06/05/2015

SESIÓN ORDINARIA N 10 ( SEGUNDA PARTE)

SE SANCIONÓ LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Con 24 votos en general de diputados de distintos bloques, y los votos en particular de los bloques del PJ y NEPar se sancionó la Ley 7573 de autoría del Poder Ejecutivo por el cual adhiere la Provincia del Chaco a la ley nacional Nº 26.052, de estupefacientes.

En tanto, los diputados Luis Verdún, Ana María Canata, Elba Altamiranda, y Carlos Martínez mocionaron el mantenimiento en cartera.

El diputado justicialista Martín Nievas, Presidente de la Comisión de Legislación General, fundamentó el despacho suscripto por los legisladores del oficialismo, con base al proyecto 576/10 y agregados  497/11 y 1156/15 que tiene que ver con la adhesión de la provincia del Chaco a la ley nacional 23.737 mas conocida como Ley de Estupefacientes y que pretende la transferencia de competencias en determinados delitos a las provincia.

“Antes de entrar en el análisis de esta ley –manifestó Nievas- quiero transmitirles la declaración puntual de la Junta Federal de Cortes afirmando que existe según ellos  coincidencia entre las distintas autoridades nacionales como provinciales de accionar debidamente contra el narcotráfico y vemos, decían ellos,  instaladas en la sociedad esta honda preocupación por la extensión y consecuencias en la vida cotidiana de este flagelo”.

Citó también a Ricardo Lorenzetti, quien al iniciar el año judicial el año pasado decía: “por eso creemos nosotros en las políticas de Estado y exhortamos a los jueces,  principalmente aquellos que están en regiones donde esta cuestión es mas acuciante, que cooperen con los otros poderes del Estado para  que tengamos una acción efectiva, a los otros poderes de Estado le decimos que esta agenda del narcotráfico debe ser prioritaria, tenemos que ponernos de acuerdo en como actuamos todos para hacer efectiva esa lucha”.

En cuanto a lo que implica la adhesión, Nievas explicó que “esta ley estableció en el artículo 34 que los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén en el artículo 5. Es decir, adherirnos a esta ley va a significar que la provincia asuma para sí la investigación, el juzgamiento y la represión de determinados delitos”.

Este artículo 34 dice que va a quedar englobado bajo la justicia provincial el delito previsto en el artículo 5º inciso c) - Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte- y e) -entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso-; cuando se comercie, entregue suministre o facilite estupefaciente fraccionado en dosis destinadas  al consumidor.

El legislador destacó que “es importante contar lo que dice el artículo 5 porque si usted comete este delito será reprimido con reclusión, con prisión de 4 a 15 años, por lo que es el único delito que puede merecer una pena mas allá de una eventual condena condicional. Y engloba por artículo 5 ‘cuando la cantidad que siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes o materia prima o elementos destinados a su producción o fabricación  y cuando la cantidad sembrada o cultivada sea escasa y para consumo personal. Luego establece como competencia el artículo 5 ultimo párrafo, ‘cuando la entrega, el suministro o la facilitación de estupefacientes fuere ocasional y gratuita y en consecuencia la pena va a ir de seis meses a tres años’.

“Esto es, en definitiva –explicó Nievas- lo que va a ocurrir si la provincia del Chaco se adhiere a esta ley nacional, en los distintos diálogos con los sectores surgieron algunos inconvenientes y nos vamos a detener en uno de ellos que es la cuestión presupuestaria. La propia ley establece que si uno se adhiere en forma proporcional al resto de las provincias se van a destinar los fondos, en cuanto a fuerza de seguridad, al sistema carcelario,  al esquema de justicia”.

Respecto a esto último manifestó que “de acuerdo a los informes que tenemos del Poder Judicial estamos hablando de un  impacto de 14 millones de pesos para poner en funcionamiento este fuero,  más de uno señala experiencias de provincias que se adhirieron como Buenos Aires, Córdoba, Salta, la no regularidad en el envío de los fondos para el combate contra este flagelo, entonces el Poder Ejecutivo asume para sí esta critica y establece que realizará una readecuación presupuestaria de su propio presupuesto para atender esta problemática”.

