01/07/2015

SESIÓN ORDINARIA Nº17 (I PARTE)

LA OPOSICIÓN PLANTEÓ CUESTIÓN DE PRIVILEGIO CONTRA EL GOBERNADOR CAPITANICH Previo al inicio de la Sesión Ordinaria el diputado Carlos Martínez planteó “una cuestión de privilegio para el Gobernador en los términos del artículo 104 de la Constitución, de la Ley 3113 y del artículo 99 apartado 2 del Reglamento Interno, esta cuestión de privilegio es motivada por sus recientes y reiteradas expresiones calumniosas e injuriantes vertidas contra los legisladores de esta Cámara, y por ser esas expresiones vertidas de características injuriantes, atentatorias y ofensivas a la dignidad del Cuerpo y a la honra y honor de sus integrantes” manifestó.

El legislador especificó que la presentación refiere a declaraciones publicadas “el día 16 de junio de este año, según consta en el portal chacoprensa.net que es el organismo oficial del Chaco y en portales digitales y medios de comunicación  gráficos y radiales donde fueron reproducidas las expresiones”. A continuación el diputado leyó lo que calificó como “uno de los párrafos mas graves en la historia institucional del Chaco que dice que ‘destaco esto por las operaciones de prensa que hacen los grupos de narcotraficantes’ y a continuación agrega que ‘lamentó que mucho de los diputados de la oposición y algunos periodistas sean voceros de esos grupos narcotraficantes pretendiendo ensuciar a quienes los combaten’”.

Martínez agregó que “esto se repitió el 28 de junio donde el gobernador se expresa en el mismo sentido e imputa a legisladores y periodistas sin identificarlos, a los que califica a todos como voceros del narcotráfico, y esto es grave porque el narcotráfico es una actividad criminal, que en gran escala presupone la conjunción de grandes bandas transnacionales dedicadas no solo a la exportación de un producto ilegal sino a cometer delitos en ocasión o con motivo de esa actividad ilegal”.

Destacó “existe la dignidad de esta Legislatura, no se puede decir de esta forma irresponsablemente  que en este lugar que es la representación del pueblo habitan los voceros del narcotráfico, no se puede decir sin pruebas” y sostuvo “nosotros debemos defender la dignidad de este cuerpo no podemos permitir que la política se devalúe hasta un piso tan ínfimo que pueda venir un representante votado por el pueblo de la provincia del Chaco con el cargo de Gobernador a expresar que este lugar contiene en su seno voceros del narcotráfico porque eso atenta contra la dignidad y la independencia de este poder y contra la libertad de opinión”.

El diputado Martín Nievas respondió al planteo de Martínez y aseguró que “es lamentable el divorcio que tiene con los libros en esta serie de calumnias, diatribas, contra el primer magistrado de esta provincia, un claro desprestigio de lo que es su trayectoria en esta Cámara”. Explicó que “el objeto al cual hace referencia en el artículo 104 de la Constitución, el único objeto que tiene y me permito leer: ‘tiene jurisdicción para reprimir con 30 días de arresto’, es todo lo que se le permite a los diputados si se sienten ofendidos”.

Observó que entonces una cuestión de privilegio significaría “prisión al Gobernador, y cómo hacemos para meterlo preso, ahí tenemos el primer problema, esto requiere un juicio político que a diferencia de lo que plantea Martínez solo tiene por finalidad la destitución de la persona que ejerce el cargo”. El segundo problema, señaló, “es que lo queremos meter preso porque opinó, acá tiene que entender la función del propio Gobernador que está autorizado a expresar de pronto con razón o sin razón o hasta sin pensarlo, el artículo 140 de la Constitución cuando se refiere al Gobernador y al Vicegobernador dice que tienen las mismas inmunidades que los legisladores, y el artículo 102 dice los diputados son inviolables por las expresiones vertidas”.

