de cualquier persona o grupo de personas, en razón de su género. La violencia de género no es sinónimo de la violencia contra la mujer, sino que se destaca la dimensión del género (masculino, femenino, transgénero, etc) en la subordinación como grupo dentro de la sociedad, y su vulnerabilidad frente a la violencia.

Aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente acerca del número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673, que consagra el derecho a la salud sexual, protección del embarazo, y procreación responsable.

Son aquellos documentos producidos en instancias internacionales, diversamente designados como pactos, estatutos, protocolos, convenios o convenciones, con carácter vinculante para la Argentina, a partir de su ratificación y/o adhesión. El impacto de estos instrumentos en nuestro derecho interno nos ha permitido avanzar hacia un Estado de Derecho protector y defensor de los derechos fundamentales de las personas.