“La otra crítica que se le hacía al proyecto original –continuó- es que íbamos a llenar de trabajo a la Justicia provincial en desmedro de la justicia federal y que esa estructura va a ser insuficiente, en consecuencia en la nueva ley se crea un fuero especifico, una fiscalía de investigación contra el narcotráfico, en principio con un juez de garantía, dos fiscales, un defensor creado exclusivamente, dándole la competencia para que no se encarguen de otra cosa que no sea de esta”.

El legislador detalló que “en la ciudad de Resistencia hay 45 mil denuncias por año, atendidas por quince fiscales, y acá de acuerdo a algún informe de los juzgados federales hay mil causas por año, 85 por ciento de ellas que tienen que ver con narcotráfico, estamos hablando de la suficiencia de dos fiscalías para atender un problema que hoy no excede de los mil y que probablemente tenga un crecimiento importante una vez que la provincia se haga cargo de este fuero,  no sería insuficiente este esquema que por esta ley se crea y al mismo tiempo se crean cargos para defensor, ayudantes para fiscales -porque deberán actuar los  juzgados de garantías-, los jueces correccionales que ya están establecidos dentro del sistema penal del Chaco, lo único que se hace es fortalecer este esquema de persecución penal”.

Luego, abordó “lo que significa la complementariedad entre el Poder Judicial de la provincia y la justicia federal, tratamos de instar el dictado de un protocolo de actuación porque puede darse la siguiente situación: la ley solo pena cuando existe la comercialización, se facilite, suministre, entregue estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumidor, la pregunta es si ante la actuación de la policía, ante la intervención de un fiscal de investigación, qué ocurre -si de pronto no está establecido en dosis directamente para el consumidor- si no se le diera información de la actuación y de la investigación que lleva adelante para que intervenga la justicia federal”. En ese sentido, destacó que se agrega “al proyecto original la necesidad de un protocolo de actuación entre lo que es la justicia federal y la justicia provincial”.

Además, observó que “hay una gran preocupación por el margen de competencia de los fiscales, qué hacemos con eventuales secuestros, para empezar dos cosas: si se aplicaran multas, si hubiere algún beneficio económico derivado de esto, si hubiere bienes decomisados, el producido de esa venta va a ser destinado a sostener estas casas terapéuticas o cualquier otro esquema de rehabilitación; pero también la destrucción eventual de esto debe establecerse en una especie de complementariedad entre el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y los jueces que tengan que intervenir pero dotándolo de transparencia y control jurisdiccional”.

“De eso se trata esta ley –concluyó- de que tengamos una herramienta para los delitos pero sin duda alguna lleva la necesidad de que el Estado Provincial se haga cargo de este flagelo y de este problema que engloba a toda la sociedad de la provincia del Chaco; por ello solicitamos la aprobación del proyecto”.

El debate en el Recinto

El diputado Carlos Martínez, recordó que “no tiene un despacho unánime como hubiéramos deseado esta iniciativa del Poder Ejecutivo de adhesión a la ley nacional, hay una frase muy trillada que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, o a veces, los medios perturban o neutralizan los mismos fines que se pretende cuando uno emplea una acción” y puntualizó “lo que veo con esta iniciativa, no recuerdo opiniones tan negativa sobre un proyecto del ejecutivo como este, negativas no en los fines sino negativas en  cuanto a los medios, el método, la propuesta, es decir, hubo una coincidencia que el combate al narcotráfico una a todos pero la diferencias están en lo que se propone para atacar el mal”.

“En primer lugar, si vamos a crear un fuero empezamos a llamarlo mal, la base de este abordaje no es el narcotráfico, no se pretende un combate al narcotráfico sino al microtráfico, todos estamos de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico, el narcotráfico es una actividad del crimen organizado hoy a escala internacional” e insistió en que “con esta norma vamos a trabajar para punir, penalizar, conductas del microtráfico, el chiquitaje de la actividad de la droga, los perejiles, salvo ese sector ligado a la tenencia para la comercialización, la distribución que tiene pena de 4 a 15 años”.