Y concluyó “o estamos ante la ignorancia del diputado, o de lo contrario se hace el zonzo con el solo propósito de endilgarle una supuesta responsabilidad al Gobernador que termina por afectarlo,
es grave por donde se lo mire, no voy a ser parte de venir así tan groseramente a violar la Constitución con un proyecto que no tiene sentido”.

Irene Dumraufmanifestó “la verdad es que este es un tema que comparto con Martínez, en el sentido de que se han violado de alguna manera los fueros de los legisladores y se ha atacado la honra y el honor de cada uno de nosotros, entiendo lo que dice Nievas en relación al artículo 140 sobre la inmunidad, y también lo referido al artículo 102 cuando dice que los diputados son inviolables con relación a la opiniones, pero lo cierto es que en este caso estamos hablando de la honra de un Poder del Estado que viene siendo avasallado sistemáticamente por acciones del Poder Ejecutivo en distintas circunstancias”.

Agregó que “lo que no puede negar Nievas es que la legislación vigente tanto en la provincia como en la nación establece la obligación de denunciar los delitos que lleguen a conocimiento de los ciudadanos. Siendo Capitanich el Gobernador de la provincia y habiendo tomado supuestamente conocimiento de que los legisladores de la oposición somos voceros del narcotráfico, él debería hacer las denuncias correspondientes” y sostuvo “no es bueno para el sistema de gobierno poner un manto de duda sobre los legisladores, y debería dar pruebas para que la sociedad pueda castigar e iniciar acciones legales contra esta persona que atenta contra la vida de nuestros hijos”.

Carim Pechese refirió a la alocución del Gobernador en el día de ayer en la Legislatura y manifestó “en prime lugar valorábamos la calidad institucional de la visita del Gobernador y decíamos que sería bueno que a partir del diez de diciembre se haga esto como costumbre, pero el martes cuando terminó la sesión sentí una sensación amarga porque todo este gesto histórico se lo malogró”.

Aseguró “nuestra idea como bloque era esta: primero queríamos saludarlo y darle la bienvenida, y después preguntarle por esos dichos que había manifestado, que a lo mejor él nos decía que era un exabrupto y pedía disculpas y se terminaba la cosa. Nada de esto ocurrió y parto de la base de lo que dice Nievas, entonces quiere decir que todos tenemos derecho a decir cualquier cosa porque tenemos inmunidades y no es así”.

Aseguró “los legisladores somos gente honesta, tenemos nuestra honra y en nombre de inmunidades no podemos decir lo que se nos ocurra, si hubiésemos tenido la posibilidad de hacerle dos o tres preguntas el las iba a poder sortear correctamente ya que siempre hacía informes en el ámbito nacional” y agregó, “hoy enviamos una carta documento que no sé en qué va a quedar porque las acciones civiles sé que las vamos a ganar, agravios e injurias hay muchos pero hay dos que más tocan al ser humano que es cuando se le dice narcotraficante y corrupto”. 

Ricardo Sánchezse refirió a lo dicho por el diputado Peche “en cuanto a la imposibilidad de poder hacer uso de la palabra ayer en la sesión, debo recordar que por lo inédito de la sesión no estaba contemplado en el reglamento interno el mecanismo y por eso presentamos un proyecto donde establecíamos los parámetros de la sesión, y acordamos la posibilidad de realizar cuantas preguntas sean posibles por parte de la oposición, que debían darse por escrito y respondidas de manera inmediata por el Gobernador”.

Ratificó “que si no hubo una pregunta es porque no la quisieron o no la supieron hacer, y uno lamenta que el paisaje permanente de la oposición sea una foto en una conferencia de prensa diciendo barbaridades del Gobernador, en vez de preguntarle sobre distintas cuestiones, se perdieron una oportunidad que nosotros cuando fuimos opositores no la tuvimos. Creemos que hemos hecho lo correcto le teníamos que dar la formalidad parlamentaria a un hecho inédito que es que el gobernador haga una exposición de su gestión”.

