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Se propone también “el pago extraordinario en los haberes jubilatorios de $ 3.000 (pesos tres mil) para el conjunto de jubilados y pensionados, que deberá ser abonado antes del 31 de Diciembre de 2014” indicando que “en el caso de los trabajadores en actividad, la totalidad de las cargas sociales correspondientes a esta remuneración extraordinaria, será abonada por los empleadores. En el caso de los jubilados y pensionados alcanzados por la presente ley, el pago extraordinario quedara exento de sufrir descuento alguno en concepto de cargas sociales”.
Luego de un intenso debate en la que los distintos bloques manifestaron su postura, la propuesta de vuelta a comisión obtuvo 13 votos, mientras que la aprobación obtuvo 11 votos y el diputado Néstor Marcón voto el archivo de la iniciativa.
El debate en el Recinto
El Presidente del interbloque Unión por Chaco,Carim Peche señaló que “el trabajo más allá que firma todo el bloque lo realizó la diputada Mariana Salom, se trata de un pago extraordinario salarial de emergencia equivalente a un salario mínimo vital, que comprende a los activos, los pasivos, los contratados de diferente índole, y también otros sectores de la sociedad como los movimientos sociales que están reclamando una ayuda”.
Fundamentó la iniciativa destacando que “así como mencionábamos en oportunidad de fundamentar nuestra postura respecto al presupuesto tenemos una inflación cercana al 40% y un aumento salarial del 25% que se dio en tres cuotas, hay un desfasaje, el trabajador no llega a fin de mes con su sueldo”. Recordó que “hay 10 provincias que aprobaron esta suma extraordinaria, y la idea de aprobar este proyecto de ley es para que lleguen a las fiestas. Sabemos que puede significar un esfuerzo del poder ejecutivo y podrá decir que no está en condiciones, pero nosotros decimos que si está en condiciones de abonar este bono y también contemplar a aquellos que no tienen un trabajo”.
El diputado Carlos Martínezacompañó lo planteado por el diputado Peche y recordó que “desde horas tempranas están congregados organizaciones sindicales y movimientos sociales, a quienes la inflación ha golpeado duramente este año. No es casualidad, que a modo de válvula de escape, 10 provincias hayan decidido en los días anteriores que van a abonar una ayuda salarial de emergencia a sus trabajadores, como forma de reconocer mínimamente el desfasaje que hay entre el ingreso real y el proceso inflacionario que se come el poder adquisitivo del salario”. El diputado propuso un agregado al proyecto para contemplar “a los contratos de obra o los vínculos laborales precarizados, y también a los beneficiarios de programas y planes nacionales y provinciales de inclusión social”.
Por su parte, el diputado Juan José Bergia, señaló que “es llamativa esta solicitud, y creo que si bien puede haber, como mencionaron, provincias que pueden pagar mil, otras dos mil, este es un proyecto que si bien habla de hacer un esfuerzo también genera expectativa y tiene la intención de generar un caos, para nada querido por los chaqueños especialmente considerando lo que hemos vivido el año pasado”. Agregó que “decir tres mil pesos y no decir de dónde salen, y seguir tirando esa cuerda generosa en la cual vivimos todos, es generar expectativas que no se pueden cumplir por parte del gobierno y eso no lo vamos a acompañar”.
El diputado Luis Verdún acompañó lo planteado por Peche y Martínez, y observó que “estamos tratando un tema importante, un tema sensible para cierto sector de la sociedad, respeto la opinión de todos los legisladores, pero bajo ningún aspecto con esta iniciativa pretendemos generar un caos para la provincia, en todo caso lo que buscamos como objetivo es apaciguar los ánimos sobre la base de amortiguar el bolsillo de la gente”. Sostuvo “los números hablan, les han otorgado un aumento cerrado con techo, hay una pérdida del poder adquisitivo”.
Ricardo Sánchezfundó el despacho de permanencia en cartera, en el entendimiento de que “no tenemos partida presupuestaria para una medida de esta naturaleza teniendo en cuenta que contando 64 mil empleados activos más 17 mil pasivos, y considerando los montos propuestos estamos hablando de más de 333 millones de pesos sin contar si una decisión de esta naturaleza podría extenderse a programas precarizados o a desocupados, con estos fundamentos nuestra moción es la de vuelta a comisión”.
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