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La norma se aprobó con 27 votos y desde la oposición plantearon modificaciones al texto original del despacho - que suscribieron los diputados justicialistas en la comisión de Hacienda, - las que fueron aceptadas por el jefe del bloque justicialista Ricardo Sánchez que adelantó el acompañamiento de todas y cada una de las reformas planteadas afirmando que “esta ley sale con el dos tercios de los votos números que tenemos con el acompañamiento del voto opositor” y añadió “nuestro reconocimiento porque esta ley sale con el consenso de todos los diputados”.
Por su parte el diputado Daniel Trabalón, en nombre del bloque Frente Grande, pidió que el despacho “quede en cartera”, argumentando que nadie desconoce la importancia del tema y que los municipios tanto de primera, segunda o tercera categoría necesitan de obras de estas características pero que ameritaba un debate más profundo la iniciativa.
La ley determina – en su artículo 2 – que los empréstitos contraídos conforme con el artículo precedente, podrán realizarse mediante cualquiera de las operaciones de crédito público que se indican seguidamente: a) Emisión de títulos públicos, en el país o en el exterior, inclusive bajo la modalidad de fideicomisos financieros. b) Celebración de contrato de mutuo con entidades financieras públicas o privadas, del país o del exterior, comprendiendo entre éstas a organismos multilaterales de crédito.
La norma
Se faculta al Poder Ejecutivo a afectar y/o ceder en garantía los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por aplicación de la ley 23.548 y sus modificatorias - Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias-, conforme con lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 25.570 –Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos-, o el que en el futuro lo sustituya, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia del Chaco en las operaciones que se autorizan por el artículo 1º, incluyendo la retención automática para el pago de los servicios pertinentes.
El producido de la operación de crédito público autorizada – dice el art 4 – se depositará integralmente en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Nueva Banco del Chaco S.A. a nombre de la Provincia con individualización de esta norma. Estos fondos quedarán totalmente excluidos del sistema de cuenta única de caja o fondo unificado de la ley 4787 – Administración Financiera del Sector Público Provincia – y serán utilizados con exclusividad para la operatoria autorizada por el art 1.
Los recursos obtenidos por aplicación de la presente, serán posteriormente otorgados en préstamos a los municipios de Segunda y Tercera categoría, debiendo regirse como mínimo por las siguientes condiciones: a) El monto máximo de préstamo a cada municipio no podrá superar la suma de Pesos 8 millones de pesos para municipios de segunda categoría y de 5 millones de pesos para municipios de tercera categoría; b) La tasa de interés será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa BADLAR Bancos Públicos, o la que en el futuro la sustituya como tasa de referencia sobre saldos adeudados; c) El plazo de devolución no podrá superar los 120 meses, con un plazo de gracia de hasta seis (6) meses; d) El proyecto ejecutivo que se financiará con el préstamo, así como el pliego de condiciones particulares y generales, deberá ser elaborado y/o aprobado por la Dirección de Vialidad Provincial; e) Salvo por el desembolso inicial, los restantes desembolsos del préstamo se realizarán contra presentación de certificado de obra emitido por la Dirección de Vialidad Provincial, único organismo certificante, quien deberá expedirse en 5 días hábiles de solicitado por el municipio; f) La afectación y/o cesión en garantía de los recursos provenientes del régimen de participación municipal establecido por ley 3.188 y sus modificatorias y complementarias, o la que en el futuro la reemplace, con el fin de garantizar el repago de los préstamos otorgados por la Provincia del Chaco a los municipios correspondientes de conformidad con lo dispuesto en esta norma incluirá la retención automática para el pago de los servicios pertinentes.
En caso de que la integración de recursos fuera progresiva y/o no se obtuvieran empréstitos por la totalidad de lo autorizado en el artículo 1°, la asignación de los recursos entre los municipios se realizará por proyecto ejecutivo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Los municipios que soliciten menor monto relativo respecto del máximo autorizado por el artículo 4°. b) Los municipios que ofrezcan menor plazo de devolución. c) Los municipios con mayor capacidad de repago y/o con menor afectación y/o cesión de los recursos del régimen de participación municipal establecido por ley 3.188 y sus modificatorias y complementarias. d) Los municipios con menor porcentaje de metros cuadrados asfaltados sobre el total de caminos de su ejido municipal.