Agregó “simplemente remarcar respecto de este tema de ser voceros de los narcos al que hicieran referencia los legisladores, yo creo que no caben las disculpas, son distintos puntos de vista creo que no debemos tomar una expresión de fuerte contenido político en lo literal. Lo que Capitanich plantea es que todo el esfuerzo de cuadruplicar los efectivos de drogas peligrosas, de llevar adelante la política de adhesión a la ley nacional de estupefacientes, si eso no es valorado se está haciendo el juego al narcotráfico”.

Mirta Morelsostuvo “Peche hablaba de recuperar la jerarquía institucional de este parlamento y estamos dando muestra de una tremenda mediocridad, contradicciones permanentes, es cierto que ayer la sesión marcó un antes y un después en el desarrollo de las sesiones de este Parlamento porque por primera vez un Gobernador asiste a dar un informe respecto de su gestión en términos de ejecución presupuestaria”. Observó “se le pide al Gobernador que traiga un informe por escrito con anterioridad, y resulta que nos resistimos a formular preguntas por escrito porque ‘quién es el Gobernador para exigir por escrito’”.

Luis Verdunmanifestó “quiero decir algo que tiene que ver con la institucionalidad de la Cámara, esto contribuye muy poco a lo que la ciudadanía espera de nosotros, habíamos asumido el compromiso de no entrar en descalificaciones pero nada esto hizo el presidente del bloque oficialista y fue muy agresivo en sus expresiones y él desencadeno todo esto”.

“Nosotros esperábamos la presencia del Gobernador –señaló- todos votamos porque consideramos que era muy importante su presencia, me extrañó que ayer el Gobernador no haya permitido dar la palabra aunque más no sea a un legislador de nuestro interbloque para que haga dos o tres preguntas. La sesión fue una sesión lamentable nada productiva para los ciudadanos de la provincia del Chaco que esperaban del Gobernador saber como van a mejorar la gestión en algunos aspectos políticos en los que la sociedad está esperando respuestas”.

Aseguró “tengo esperanza y confianza de que el Gobernador se va a rectificar, el oficialismo se olvida que el Gobernador en tres oportunidades dejó de lado cuestiones que ustedes aprobaron como el voto electrónico o las fechas de las PASO”.

La diputada Elda Pértile manifestó “parece que no quedo claro cuando discutimos el tema de que el Gobernador venga, y habíamos dicho que no era una interpelación, ha sido puntual en los temas que él dijo que iba a hablar así que no era una sorpresa y el Presidente hizo saber que se podía hacer preguntas por escrito. Acá se confundió con que se iban a hacer preguntas libres y que íbamos a hacer una tribuna de interpelación, tenemos que tener una mirada mas bien positiva porque el Gobernador quería rendir cuenta del patrimonio neto del Estado  y la evolución del mismo durante su gestión”.

Luego del debate el Presidente de la Legislatura, Dr. Darío Bacileff Ivanoff informó que tal y como lo establece la normativa pertinente se constituyó el expediente 216/15 correspondiente a la cuestión de privilegio planteada por el diputado Martínez, que pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

 ADHIERE LA PROVINCIA DEL CHACO A LA LEY DE SALUD MENTAL

Mediante la Ley 7622 impulsada por la diputada justicialista Nancy Mariel Gersel con agregados autoría de Viviana Damilano Grivarello, Raúl Acosta, Daniel Trabalón y el Poder Ejecutivo; se adhiere la Provincia del Chaco a la Ley Nacional 26657 “Derecho a la Protección de la Salud Mental” y se establecen disposiciones que pasarán a regir en la provincia a partir de la promulgación de la norma.