Agregó “el Poder Ejecutivo dice que se harán las adecuaciones presupuestarias, nosotros vamos a pagar, solventar el combate al microtráfico en todas sus etapas” y cuestionó “qué pasa con los consumidores y adictos, porque hay un proyecto del Ejecutivo de adhesión a la Ley de Salud Mental, que en su artículo 4º dice que las adicciones son una enfermedad que debe ser abordada desde el sistema de salud. Entonces, a mi me preocupa que estamos eligiendo una vía punitiva, y no la vía sanitaria”.

“Hay plata para la pena pero no hay plata para la salud –sostuvo- cuando el año pasado por iniciativa de Nikisch, se pretendió afectar 20 millones de pesos para que funcionen 4 centros de adicciones en el Ministerio de Salud Pública para complementar la atención ambulatoria con la internación no se nos permitió”. Finalmente, solicitó “que entre todos hagamos una convocatoria a una audiencia pública para debatir esta cuestión”.

El diputado radical Luis Verdún señaló “estamos en un tema que es un flagelo muy fuerte en el país y acá lamentablemente se aplica el federalismo porque en todas las provincias de la Argentina tiene incidencia directa o indirecta. En este punto nos ponemos de acuerdo, en que algo hay que hacer, que tenemos que trabajar en esto, y aquellos que nos visitaron también coincidieron en esto, y coincidimos en las intenciones manifiestas del Ejecutivo en este aspecto, pero que dentro del espíritu y de lo medular de ese instrumento es poco o casi nada lo que va a aportar”.

Sin embargo, aseguró “yo desconfío de las buenas intenciones del Ejecutivo provincial en esta problemática y me remito a lo siguiente, el proyecto de ley del Ejecutivo que el oficialismo pretende aprobar no ha sido debatido como debiera ser,  y en esto debe asumir esta responsabilidad el Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas, atento a la importancia y a la consecuencia que conllevaría su aprobación y  por lo que significa un tema que viene reclamando la sociedad, un tema que nos duele”.

“Algunos –agregó- pretenden hacernos creer que esta iniciativa está desde el 2011, pero no ha sido impulsado en el 2012; por qué no damos el debate público ciudadano, si nos llenamos la boca cuando decimos que es importante dar el debate, qué enriquecedor es en democracia dar participación a los ciudadanos, a todos los actores, no debió ser esta la manera de estar actuando en una iniciativa tan importante como esta ¿no es a través de la participación que se logran las verdaderas iniciativas que el pueblo reclamo?”.

El legislador cuestionó “pareciera que estamos atentos con esta iniciativa a lo chico, al chiquitaje, a la mojarrita, mientras seguimos mirando al costado al pez grande ¿creen que si este es el espíritu estamos realmente contestes a lo que nos reclama gran parte de la ciudadanía?”. Recordó que “anoche tuvimos la visita en Labor Parlamentaria del subsecretario de DDHH acompañado por otros asesores, que vinieron a decirnos que esperemos un poco, hoy vino un fiscal a hablar,  y encima tanto anoche como hoy al mediodía el oficialismo les dice que no importa lo que sugieran porque ya tienen decisión tomada”.

Sostuvo que “la decisión es que el consumidor que es un enfermo, que es un adicto, que  tiene que ser tratado con un sistema de salud que no existe en la provincia, no hay que contenerlo en el sistema, hay que llevarlos a la cárcel, superpoblar las comisarías, las penitenciarías para no tratarlos. Los tratamos como simples números, para aumentar los detenidos, y dejar de lado al grande a ese que distribuye, el que se lleva la ilusión y sueños de cientos de familias que no pueden sentarse a la mesa con sus jóvenes y adolescentes, que muchas veces no los ven porque perdieron la vida”.

Por su parte la diputada justicialista Elda Pértile recordó “somos elegidos por el pueblo, somos responsables, y creo que todos tenemos muy buenas intenciones para buscar soluciones a nuestros conciudadanos, y en eso que todos tenemos buenas intenciones, en legislaciones, pensando en el bien de nuestra provincia creo que es importante porque integro la comisión de Legislación General y decir que estas iniciativas no aparecen de hoy para mañana, el Poder Ejecutivo envió y esta es la tercer iniciativa que acerca, en el 2010, 2011 y 2015 por lo que nos hemos tomado el tiempo, reunido desde la Comisión de Legislación General tomamos contacto con la justicia, escuchamos a la asociación de magistrados, algunos comparten, otros hacen sugerencias, recogimos las sugerencias, de manera que esto está reflejando posiciones distintas, sin dudas, pero cuando escucho decir los ´pescados grandes´, la Justicia Federal no es nuestra competencia, no es que no queremos ver, nos abocamos dentro lo que vamos a poder actuar. No hacer nada es lo más grave que podamos hacer porque tenemos nuestro deber de legisladores y debemos actuar, y el que no comparte tiene que votar a conciencia y quienes pensamos distinto tenemos derechos y facultades plenas y libres de ejercer nuestra responsabilidad” definió la legisladora.

