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En ese marco, Sánchez dio precisiones sobre un tema “realmente importante que ha tenido una gran trascendencia a través de los medios de comunicación que tiene que ver con una vieja demanda iniciado por empleados, funcionarios y jueces del Poder Judicial de la provincia, en orden a una Acordada del año 1991 que dispuso un incremento para los jueces del Superior Tribunal de Justicia pero no para el resto del personal, claramente violatorio de la denominada ‘Ley de Enganche’.
“A partir de allí – recordó - se inició un reclamo que transitó por todas las instancias judiciales, en primera y segunda instancia y llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la procedencia de una demanda que lamentablemente en sus efectos comienza a hacer un grave daño a las arcas del Estado provincial, y por eso es que en estos días nos enterábamos de las noticias de embargos incluso de disposición de fondos públicos a través de jueces que por encima de la ley de inembargabilidad de fondos públicos, de la Ley de Emergencia Económica y de toda una legislación protectoria de las cuentas publicas, dispusieron pagos de 40 millones de pesos que se han pagado; y hay 70 millones mas que se han embargado. Esto lógicamente pone en vilo a la sociedad”, expresó a la vez que manifestó su enérgico respaldo “a los dichos y al proceder jurídico del doctor Jorge Alcántara en orden de la defensa del patrimonio del Estado”, mencionando que el profesional está llevando adelante instancias de negociación con los sectores involucrados.
En ese sentido, el legislador remarcó que “nuestro bloque toma hoy la decisión de llevar adelante una iniciativa parlamentaria, abiertos al diálogo con los sectores de la oposición, incluso con nuestro gobierno, porque es necesario intervenir a esta situación. A pocos días de la asunción de Peppo como gobernador y el fin de la gestión de Jorge Capitanich, esto termina siendo un problema importante”
Con la firma de todos los legisladores hemos presentado este proyecto de ley que es un mecanismo a través del cual se instrumenta el pago de todos estos juicios que tiene un monto total de alrededor de 2 mil millones de pesos es una cifra que puede complicar las arcas publicas e incluso el pago de gastos corrientes e incluso el salarial
El jefe de la bancada explicó parte de la iniciativa señalando que se prevé una imputación presupuestario para el año 2016 de 200 millones de pesos y luego sucesivamente año a año se irá imputando dinero en función de que las sentencias estés firmes “ya que no todas están en la misma situación procesal en muchos casos hay ejecución de sentencia hablamos de facultar a Fiscalía a de Estado y Contaduría General de la provincia para que lleven adelante en orden a facultades conferidas expresamente en este proyecto lo que tenga que ver con procedimientos de negociaciones fiscalizado por Contaduría por ello es que se la incluye en esta propuesta como uno de los organismos que intervendrá de manera directa con la Fiscalía de Estado para llevar adelante la negociación que le de tranquilidad a nuestro Gobierno”.
“Es bueno decir – puntualizó - que en el articulo 6 de este proyecto, invocamos el articulo 76 de la Constitución Provincial porque por más que parezca esto redundante parece que hay que contarles a estos jueces que la carta magna provincial no puede ser vapuleada con interpretaciones antojadizas en función de cuestiones corporativas. Esta ley les recuerda el artículo 76 de la Constitución provincial y el estado de emergencia pública de la provincia ley 7411”.
Finalmente expresó “esta es una fiesta de 5 y la terminan pagando el millón de chaqueños que de manera directa o indirecta este es un tema del que nos hacemos cargo todos generadas por el propio Poder Judicial quiero aclarar respecto de la ley que pretende dar tranquilidad a las cuentas públicas”.
Bogado: “Imputarle la responsabilidad política a Capitanich
es un despropósito que no tiene ningún tipo de fundamento”
La diputada Beatriz Bogado también aseguró “no puede imputarse la responsabilidad política al gobernador Capitanich o a los diputados de este gobierno, se trata de una situación generada por los jueces del Superior Tribunal de Justicia que en el año 1991 desconocieron una ley de enganche vigente en aquel momento a sabiendas de las consecuencias económicas que iba a tener esa acordada judicial”.
