02/07/2015

El legislador saludó a los vecinos que presenciaron el debate

SOTELO DESTACÓ LA SANCIÓN DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN EN EL BARRIO SAN JAVIER

La Legislatura sancionó la Ley 7623 de autoría de los diputados de distintos bloques Enrique Paredes, Clide Monzón, Beatriz Vásquez, Viviana Damilano Grivarello, Luis Verdun, Juan José Bergia, Carim Peche, Ricardo Sánchez, Martín Nievas, Néstor Sotelo, María Lidia Cáceres, Néstor Marcón, y Celeste Segovia,  que declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación inmuebles de la ciudad de Resistencia ubicados en Avenida Moreno Nº 3150 en el lugar conocido como Barrio San Javier.

El diputado justicialista Néstor Sotelo destacó la presencia de los vecinos en el Recinto acompañando la sanción,  y fundamentó la iniciativa explicando “este proyecto tiene origen el 24 de septiembre de 2014 cuando los vecinos del barrio San Javier ya tenían una demanda de desalojo y vinieron a vernos; el año pasado veíamos que llegábamos tarde con el tema de algunas expropiaciones, y en esa oportunidad nos quedó el alma dolida con lo que estaba ocurriendo y se empezó a trabajar en una ley que le dio protección a aquellos asentamientos que tenían un proyecto  de expropiación en discusión dentro de la Legislatura dando cierta  tranquilidad hasta que podamos resolver al cuestión de fondo que es la tenencia de la tierra”.

“Hoy se va a sentar un  precedente importante –destacó- este tema lo tomamos con una demanda de desalojo pronta a concretar, así que redactamos el proyecto y fue allí donde articulamos con equipos de trabajo para llevar adelante esta expropiación, sabiendo que teníamos por delante dos frentes de batallas, uno legislativo y otro judicial, asumimos entre los representantes de la comisión en forma paralela ese tratamiento”.

Detalló que “luego de contestar la demanda planteando las exenciones pertinentes, el juzgado interviniente expuso en forma textual ‘convóquese a audiencia de conciliación para el diez de diciembre de 2014’ es decir el poder judicial nos daba la anuencia para que trabajemos este caso y que no lleguemos a los lamentables sucesos del año pasado”.

“Es preciso destacar –afirmó- que en la demanda la parte actora establece que ignoraba la forma en que accedieron los vecinos a las tierras porque ya estaban asentados allí cuando compraron el inmueble en cuestión -la parte actora es una inmobiliaria que estaba pidiendo que se devuelva esas tierras-. Es decir que en la demanda la parte actora ya estaba reconociendo la pre existencia de estas familias, en la audiencia prevista luego de una rica discusión de la cual ya éramos parte desde el poder legislativo acordaron designar una comisión integrada por el representante de la parte actora, vecinos y profesionales con la finalidad de trabajar en forma conjunta para impulsar todos los sectores el proyecto de expropiación”.

Agregó que “realizadas las reuniones periódicas para informar las novedades del caso y pasar a un cuarto intermedio manteniéndose suspendido el trámite en la causa, logramos a partir de este acuerdo el tiempo necesario para poder trabajar esto y  mantener la causa por el momento suspendida logrando que se pusieran de acuerdo para trabajar en forma conjunta”.

Finalmente, explicó que “durante el 2015 y luego del cuarto intermedio los recurrentes se volvieron a reunir en el juzgado manifestaron que el proyecto en cuestión tenía los pedidos de informes necesarios y solo faltaba que la comisión de tierras se reúna. Por ello creo necesario que veamos el correlato del trabajo que se hace en la Legislatura, en ese espacio estaban asentadas familias de hace más de treinta años, la señora María Romero fue la primera que se asentó en 1984, gente que vio en ese espacio al cual consideraron su hogar un espacio donde iban a proyectar su vida o sea que al momento de aprobar este momento lo hacemos como un acto de responsabilidad”.

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