El diputado justicialista Ricardo Sánchez, recordó que “este tema de drogas no es nuevo, y recién Pértile hacía mención a la antigüedad que tenían estos proyectos de ley en la Legislatura, hemos recibido algunas notas pidiendo el aplazamiento de poner en discusión esta ley, podemos estar a favor o en contra pero no es cierto que esto se está tratando de manera arrebatada”.

Observó que “este tema de la droga tiene mucha historia, el tema es viejo, pero del porro al paco hay una gran diferencia, y estamos viendo que esto hoy se nos ha metido en nuestras escuelas, en las familias, y mientras tanto tenemos una histórica inversión que hizo Capitanich en recursos policiales afectados al tema de drogas, tal es así la sección de drogas peligrosas que tiene 160 efectivos, es decir que Capitanich dio un paso importante que es dotar a esta parte de nuestra policía provincial con recursos, con logística y  con cantidad de hombres destinados a esta función que es hoy el material con que cuenta la Jueza Niremperger en la lucha contra el narcotráfico, y esto reconocido por los propios jueces federales”.

Destacó que “hablamos de un narcotráfico que va cambiando sus formas, cambiando su forma de actuar en el delito, yo recuerdo que aprobamos un pedido de informes en el año 2007 con el tema famoso de la cuestión de pistas clandestinas, y hoy nos damos cuenta que la pista clandestina no hace en absoluto a la cuestión cuando están bajando por caminos vecinales, y cualquier camino vecinal es una pista en si misma”.

“Y leyendo a la Jueza Federal de Sáenz Peña –citó- nos dice que en los últimos años en realidad esa operación de la avioneta que íbamos a encontrarla con el radar, hoy en realidad el narcotráfico esta operando por tierra y con autos a  través de nuestras rutas. Entonces, yo digo que cuando la policía nos esta indicando que en Sáenz Peña hay cincuenta y pico de puntos de ventas, cuando se saben los puntos de venta en Resistencia, en Villa Ángela, en Charata, la pregunta es ¿buscamos soluciones o buscamos responsables?”.

Recordó que “esta Legislatura tiene un mandato del Preámbulo de la Constitución cuando decimos ‘promover el bienestar general’ y eso implica asumir las responsabilidades que como Poder del  Estado tenemos, y hoy estamos dando muestras de la responsabilidad que como Legislatura debemos asumir en este momento histórico”.

Acotó “no me sorprende la postura del radicalismo porque siempre se han empeñado a buscar responsables y no en buscar soluciones, esta lucha debería ser compartida por todos los sectores políticos, lamentablemente la oposición no lo acompaña a Capitanich en esta lucha, no compartí la posición de la Asociación Pensamiento Penal, con esta excusa se sigue mirando de afuera, tolerando la corrupción policial,  demos este primer paso que seguramente nos obligará a ese segundo paso que la provincia necesita, lamentamos profundamente que una decisión de estas características no tenga el acompañamiento del bloque opositor”.

Beatriz Bogado, por su parte, observó “estamos discutiendo la adhesión a la ley nacional de estupefacientes que tiene claramente en su normativa las cuestiones referidas al narcotráfico y que tiene en todo caso una jurisdicción federal, lo que estamos discutiendo en este punto es simplemente la adhesión a un artículo que permite asumir a la jurisdicción provincial una responsabilidad en esta cuestión, que tiene que ver con el ataque a un flagelo que está atravesando nuestra sociedad en todos sus niveles sociales y que esta provocando serios daños en los niños, en la familia, en los jóvenes, y en ese es el único punto en el que hoy hemos coincidido los diputados que han hablado en este tema”.