“Esto requiere como mínimo la condena de la sociedad porque los jueces designados en ese lugar son justamente para garantizar el cumplimiento de las leyes, y dar la garantía de protección de derechos de la totalidad de los habitantes”, enfatizó y agregó “esto no impacta en el Gobierno, esto impacta en los fondos públicos que están destinados al pago de salarios, al cumplimiento de políticas públicas que tienen que ver con el ejercicio de derecho como la salud, educación y alimentación”.
“Esta claro cual es la propuesta que tenemos como bloque y como gobierno para hacernos cargo de una responsabilidad que en principio es de quienes incumplieron la ley, nos tenemos que hacer cargo porque somos gobierno, pero de ninguna manera tenemos responsabilidad política en esta cuestión, este es un juicio que viene desde el año 91, entonces imputarle la responsabilidad política a Capitanich es un despropósito que no tiene ningún tipo de fundamento” sostuvo.
La propuesta de la bancada peronista
Firmado por la totalidad de los diputados que conforman este bloque y con el número de proyecto 3447/15, la iniciativa propone “el mecanismo conducente a acordar el pago de las deudas del Estado Provincial emergente de las sentencias judiciales firmes, motivadas en el dictado de la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y las múltiples impugnaciones judiciales de las que fuera objeto la misma”.
“A los efectos dispuestos en el artículo anterior, incorpórase al Presupuesto General de la Provincia correspondiente al año 2016 la partida presupuestaria de 200 Millones. En el artículo 3º señala que el monto correspondiente a la incorporación presupuestaria dispuesta precedentemente, será aplicado al pago de sentencias judiciales tomándose únicamente las que devienen firmes, consentidas y expeditas para su cobro. En el artículo siguiente se faculta a Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco y Contaduría General de la Provincia a intervenir conjuntamente y acordar los respectivos pagos a cuyo efecto contemplará quitas, pago en cuotas, intereses aplicables, transacciones judiciales y en general todo tipo de negociación conducente a arribar a un acuerdo que contemple los intereses del patrimonio del Estado Provincial. El orden establecido para el pago lo determinará Fiscalía de Estado conforme las atribuciones conferidas y respetando el monto presupuestario asignado anualmente.
A fin de concretar la cancelación total de las causas judiciales comprendidas en el artículo 1° de la presente, el Poder Ejecutivo Provincial preverá la partida presupuestaria correspondiente desde el año 2.016 y en los años sucesivos hasta cubrir la totalidad de la deuda en un plazo que no excederá de 20 años y a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Finalmente expresa que conforme al artículo 76 de la Constitución Provincial, vigente las leyes 7.411 Estado de Emergencia Pública de la Provincia del Chaco y 4474 Efecto Declarativo de Sentencias contra el Estado, se establece la inembargabilidad y la no sujeción a medida cautelar alguna de los fondos genuinos y/o coparticipables y otros bienes pertenecientes al Estado Provincial. Se procederá al levantamiento de todas las Medidas Cautelares ya decretadas sobre dichos tipos de fondos y bienes en el marco de las causas comprendidas en el artículo 1° de esta norma.-
La iniciativa lleva la firma del Presidente de la Cámara de Diputados Dario Bacileff Ivanoff, la Vicepresidenta 1º Beatriz Vásquez, el jefe de la bancada Ricardo Sánchez y sus pares Enrique Paredes, Carlos Beltran, Amelia Monzón, Mirta Morel, Elda Pértile, Viviana Damilano Grivarello, Beatriz Bogado, Martín Nievas, Néstor :Sotelo, Rubén Guillon, Mariel Gersel, María Lidia Cáceres, Néstor Marcon, y Celeste Segovia.
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