La diputada Nancy Mariel Gersel agradeció “a la Comisión Interministerial que el dio letra a este proyecto de Ley, conformada por los tres poderes mas la sociedad civil, los cuales se vienen dando cita hace ya dos años trabajando en cada uno de estos artículos para que hoy tengamos la posibilidad de darle luz a este proyecto”. Destacó que “la ley que impulsamos marca un cambio en este paradigma considerando a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos todos ellos vinculados a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, partiendo de la presunción de la capacidad que tienen todas las personas”. 

Agregó “la legislación a la cual vamos adherir  establece que los servicios y efectores de la salud pública y privada deberán adecuarse a los principios establecidos en esta norma  bajo la tutela del Ministerio de Salud. También se crea el órgano de revisión a los fines de garantizar la protección de los derechos humanos de los usuarios del servicio de salud mental, por ello buscamos en la provincia implementar la ley para velar por la integridad y la protección de las personas con padecimientos mentales y consideramos necesario crear un  órgano de revisión interdisciplinario que ejerza la función operativa y de monitoreo, todo esto en función de los lineamientos de la ley nacional”.

Carlos Martínezadelantó su acompañamiento a la norma y manifestó “es apropiada la cuestión del cambio de paradigma y quiero referirme al tema que he trabajado con mucho compromiso en los últimos años, que tiene que ver con la problemática de las adicciones” y destacó que la ley nacional caracteriza las adicciones “como un tema de patología, saliendo de la estigmatización penal y yo diría más allá de una estigmatización sociológica respecto a los adictos”.

Explicó que “en el 2008 se hizo una encuesta en los hospitales cabeceras de las provincias y en esa encuesta que se hizo durante una semana se llegó a la conclusión de que los servicios de emergencia atendían un veinte por ciento de casos relacionados con consumo indebido de sustancias; dos de cada diez personas iban a la guardia por el tema de adicciones”. Sostuvo que “al paradigma nuevo hay que ayudarlo con compromiso por parte del gobierno provincial de destinar las partidas presupuestarias para hacer que los trabajadores, los profesionales que trabajan hoy en el sistema de salud puedan llevar adelante con elementos y cumplir los objetivos que se plantean en esta norma”.

Ricardo Sánchezdestacó que la norma “viene a ponernos a tono con lo que Nación viene implementando a través de la ley nacional, desde el bloque queremos felicitar el trabajo de la diputada Gersel, coordinando con otros actores dentro de esa comisión interministerial que se formó para el tratamiento de esta nueva ley de salud mental, que implica un cambio de paradigma porque venimos del viejo perjuicio que el loco es peligroso y por eso hay que encerrarlo, despojado de derechos, aislado de relaciones familiares, una concepción que convertía estos manicomios en neuropsiquiátricos, en lugares atroces con violaciones de los derechos humanos de estas personas”.

Destacó que el nuevo paradigma “es acorde con mantener las relaciones sociales, ser respetuoso de sus derechos, esto es parte de esta ley que tiene la provincia del Chaco, planteamos un órgano de revisión porque nuevamente el gobierno de Capitanich pone a los derechos humanos como política de Estado, esto lo tenemos que poner en valor porque es producto de nuestra política nacional de cambiar la mirada sobre los parecientes de salud mental”.

Sostuvo “estamos disponiendo de presupuesto para llevar adelante esta nueva mirada sobre la salud mental que no es un tema que lo vamos a cambiar del día a la noche, porque hasta los propios profesionales van a tener que tener un cambio de mentalidad, y va a implicar renovar este desafío dentro de la mirada del plan nacional de salud mental”.

La diputada radical Mariana Salom sostuvo que “esta adhesión a la ley nacional 26.657 es un avance para la provincia del Chaco, esta ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas, y sobre todo cambiar la nueva mirada hacia el tratamiento de estas personas, también las personas con adicciones las cuales deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”.

Se refirió a “la segregación que existía en las instituciones psiquiátricas viola los estándares internacionales de derechos humanos, no se contaba con dispositivos comunitarios en donde las acciones se concentran en la asistencia de al enfermedad instalada, tratamientos inadecuados, no había respeto por las autonomías, se observaban condiciones insalubres, superpoblación, también se hallan documentadas situaciones de abuso”.