“En segundo lugar –señaló- quiero decir que otro de los argumentos es que ha habido numerosas voces de distintas organizaciones, de otras instituciones que se han referido en oposición al proyecto de ley tal como lo había enviado el ejecutivo, y los argumentos decían de que nosotros en uso de la mayoría íbamos a aprobar de apuro esta ley haciendo como que escuchamos pero en realidad en el uso de la mayoría lo íbamos a aprobar sin tener en cuenta las argumentaciones. Lo cierto es que a la simple comparación del proyecto inicial que ingreso a la Cámara firmado por el gobernador de la provincia y el despacho que finalmente surge de parte de la Comisión de Legislación me hace asumir que efectivamente ha habido una apertura tanto del Gobernador como de los diputados que intervienen en esa Comisión para incorporar cuestiones que son superadoras y que tienen que ver con tener el oído puesto en distintas organizaciones que trabajan la temática”.

Agregó “es cierto que necesitamos en la provincia instituciones que trabajen la cuestión del tratamiento de las adicciones, cuestiones que seguramente repercutirán en las alcaidías, en los centros de detención. Ni los diputados oficialistas ni el Gobernador que mandó el proyecto desconocemos esta cuestión, vivimos en la provincia, pero quiero profundizar y volver a ratificar una cuestión que planteo Sánchez, este Gobierno esta acostumbrado a asumir las responsabilidades y abordar la cuestión desde todas las ideas, lo peor que podemos hacer es la inacción”.

El diputado Carim Peche sostuvo que “el debate de este proyecto de ley indudablemente que es enriquecedor y más teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando que es este flagelo de la droga que mata a los hijos y destruye la familia. Recién le decía a otros legisladores mas allá de que este es un proyecto que ingreso en el 2011 lo cierto es que el 22 de abril de 2015 envía el Ejecutivo este nuevo proyecto, estuvimos conversando con la Asociación de Magistrados, con miembros del Superior Tribunal de Justicia y también con el fiscal federal, y mas allá de que todos entendemos que hay que hacer algo con este flagelo, la posición nuestra es que queríamos tener una semana mas para votarlo positivamente”.

En ese sentido, señaló que “sé que se hicieron modificaciones al proyecto original pero de lo que uno escucha, por ejemplo en la Comisaría primera hay 37 detenidos por menudeo, en la quinta hay treinta, y uno empieza a analizar el tema de los recursos, que si la nación no transfiere a la provincia el gobierno provincial se hará cargo y hablamos de donde van a  estar alojados, y hablamos de las penas y todavía no sabemos sobre los centros de rehabilitación para las adicciones, quién se va a hacer cargo de esto, dónde van a  funcionar”.

Rubén Guillón, por su parte, aclaró que “la fecha de presentación correcta del proyecto de ley original radica el 30 de marzo de 2010, nos estamos encontrando con una problemática compleja que nos supera, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, que afecta a todos, que nadie esta exento y que tenemos esta posibilidad de hacer algún tipo de aporte para intentar frenar, combatir”.

“Para qué tanto seguir debatiendo –cuestionó- si sabemos el diagnostico, tenemos las ideas, las herramientas, y mientras debatimos seguimos mirando, observando hasta con mirada cómplice, cómo cientos de personas jóvenes y familias son destruidos por este maldito flagelo de las drogas. Hasta ahora no escuche propuestas más que pedir tiempo para debatir, lo mismo hicieron con el proyecto para la compra de ambulancias”.

Agregó “coincidimos en que la persona que consume es un enfermo, lamentablemente nuestro sistema penal que escapa a nuestra competencia provincial lo describe como un delincuente, una persona que comete delito. Y en esto tenemos que empezar a pensar en primer lugar en la prevención, es la primer tarea para evitar estas discusiones, la mejor prevención se logra a través de la posibilidad de sostener y fortalecer las familias sólidas, fuertes, firmes en sus convicciones, en la educación de nuestros hijos”.

“Es bueno que se lea el despacho –apuntó- allí se está planteando la necesidad de estructuras de alojamiento conformes a la situación de personas enfermas y que estos lugares posibiliten la rehabilitación adecuada humana a esta persona.  No es cierto cuando se esgrime que queremos sancionar o reprimir a los pequeños consumidores, porque acá esta previsto cuando caen la posibilidad de ser rehabilitado”.

