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El Salón Auditorio de la Casa de Culturas de Marcelo T. De Alvear y Mitre de Resistencia fue el ámbito donde se desarrolló la última jornada debate donde el Gobernador de la Provincia Jorge Capitanich, acompañado del Ministro de Gobierno Javier Oteo, puso en valor esta herramienta jurídica del Juicio por Jurado.
Este encuentro cerró las jornadas que se realizaron en General San Martín, Villa Ángela, Castelli, Charata y Sáenz Peña, y en esta oportunidad se escuchó del propio gobernador Capitanich autor de esta iniciativa la fundamentación del proyecto que con los aportes que fueron surgiendo en los diferentes debates se pondrá en consideración para su posterior dictamen y elevación al Recinto para su votación.
Nievas: “estamos a las puertas de alumbrar algo que ha estado esperando muchísimos años”.
El diputado Martín Nievas dio la bienvenida a los presentes y relató “hace dos años se presentó un primer proyecto de ley, luego el Gobernador, autor de esta iniciativa, estuvo prestando servicio como Jefe de Gabinete de ministros, y a su regreso insistió el 5 de marzo con este propósito de instaurar en la provincia del Chaco este nuevo método de juzgamiento que es el juicio por jurados, entendido como aquel compuesto por 12 personas, seis hombres y seis mujeres legos, llamados por la ley para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de la comisión de un delito denominado aberrante”.
Explicó que “como es costumbre de la Legislatura y la Comisión tomamos la decisión de dar un debate amplio, plural, democrático y empezamos por General San Martín; a poco de andar fuimos recogiendo algunas inquietudes, recuerdo en General San Martín planteaban que los jurados tengan cuando menos el secundario completo, fuimos a Villa Ángela y nos reunimos con la Presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño planteando este nuevo articulado que permite la incorporación de las comunidades de pueblos originarios, estuvimos en Charata, en Sáenz Peña, donde colegas se mostraban preocupados por la cuestión de recursos para la implementación del sistema, estuvimos en Castelli y hoy estamos aquí”.
“De todas estas experiencias y este recorrido –observó-, he encontrado un colega en Charata que manifestó abierta oposición a este sistema, el resto de los colegas, por supuesto, tuvieron una primera reacción de perplejidad, alguna duda y preocupación al respecto, por un hecho que es absolutamente nuevo en el mundo jurídico de la provincia del Chaco, pero la mayoría manifestó su genuino interés de participar y de terminar en todo caso con los 160 años que nos separan de aquel 1853 en el que este sistema se consagraba en la Constitución de la Nación Argentina”.
El diputado rescató “voces a favor de la instauración de este nuevo método de juzgamiento aunque con algunos reparos, es innegable que desde tiempo inmemorial, antes de un famoso instituto donde podemos empezar a bucear y encontrar un germen del juicio por jurados que se llamaba ´provocatio ad populum´, se ha descubierto desde 2000 a.c. una preocupación de la sociedad de como asumir aquellos delitos que consideraban nocivos para la convivencia social y de qué manera abordaban su juzgamiento”.
Nievas se refirió a la génesis y la historia de este sistema y señaló que “lo más pronto en la historia que podemos hablar es de la provocatio, en la cual aquellas personas que eran condenadas a muerte en la antigua Roma podían como última ratio recurrir diciendo voy a provocarlo al soberano para ver si podían perdonarlo, el pueblo reunido en asamblea tomaba esta decisión”.
“En la alta edad media, 1215, se dan dos situaciones no coincidentes, la carta Magna en Inglaterra y el Concilio de Letrán, y digo la no coincidencia porque son completamente antagónicas: por un lado el rey de Inglaterra Juan sin Tierra, empezó a tener problemas económicos a causa de la guerra y perdía el reinado de Francia, empieza a reclamarle a los señores feudales mayor nivel de colaboración en dinero y en soldados. Aquel que no cumplía tenía severas penas, entonces hubo una reacción como de grupo, lo que se conoce como el artículo de los barones, poniendo un límite al absolutismo monárquico, el rey se tuvo que sentar con los barones, firmar la carta magna y a partir de ese momento no juzga, no pena a muerte, si alguno de los lores no es previamente juzgado por sus pares” explicó.
“Hablaba del Concilio de Letrán –agregó- porque el Papa Inocencio III dice ‘la única forma de lograr la pureza de nuestra Iglesia es instaurar un sistema inquisitivo’, así nace la Santa Inquisición que se colocaba en las antípodas de lo que ocurría en Inglaterra, una inquisición que apelaba a la tortura del encausado para que confiese que se había desviado de las enseñanzas del evangelio, un sistema absolutamente secreto, absolutamente sin la participación del acusado”.