“Por eso –afirmó- es que la mirada hacia un sistema de salud mental que tenga que ver con que estas personas estén en contacto con la población, salvo que terapéuticamente así lo requiera el paciente, evitar la medicación cuando no se la requiere terapéuticamente, esta mirada especial es fundamental para crecer en una sociedad donde se incluya a estas personas, donde se entienda que todos podemos pasar por un momento de salud en estas condiciones y el hecho de crear el órgano de revisión es un avance en nuestra provincia ya que va a defender los derechos jurídicos de los pacientes”.

Daniel Trabalóndel Frente Grande expresó acompañamiento al despacho “y en ese marco saludar y felicitar el trabajo del personal que viene trabajando hace varios años en esta temática, compartimos los principios rectores, compartimos esta idea de cambio de paradigma, por supuesto que no es tan simple, no se cambia el paradigma sancionando una ley, pero no podemos hacerlo si no damos una herramienta jurídica”.

Dijo “la ley nacional expresa una visión distinta sobre este tema, esa idea o visión de que aquellas personas con problemas de salud eran incapaces, locos, y por eso se les negaban sus derechos, se ha modificado, y esta nueva visión las convierte en sujeto de derechos, las ve como personas jurídicas” y destacó “esa idea de pensar que se puede abordar desde un equipo interdisciplinario es otro tema central, en el abordaje de esta problemática incorporar a esta visión lo que tiene que ver con las adicciones es también importante”.

Agregó “nos parece importante agregar a eso otra visión, hay que reconocer que hay intereses corporativos en la salud, para algunos sectores es un negocio y esta ley va en contra de esos intereses corporativos que frenaron leyes de estas características”. Planteó también una modificación en particular “establecer al Ministerio de Salud como órgano de aplicación y también algo que proponemos que recoge lo que plantea la ley nacional, establecer un presupuesto para llevar adelante la política en materia de salud, plantear un 10% que se instrumente en forma progresiva en 3 años”.

El texto de la norma sancionada

Además de adherir a la ley nacional 26.657-Ley Nacional de Salud Mental-, la que será tenida por ley en la materia y cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, la Ley sancionada establece otras disposiciones. En primer lugar crea en el ámbito del Ministerio Público, el Órgano de Revisión, con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.

Dicho Órgano debe ser multidisciplinario e intersectorial y estará integrado por representantes del Ministerio Público,  del Ministerio de Salud Pública, de la Secretaría de Derechos Humanos, de asociaciones de usuarios o familiares del sistema de salud, de las asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, de Organizaciones No Gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.

El Órgano de Revisión dictará su reglamento interno de funcionamiento, y establecerá los lineamientos  políticos y estratégicos de su intervención en el marco de los objetivos y  funciones de la ley 26.657-Ley Nacional de Salud Mental- , y en coordinación con los principios del Programa Provincial de Prevención y Asistencia Sanitaria Integral de las Adicciones –Ley 7167-. El Ministerio Público de la Defensa a través de su titular o de quien éste designe deberá ejercer el voto en las reuniones a los efectos de desempatar, cuando resultare necesario.

Las entidades de perfil interdisciplinario y con experiencia de trabajo en la temática de salud mental y de derechos humanos, representativa de las asociaciones y organizaciones mencionadas serán designadas por decisión fundada adoptada entre las jurisdicciones mencionadas a través de un procedimiento  de selección que asegure transparencia. Cada institución deberá designar un representante titular y un representante suplente, para el caso de ausencia del primero.