El Poder Ejecutivo deberá presentar, en forma trimestral, un informe a la Cámara de Diputados, sobre las actividades llevadas adelante y estado de situación de los fondos autorizados por la presente ley.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación y reglamentación de la presente.
La argumentación de la oposición
El diputado radical de Somos Parte Roy Nikisch fue quien manifestó la posición del interbloque y aseguró “este es un proyecto en donde la totalidad de los diputados de Unión por Chaco estamos de acuerdo, lo hemos consultados con los intendentes de nuestros partidos y también están de acuerdo con esta ley”.
No obstante, no dejó de expresar la preocupación tanto de legisladores de su bancada como de los intendentes al plantear algunas consideraciones. “Estamos preocupados y también los intendentes, es decir, el deseo y necesidad de tomar créditos y hacer pavimentos, cuestión anhelada por todos los dirigentes que conducen municipios y hay dudas importantes que nos llevaron a discutir algunas modificaciones de la ley, y estas dudas surgen de un año donde hay varias cuestiones que quedaron sin aclarar, y que hemos intentado de buena fe tener información por parte del Ejecutivo provincial, y que o se nos ha negado o dilatado, o dado respuestas parciales” adelantó para luego ir detallando que “nos quedó la duda de 250 millones de pesos de diciembre de 2013, varias veces le hemos preguntado al ministro de la Producción que nos diga porqué esa plata que entró para el crédito de emergencia agropecuaria no se repartió; nos queda la duda de los 50 millones de pesos para los consorcios productivos rurales, lo hemos planteado acá; y el año pasado y este año nuevamente los más de 14 mil socios de estas asociaciones han visto diezmados sus ingresos; y por casualidad he leído que el jefe de gabinete en estos días ha estado reunido con dirigentes de los sectores campesino y feliz y contento, porque se estaba por aprobar la ley de agricultura familiar a nivel nacional y que a penas esté aprobada la ley se le iba a asignar la partida presupuestaria”.
”Digo yo si hay tanta velocidad para una ley como la de agricultura familiar y asignar partidas que no estaban en el presupuesto original, porqué no se asigna con la misma celeridad la partida presupuestaria para los 160 millones del fondo algodonero nacional que se aprobó en el Congreso de la Nación”, reprochó Nikisch.
Y continuó recordando que “hemos intentado que se reglamente la ley de Agricultura Familiar y tampoco ocurrió nada” e insistió “porqué dudan los municipios porque tienen acreencias de los comedores que no le envía la provincia, lo planteamos a fin del año pasado y lo volvemos a plantear hoy”. “porqué dudan los municipios más allá que necesiten – se preguntó - Las Breñas – repasó - hace 7 años no se le pagan la 6030 tuvo que ir a juicio”, entonces, hasta “recién en el debate que hicimos en el bloque, lo mismo la gente está preocupada por estas cuestiones” y continuó planteando otras como el seguro del InSSSeP que demora para pagar los seguros, “vinculados con los ingresos superavitarios que tenía la provincia” dijo para luego también referirse otro planes del gobierno nacional que envía recursos nacionales que luego no son distribuidos por parte de la provincia a los municipios gobernados por Unión por Chaco en tiempo y forma.
“La preocupación de las intendencias de Unión por Chaco es que si están los recursos si se firman los convenios si esa plata va a llegar o no” planteó el legislador que cuestionó también la falta de cumplimiento de Capitanich y también del vicegobernador a cargo, respecto de la transferencia del dominio del complejo del cine teatro español de Sáenz Peña entre otros reproches que endilgó al gobierno provincial, para luego detallar las correcciones al texto original del despacho que finalmente fueron aprobadas.
A toda esto la diputada justicialista Mirta Morel no dejó pasar algunas aseveraciones de su par radical y planteó “que desde la gestión del Contador Jorge Capitanich jamás se ha hecho excepción con ningún municipio durante 4 años que me tocó ser secretaria de infraestructura y tuve oportunidad de conocer a muchos intendentes no de mi partido, sino correligionarios con quienes mantengo una amistad porque la orden era atender a todos por igual” indicó recordando las obras en municipios gobernados por Unión por Chaco, planteo que fue contestado por Nikisch que aclaró “no hablé de discriminación”.
Finalmente se puso a votación el despacho con las modificaciones propuestas por el interbloque Unión por Chaco que arrojó 27 votos positivos.
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