Luego, “en los albores de nuestra República tomamos partido por el sistema anglosajón, en 1811 los integrantes del triunvirato del río de la plata toman estas enseñanzas, esto se ratificó en la asamblea del año 13 con un hecho simbólico que fue quemar en la plaza pública todos los elementos de tortura. En la constitución del 53’ claramente nuestros constituyentes tomaron partido por este sistema de juzgamiento” sostuvo.
“La pregunta –apuntó- es por qué pasaron tantos años con estos antecedentes y todavía hoy estamos discutiendo esto, por ahí puede ser entendido como que estamos acostumbrados a este sistema, nos cuesta entender un sistema diametralmente opuesto, puede ser que los operadores de la justicia se hayan sentido cómodos siendo ellos la elite que tenía el acceso al juzgamiento, o puede ser debido a otros motivos pero lo cierto es que en el camino se han ido poniendo trabas”.
Señaló que “estas objeciones tiene que ver con que constitucionalmente está derogado, si ha pasado tanto tiempo quiere decir que no tenemos esa tradición, que en los países donde tienen la tradición no funciona o funciona regularmente, que el jurado no sabe derecho, que es influenciable o corruptible, y lo que merece un tratamiento particular es la inmotivación de la decisión”.
“Lo cierto y real –enfatizó- es que esto está en discusión y es bueno que así sea, y que todos opinemos y si hay consenso entre todos los legisladores –algunos de los cuales son legos y están tratando una ley que tiene que ver con un método de juzgamiento- probablemente estemos a las puertas de alumbrar algo que ha estado esperando muchísimos años”.
“En lo personal –añadió- y en base a experiencias de provincias como Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, creo que no hay que tener temor a esta participación democrática y popular porque en definitiva se trata de que nuestros vecinos, nuestros conciudadanos sean los que nos juzguen como pares”.
Capitanich: “inscribimos esta iniciativa de juicio por jurados en lo que denominamos como el rol del Estado en propender y fortalecer los mecanismos que garanticen la calidad institucional”
El Gobernador de la Provincia Jorge Capitanich, manifestó “más que explayarme sobre los alcances de esta iniciativa, me parece que es absolutamente imprescindible generar una discusión sobre el contexto en el cual esta iniciativa se promueve y en el marco de ese contexto poner de manifiesto las razones o los fundamentos que esgrime el Poder Ejecutivo para propiciar su sanción”.
“En primer lugar –destacó- nosotros observamos la existencia de 160 años de demora en el marco de la Constitución Nacional para la implementación del juicio por jurados, y esto fue ratificado en el marco de la reforma constitucional de 1994. En segundo lugar es necesario establecer que en el proceso de formación y sanción de las leyes, el Poder Ejecutivo de la provincia en estos últimos ocho años de mandato constitucional estamos cerca de llegar a 500 leyes promovidas y en su mayoría sancionadas”.
“Esto significa –detalló- no solo el rol protagónico del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes, sino también el rol de la Legislatura provincial, en el sentido de iniciar el debate y promover la participación popular y ciudadana a los efectos de identificar las observaciones emanadas de distintos actores del sistema institucional. No es una cuestión menor pero si uno toma los últimos 32 años de democracia es el período de mayor participación efectiva del Ejecutivo en el proceso de formación y sanción de leyes”.
“En tercer lugar –continuó- esta iniciativa se inscribe en el fortalecimiento del sistema acusatorio, teniendo en cuenta no solamente la sanción de múltiples iniciativas en las provincias argentinas que tienen la reserva desde el punto de vista de la sanción de los códigos de forma, sino también por lo que significa la última sanción por parte del Congreso de la Nación del Código Procesal Penal y a su vez también lo que ha significado para todos los argentinos una reforma integral del Código Civil y Comercial”.
Observó también “el marco de las experiencias existentes en la República Argentina, en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Neuquén; paralelamente con eso nosotros hemos podido generar un mecanismo de debate público de esta iniciativa que cuenta con un amplísimo nivel de consenso tanto de las organizaciones nacionales sobre las bases de la introducción de mejoras de la iniciativa, también cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y hemos recepcionado la contribución de los más prestigiosos penalistas de la Argentina”.
“Como toda iniciativa –admitió- no existe un consenso pleno, existen observaciones y objeciones por parte de corrientes de pensamiento que no concuerdan con esta iniciativa, pero también nos parece importante en este contexto manifestar que nosotros inscribimos esta iniciativa de juicio por jurados en lo que propiciamos y denominamos como el rol del Estado en propender y fortalecer los mecanismos que garanticen la calidad institucional, que significa garantizar la participación social y ciudadana, propiciar sistemas transparentes en las decisiones emanadas de los poderes públicos, y a su vez generar las condiciones que permitan que el prestigio en el funcionamiento de las instituciones tengan que ver con el fortalecimiento del sistema representativo republicano y democrático de gobierno”.