Todos los integrantes del Órgano de Revisión serán designados por el término de dos años, al cabo del cual deberán elegirse nuevos integrantes y nuevas organizaciones. Podrán ser reelectos por un solo período consecutivo, o nuevamente en el futuro, siempre con el intervalo de un período. El mismo criterio de alternancia se aplica a las personas que represente a las organizaciones, las que además no podrán tener vinculación de dependencia con las jurisdicciones mencionadas.

En caso de renuncia o impedimento de alguna de las entidades designadas para participar del Órgano de Revisión, deberá reeditarse el procedimiento de selección para incorporar a un reemplazante, hasta la culminación del período. La labor de todos los representantes tendrá carácter ad-honorem, sin perjuicio de las retribuciones salariales que cada uno pueda percibir de parte de las organizaciones a las que pertenecen.

El Órgano de Revisión podrá realizar convenios con entidades públicas o privadas, con competencia en la materia, para que brinden asesoramiento técnico a los efectos de coadyuvar a su buen funcionamiento. A los mismos fines, podrá convocar a personalidades destacadas en la materia.

A los fines de dotar al Órgano de Revisión de la operatividad necesaria, para cumplir de un modo más eficaz sus funciones, se encomienda al Ministerio Público la presidencia, representación legal y  coordinación ejecutiva del Órgano Revisor, a través de una Secretaría Ejecutiva.

Para ser titular de la Secretaría Ejecutiva se requiere ser abogado, argentino nativo o naturalizado, tener como mínimo veintisiete años de edad. Se accederá al cargo por concurso abierto de antecedentes y oposición, mediante un examen. Los postulantes serán examinados por quienes conforman el Órgano de Revisión. Será designado por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta del tribunal examinador e integrará el Ministerio Público de la Defensa.

La Secretaría Ejecutiva deberá: Coordinar la reunión de los integrantes del Órgano de Revisión, implementar las estrategias políticas, jurídicas e institucionales, participar con voto de las reuniones, seguir los lineamientos acordados por los integrantes del Órgano de Revisión, canalizar la colaboración necesaria entre los distintos miembros, y  adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento permanente del organismo, rindiendo cuentas de las acciones emprendidas.

La labor permanente de carácter operativo, técnico y administrativo del Órgano de Revisión, se sustentará mediante los Equipos de Apoyo Técnico y  administrativo cuyo personal será provisto por el Poder Judicial de la Provincia e integrará el Ministerio Público de la Defensa, con  la coordinación de la Secretaría Ejecutiva.

En la conformación del equipo de apoyo técnico deberá respetarse el criterio interdisciplinario previsto en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Su coordinación estará a cargo de un profesional especialista en Salud Mental, quien participará con voz y voto de las reuniones plenarias del Órgano de Revisión. El Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Secretaría Ejecutiva y los integrantes del Equipo de Apoyo Técnico accederán a los cargos por concurso abierto de antecedentes y oposición, mediante un examen. Serán designados por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta del tribunal examinador e integrará el Ministerio Público de la Defensa.

La reglamentación, funcionamiento y distribución de tareas del equipo interdisciplinario, estará a cargo del Plenario conformado por el Órgano de Revisión, la Secretaría Ejecutiva y el Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico. A esos efectos se crearán cinco cargos en la Jurisdicción 09: Poder Judicial. La erogación que demande la aplicación de la presente se imputará a las partidas específicas del presupuesto de esa jurisdicción, autorizándose al efecto el refuerzo o ampliación de las mismas, cuando las condiciones de financiamiento presupuestario lo permitan.”

SANCIONAN EXPROPIACIÓN EN EL BARRIO SAN JAVIER

La Legislatura sancionó la Ley 7623 de autoría de los diputados de distintos bloques Enrique Paredes, Clide Monzón, Beatriz Vásquez, Viviana Damilano Grivarello, Luis Verdun, Juan José Bergia, Carim Peche, Ricardo Sánchez, Martín Nievas, Néstor Sotelo, María Lidia Cáceres, Néstor Marcón, y Celeste Segovia,  que declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación inmuebles de la ciudad de Resistencia ubicados en Avenida Moreno Nº 3150 en el lugar conocido como Barrio San Javier.

