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SE APROBÓ LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL
PARA EMPLEADOS LEGISLATIVOS
A partir de una iniciativa del Presidente de la Cámara de Diputados Dr. Darío Bacileff Ivanoff, la Legislatura sancionó la Ley 7545 a través de la cual se otorga una recomposición salarial a los empleados legislativos, en esta primera etapa del 12%, a partir del 1 de marzo de 2015. La iniciativa se enmarca en lo acordado oportunamente con el gremio legislativo mayoritario Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos (AGUEL) en el marco de la política de recomposición salarial del 28% en tres etapas anunciada por el Gobierno Provincial para este año.
El titular del Parlamento chaqueño había adelantado que “tal lo acordado en paritarias con el gremio avanzamos con esta primera etapa de recomposición salarial, y continuamos trabajando y dialogando para ir mejorando los salarios de todos los trabajadores de este Poder, y además remarcó que “también estamos encaminados en esta misma línea con otros aspectos laborales que otorgarán una mejor calidad de vida al trabajador legislativo”.
La norma modifica a partir del 1 de marzo de 2015 el Anexo I del artículo 1º de la ley 2898 y sus modificatorias, y autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes conforme con las modificaciones dispuestas por los artículos 1º y 2º de la presente ley.
En tanto, prevé que la erogación que demande la aplicación de la presente se imputará a la Jurisdicción 01: Poder Legislativo y 31: Fondo Especial para Retiros Voluntarios, según corresponda y de acuerdo con la naturaleza del gasto.
RECHAZAN VETO DE LA LEY QUE AUTORIZA A CELEBRAR CONTRATOS
EN EL MARCO DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ
La Legislatura aprobó la resolución que insiste en la sanción original de la Ley 7501 por la que se faculta al Poder Ejecutivo, con carácter de excepción al artículo 4º de la ley 6655, y a través del Ministerio de Desarrollo Social, a celebrar contrato de locación de servicios por el término de un año y de acuerdo a las reales necesidades institucionales de servicio, con profesionales cuyas especialidades se encuentran descriptas en el artículo 12 de la ley 7162 - Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, para prestar servicio en la Región Metropolitana y en cada una de las siete Delegaciones Regionales.
La diputada Beatriz Bogado, autora de la norma, manifestó “me parece necesario dar una pequeña reseña del significado de esta ley sancionada por unanimidad del cuerpo, digo esto porque estas leyes desde diciembre de 2012, han significado un cambio de paradigma como lo hemos hablado cada vez que tratamos leyes referidas al tema de la infancia”.
“La ley 7162, aprobada por unanimidad, resolvió un profundo cambio de paradigma en el tema de infancia, en la que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser menores para ser sujetos plenos de derechos motivo por el cual la ley es conocida como de protección integral de niños, niñas y adolescentes de la provincia” explicó, “esto implicó que el Ejecutivo asuma una enorme responsabilidad y profundos cambios en materia institucional y administrativa, en la Cámara de Diputados la infancia fue motivo para que los legisladores más allá de los partidos tengamos una mirada común”.
“Desde entonces –recordó- hubieron otras leyes que adecuaron otras cuestiones normativas, derogación de los centros del menor, ley de procedimiento en materia de adopciones, cuestiones que cada vez que las tratamos fueron aprobadas por unanimidad. En ese camino en noviembre de 2014 se trató en esta legislatura y se aprobó la ley 7501 que pretendía resolver una cuestión sencilla, la ley de pase a planta había prohibido la nueva contratación de servicios, y había que resolver algunas cuestiones administrativas, y a partir de esa ley se autoriza al Ejecutivo para instrumentar este tipo de convenios para conformar los equipos interdisciplinarios previstos en el artículo 12 de la ley”.
Explicó que “esta ley fue vetada de manera total, pero con posterioridad al ingreso de ese veto se conformó la Mesa Interpoderes preparatoria del Consejo Provincial de la Niñez, para lo que esta Cámara había designado a Mariana Salom y a quien les habla como representantes, en la primera reunión de esta Mesa Interpoderes se sentaron las bases del compromiso de todos los poderes de ir avanzando en este sistema de protección, se firma un acta compromiso entre cuyos puntos figuraban dos cuestiones: la designación de las delegaciones regionales -artículo 10 de la ley de pase a planta- y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 12 se respalda la puesta en vigencia de la ley 7501 sancionada el 19 de noviembre”.
“De este acta compromiso firmada por los tres Poderes del Estado ha tomado conocimiento el Gobernador y a partir de esta decisión estamos tratando este Expediente con el criterio de rechazar el veto y ratificar la ley 7501” concluyó.
En adhesión a la Ley Nacional 27.023
ESTABLECEN OBLIGATORIEDAD DE INSCRIBIR LA LEYENDA “LAS
ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS” EN TRANSPORTES PÚBLICOS
La Cámara de Diputados sancionó la Ley 7546 autoría de la diputada Mirta Morel por la que adhiere la Provincia del Chaco a la ley nacional 27.023 que establece la obligatoriedad de que en todos los medios de transporte público de pasajeros se disponga en sus unidades de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda: "Las Islas Malvinas son Argentinas".