Agradeció a los diputados porque “independientemente de coincidir o no con las iniciativas han participado muy fervientemente del debate, por eso el contexto de la iniciativa fue el siguiente: logramos primero un consenso para aprobar el funcionamiento del instituto del defensor del pueblo, esto es un signo de madurez política, en segundo lugar hemos logrado acuerdo para la restitución de la acción de amparo, luego hemos logrado la garantía plena para el funcionamiento de un Superior Tribunal de Justicia autónomo e independiente, esto implicó también la designación de la doctora Grillo en un concurso de oposición y antecedentes absolutamente transparente y estamos en el proceso de selección de un segundo miembro con el mismo proceso”.
Y agregó “es necesario destacar la sanción del juicio de residencia que es una innovación desde el punto de vista institucional con la finalidad de garantizar la transparencia en los actos de gobierno y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes; y también reivindicar la sanción de una iniciativa que establece el concurso de antecedentes y oposición para la designación de los cargos constitucionales de contador y subcontador de la provincia y tesorero y subtesorero general”.
El Gobernador destacó diez puntos a favor de la implementación del sistema de Juicio por Jurados y apuntó que: Garantiza la participación de legos en el proceso, desapareciendo la falsedad de la prueba, pudiendo valorarla sin filtros y en forma inmediata; garantiza el principio de inmediación; garantiza el acercamiento del pueblo a la justicia; los jurados, al no estar vinculados a la ley como los jueces, hacen apreciaciones de acuerdo a los valores razonables de la sociedad; garantiza al acusado ser juzgado por sus pares; es una protección del individuo frente a la autoridad represiva del Estado; es un símbolo de la democracia participativa; el juicio por jurado terminará de integrar a la sociedad al sistema judicial, permitiendo que confíe y se interese por la justicia, logrando a la vez que esta se acerque a la realidad social -La democratización de la justicia, la administración de justicia mediante un sistema de participación regular de la ciudadanía constituye un soporte ineludible al proceso de calidad institucional-; el Poder Judicial lograría mayor independencia respecto de los otros poderes del Estado; y se dejaría de lado este sistema burocrático, rígido y formalista en un contexto donde el sistema acusatorio adquiere predominancia plena en el marco de las reformas existentes a nivel nacional”.
A modo de conclusión, el mandatario puntualizó que “se pretende apuntalar el proceso de democratización de la justicia penal chaqueña y la profundización del sistema acusatorio, apuntando a la puesta en marcha del juicio por jurados en la administración de la justicia sobre todo penal, por entender que con eso se configura un eje esencial en el diseño de las políticas públicas del Estado democrático de derecho, pudiendo resguardarse equilibradamente los intereses de los acusados y de la sociedad en su conjunto. Entendemos que se debe avanzar en la implementación del juicio por Jurado por considerar que se trata de un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de Justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los organismos estatales del sistema republicano”.
El Gobernador insistió que “por medio del Jurado se facilita el acercamiento del pueblo a la justicia, se construye un ejercicio responsable de ciudadanía comprometiendo a los habitantes con sus decisiones y legitimando así democráticamente las resoluciones judiciales, sobre todo en los casos más graves en materia penal; permite además que el acusado sea juzgado por sus pares lo cual proporciona una forma democracia directa que le da al veredicto unánime de culpabilidad o inocencia una fuerza política y social indiscutible” y consideró que “esta iniciativa merece efectivamente el debate final y su sanción inmediata a los efectos de cumplir con una manda constitucional desde hace 160 años vigente”.
Los presentes
La iniciativa que promueve la explicitó ante los legisladores presentes y la participación de la ministra del Superior Tribunal de Justicia doctora Iride Grillo, el Procurador General del Poder Judicial doctor Jorge Canteros, y el Procurador Adjunto Miguel Fonteina, el doctor Víctor del Río juez de Cámara en lo Criminal de Resistencia; la juez de la Cámara del Crimen de Villa Angela doctor María Emilia Valle; otros magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la presidenta del Consejo de la Magistratura María Eugenia Saez, el Dr. Amilcar Federico Aguirre integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los Abogados de la capital, la Secretaria General de la Gobernación María Cecilia Baroni; la subsecretaria de Legal y Técnica doctora Analía Rach Quiroga, el subsecretario de Seguridad Mauro Flores, los intendentes de la ciudad de Juan José Castelli Alberto Nievas y de Machagai Héctor Vega, respectivamente, representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, representantes del Colegio y Consejo de Abogados de la provincia, actores políticos, sociales y operadores de la justicia chaqueña.
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