El diputado Néstor Sotelo destacó la presencia de los vecinos en el Recinto acompañando la sanción, y fundamentó la iniciativa explicando “este proyecto tiene origen el 24 de septiembre de 2014 cuando los vecinos del barrio San Javier ya tenían una demanda de desalojo y vinieron a vernos; el año pasado veíamos que llegábamos tarde con el tema de algunas expropiaciones, y en esa oportunidad nos quedó el alma dolida con lo que estaba ocurriendo y se empezó a trabajar en una ley que le dio protección a aquellos asentamientos que tenían un proyecto  de expropiación en discusión dentro de la Legislatura dando cierta  tranquilidad hasta que podamos resolver al cuestión de fondo que es la tenencia de la tierra”.

“Hoy se va a sentar un  precedente importante –destacó- este tema lo tomamos con una demanda de desalojo pronta a concretar, así que redactamos el proyecto y fue allí donde articulamos con equipos de trabajo para llevar adelante esta expropiación, sabiendo que teníamos por delante dos frentes de batallas, uno legislativo y otro judicial, asumimos entre los representantes de la comisión en forma paralela ese tratamiento”.

Detalló que “luego de contestar la demanda planteando las exenciones pertinentes, el juzgado interviniente expuso en forma textual ‘convóquese a audiencia de conciliación para el diez de diciembre de 2014’ es decir el poder judicial nos daba la anuencia para que trabajemos este caso y que no lleguemos a los lamentables suceso del año pasado”.

“Es preciso destacar –afirmó- que en la demanda la parte actora establece que ignoraba la forma en que accedieron los vecinos a las tierras porque ya estaban asentados allí cuando compraron el inmueble en cuestión -la parte actora es una inmobiliaria que estaba pidiendo que se devuelva esas tierras-. Es decir que en la demanda la parte actora ya estaba reconociendo la pre existencia de estas familias, en la audiencia prevista luego de una rica discusión de la cual ya éramos parte desde el poder legislativo acordaron designar una comisión integrada por el representante de la parte actora, vecinos y profesionales con la finalidad de trabajar en forma conjunta para impulsar todos los sectores el proyecto de expropiación”.

Agregó que “realizadas las reuniones periódicas para informar las novedades del caso y pasar a un cuarto intermedio manteniéndose suspendido el trámite en la causa, logramos a partir de este acuerdo el tiempo necesario para poder trabajar esto y  mantener la causa por el momento suspendida logrando que se pusieran de acuerdo para trabajar en forma conjunta”.

Finalmente, explicó que “durante el 2015 y luego del cuarto intermedio los recurrentes se volvieron a reunir en el juzgado manifestaron que el proyecto en cuestión tenía los pedidos de informes necesarios y solo faltaba que la comisión de tierras se reúna. Por ello creo necesario que veamos el correlato del trabajo que se hace en la Legislatura, en ese espacio estaban asentadas familias de hace más de treinta años, la señora María Romero fue la primera que se asentó en 1984, gente que vio en ese espacio al cual consideraron su hogar un espacio donde iban a proyectar su vida o sea que al momento de aprobar este momento lo hacemos como un acto de responsabilidad”.

APRUEBAN PRÓRROGA PARA EXPROPIACIÓN EN SÁENZ PEÑA

Por iniciativa de la diputada radical Elba Altamiranda se sancionó la prórroga a la ley 6717 de expropiación, que fuera sancionada en el 2011 por expreso pedido de las más de 20 familias que habitaban en ese entonces en el barrio San Cayetano de Sáenz Peña.

La diputada Altamiranda solicitó el tratamiento de la iniciativa “atento a que se trata de familias carenciadas que no pueden venir a Resistencia pero que requieren de la tranquilidad que significaría esta norma”.

Más Noticias