El texto completo de la norma

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°: Adhiérase la Provincia del Chaco a la ley nacional 23.737, conforme lo dispuesto por el artículo 34, en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional  26.052.

Artículo 2°: El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la ley nacional 26.052.

                     Sin perjuicio de ello el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3: Crease el Fuero contra el Narcotráfico, el que estará integrado por un Juzgado de Garantía en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y un Defensor Oficial con competencia en los delitos previstos por el artículo 34 de la ley nacional 23.737, cuyas estructuras serán determinadas respectivamente por el Superior Tribunal de Justicia y por la Procuración Fiscal. Los Fiscales y el Defensor ejercerán sus funciones en forma alternativa en cualquier Circunscripción Judicial, conforme criterios de oportunidad y conveniencia. Asimismo deberá disponerse la creación de Ayudantes Fiscales con afectación específica en las demás Circunscripciones Judiciales.

Artículo 4: Los Juzgados de Garantías ya existentes en las Circunscripciones II – III – IV – V y VI, tendrán competencia en los términos de la presente.

Artículo 5: Los Tribunales de Juzgamiento serán los Juzgados Correccionales o Cámaras del Crimen actuales que en razón de la competencia territorial y entidad del delito correspondiere.

Artículo 6: Establécese como prioritaria la aplicación del procedimiento de flagrancia previsto en los Artículos 436 Bis, Ter y Quater de la ley 4583 y sus modificatorias- Código de Procedimiento Penal de la Provincia.

Artículo 7: Sin perjuicio de las partidas presupuestarias asignadas, las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y el producto de su venta, serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.

Artículo 8: Dispónese en los términos y condiciones que fije la reglamentación, la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del Chaco a fin de ejecutar las acciones que fueren pertinentes para impedir el ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la Provincia del Chaco. A estos fines se autoriza al Poder Ejecutivo la adquisición inmediata y en forma directa de los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester, como asimismo la determinación del lugar de alojamiento para detenidos o procesados hasta tanto se cuente con la infraestructura adecuada.

Artículo 9: “El Consejo de Seguridad Provincial convocará a funcionarios y magistrados de la Justicia Provincial y Nacional, a fin de colaborar en establecer los mecanismos de trabajo en conjunto en función de lo normado por el Artículo 17 segundo párrafo de la Ley 6976 de Seguridad Pública Provincial, debiendo propiciar convenios o protocolos que permitan compartir información, datos y cualquier otro elemento que resulte eficaz en la lucha contra el narcotráfico, evitando que la investigación en delitos atribuidos a la competencia Provincial, interrumpa o entorpezca la línea de investigación en delitos de mayor complejidad a cargo de la Justicia Federal, en virtud de lo normado por el Artículo 3 de la Ley Nacional 26.052”.

Artículo 10: “Inmediatamente de conocido un hecho que pudiere encuadrar o ser de competencia federal, deberá comunicarse inmediatamente a las autoridades respectivas de la Justicia Federal a fin que tome la intervención correspondiente.

Sin perjuicio de ello, la Justicia Provincial podrá realizar todas las medidas urgentes y necesarias, individualizar a los autores  y participes, reuniendo y conservando las pruebas útiles”.

Artículo 11: La destrucción de los estupefacientes y demás elementos a los que se refiere el Artículo 30 de la Ley Nacional 23.737, será realizada a través del procedimiento que fije el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General de la Provincia, de acuerdo con principios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional.

Artículo 12: Establécese que las causas en trámite alcanzada por la presente ley, continuarán su tramitación por ante el fuero en el que se estuvieren sustanciando.

Artículo 13: El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se financiará la implementación de Instituciones para desarrollar el cumplimiento de las medidas de seguridad curativas previstas en los Artículos 16 y siguientes de la Ley 23.737.

Artículo 14: Esta ley entrará en vigencia a los sesenta días de su promulgación, quedando el Poder Ejecutivo facultado a prorrogar dicho plazo en razón de circunstancias no previstas al momento de la sanción de la presente ley.

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