La diputada Viviana Damilano Grivarello, titular de la Comisión de Industria, destacó “la votación por unanimidad de este proyecto que viene a adherir a la ley nacional 27023, que tiene el objetivo de afianzar el sentimiento de pertenencia hacia nuestras Islas Malvinas, nadie puede desconocer la importancia que tiene la comunicación visual en la cartelería sobre todo en los medios de transporte públicos, ómnibus, subtes, aviones, para que no solamente los conciudadanos sino también quienes nos visiten del extranjero, puedan entender que las Malvinas son argentinas”.
Observó que “el Gobierno se propone recuperar las Islas de manera pacífica, de conformidad con los principios del derecho constitucional y teniendo en cuenta los intereses de sus habitantes; a pesar de la voluntad de diálogo del Gobierno Argentino, el Reino Unido ignora el llamado de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones y agrava la situación mediante la realización de actividades unilaterales que incluyen la explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Todo lo que podamos hacer desde cada una de las provincias para contribuir a tomar conciencia es de suma importancia, felicito a la diputada Morel autora del proyecto”.
PREFERENCIA PARA DOS SESIONES PARA LA
RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO GARRÉ
El diputado Carlos Martínez mocionó en la Sesión Ordinaria del miércoles, el tratamiento del Proyecto de Ley 1692/13 de su autoría, por el que se pretende aprobar el Protocolo denominado "Criterios Mínimos Sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas", elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ratificado por Decreto Provincial Nº 989/12.
El legislador explicó que “pretendemos racionalizar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, en relación al conflicto social” y sostuvo que “la represión es la derrota de la democracia, el diálogo y la resolución de los conflictos son un avance en los procesos de democratización”.
“Es importante –sostuvo- que podamos establecer en el día de hoy y por ley el criterio racional que nos permita desde el Estado entender que esa tensión entre las demandas de la sociedad de cumplimiento de sus derechos sociales, civiles, políticos, nunca tiene que ser respondida desde el Estado con el uso de la violencia, sino en el marco de lo que establece nuestra Constitución que es el derecho de todo ciudadano de peticionar ante las autoridades y obtener de estas una respuesta”.
El diputado Néstor Sotelo, compartió “lo vertido por Martínez en relación con todo lo que tenga que ver con las manifestaciones públicas y con todas las garantías necesarias. No obstante –sostuvo- se ha trabajado un temario en materia de derechos humanos hace un par de días con el Gobernador Jorge Milton Capitanich y distintas organizaciones de derechos humanos de la provincia, entendiendo que el protocolo Garré es una necesidad y una base importante en la ampliación de derechos, las organizaciones planteaban que se iba a hacer un trabajo global y hacer un protocolo que contemple las situaciones, por ejemplo, de las requisas en comisaría y penitenciaría”.
“Por esto –solicitó- vamos a pedir que vuelva este proyecto a comisión con preferencia dos sesiones donde nos comprometemos para sacar una herramienta de ampliación de derechos con fuerza de ley para todos los ciudadanos del Chaco”.
Daniel Trabalón se refirió a la postura del Frente Grande sobre este tema, “el mayor desafío de la democracia es no reproducir y seguir las políticas del terrorismo de estado y hay cuestiones que tenemos que trabajar mucho y modificar y repensar, y uno de los temas centrales que afecta a nuestra democracia tiene que ver con el manejo de los conflictos sociales”. En ese sentido, destacó que “el protocolo Garré es una iniciativa muy importante de nuestro Gobierno Nacional producto de la decisión política y marca un camino democrático, este debe ser el piso de abordaje de los conflictos, acompañamos el despacho en su momento, vamos a votar esta ley, y ojala que esto que definamos como política se mantenga y continúe más allá de los gobiernos de turno”.
Raúl Acosta acompañó lo expresado por Trabalón y sostuvo que “la democracia no solo es soberanía política, esto hace a la política que lleva adelante el gobierno nacional, el respeto por los derechos humanos y resolver los conflictos por el diálogo y no con represión, tortura y muerte como en otros años, vamos a acompañar la aprobación de este proyecto”.
El diputado Orlando Charole, en tanto compartió la postura y la moción de Sotelo, “necesitamos un tiempo más prudencial, me voy a dedicar a estudiarlo más detenidamente” manifestó y destacó “no ignoramos la importancia y trascendencia de este tema, necesitamos que las fuerzas de seguridad tengan otro comportamiento en un estado democrático, es una tarea de todas las organizaciones de DDHH para enriquecer una ley que pueda servir”.
Luego de la votación, el proyecto quedó en cartera con preferencia para dos sesiones con 18 votos contra 8 para su aprobación.
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