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El interbloque Unión por Chaco mocionó la acumulación de un proyecto de autoría del diputado Carlos Martínez por el que aprueba el protocolo conocido como “Protocolo Garré”, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ratificado por Decreto Provincial Nº 989/12, esta moción no obtuvo el acompañamiento del bloque justicialista, por lo que la iniciativa volvió a Comisión.
Al momento de la votación, el proyecto de ley 1692/13 del diputado Martínez obtuvo 10 votos favorables de Unión por Chaco, 13 por el mantenimiento en cartera del NEPar y PJ, y las abstenciones del Frente Grande y Concertación FORJA. En tanto, el 889/15 del diputado Sotelo fue sancionado con 15 votos por la aprobación, 4 votos en cartera y la abstención de la diputada Canata.
La Ley determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes, así como la reducción de los afectos que la concentración o manifestación cause o pudiera causar en los derechos de las personas que no participen de ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”.
Establece “pautas para la intervención policial tanto en manifestaciones programadas como en manifestaciones espontáneas. Asimismo, las pautas deberán comprender tanto a manifestaciones de gran envergadura, como también a otras de menor escala, adecuando las intervenciones a realizarse en uno y otro caso” y determina “que cuando corresponda, se establecerán pautas para la coordinación de operativos con los restantes cuerpos policiales o fuerzas de seguridad federales, incluyendo en ellas lo concerniente a las comunicaciones durante los operativos”.
La norma regula “todas las fases de la actuación policial y de las fuerzas de seguridad, (organización, despliegue, desarrollo, desconcentración y evaluación), teniendo en cuenta las diferentes etapas que atraviesa una concentración o manifestación pública (concentración, desarrollo y desconcentración)” e incluye “disposiciones tendientes a garantizar un adecuado control del tránsito en las inmediaciones de las manifestaciones a fin de minimizar los inconvenientes para personas ajenas a ellas y, de manera concomitante, reducir las posibilidades de que se susciten hechos de violencia entre éstas y los manifestantes”.
El debate en el Recinto
El titular de la Comisión de Derechos Humanos Néstor Sotelo celebró el tratamiento dado en la Comisión de Legislación General que permitió llegar a la sanción de esta iniciativa. Tras describir el significado conceptual de protocolo, el legislador se refirió al Protocolo denominado “Criterios Mínimos sobre la actuación del personal policial o de fuerzas de seguridad en manifestaciones publicas”, al que consideró “elevará a la provincia a un nivel superior en materia de calidad institucional, jerarquiza el texto del protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional y convirtiéndolo hoy en ley provincial”.
“En este punto – destacó – el propio fundamento del Protocolo señala ‘… es un documento de fundamental importancia de cara a un futuro de profundas reformas en el campo de las policitas publicas relativas a la seguridad’, profundas reformas que este legislador ha consensuado para llevar adelante junto con organismos de derechos humanos y el poder ejecutivo en la figura de Jorge Capitanich y el gobernador electo Oscar Peppo”.
“El texto original del protocolo – expresó - describe simples imperativos que no suponen la obligatoriedad necesaria que precisan de un conjunto de medidas tales como la abordadas en el mismo”.
Sotelo también brindó precisiones de los cambios introducidos en su iniciativa y diferenció lo que establece el protocolo donde se marcan las pautas de intervención de las fuerzas de seguridad “al incluir el término deber en la redacción de los artículos de mi iniciativa se obliga sin excusas al personal policial a acatar las pautas de la ley ni bien esta es sancionada” aclaró y más adelante añadió “se trata de acotar el rango de interpretación e la ley, aclarando conceptos y especificando pautas esenciales a los fines de la eficacia e la aplicación de este proyecto de ley”.
Siguiendo con su fundamentación, el legislador refirió a que “la iniciativa cuenta con un agregado clave en el contexto de este proyecto de ley que es la incorporación del apartado de sanciones disciplinarias, de acuerdo a la reglamentación de la Policía del Chaco que aporta mayor claridad e inmediatez al momentos de dilucidar las responsabilidades de quienes actúen n los operativos que contempla el presente proyecto”
Además refirió a sus otros proyectos de ley que incluyen son el “Protocolo de requisa registro y recuento de personas privadas de su libertad, visitantes, personal penitenciario, instalaciones y cosas” y el que se refiere al Protocolo de requisa de personas en la vía publica o detenidas e situación de flagrancia en la comisión de delitos o faltas”.
“Este conjunto normativo –aclaró – es concordante, no solo con leyes recientemente sancionadas por esta casa de la democracias, como ser las modificaciones a la ley del comité provincial contra la tortura adecuándolo a las observaciones efectuadas por la ONU y la ley que instituye el premio a la lucha en contra de la violencia institucional“.
“Tengo la convicción – remarcó - de que es necesario continuar afianzando a nuestra provincia como pionera en materia de calidad institucional y derechos humanos, siguiendo la senda marcada por nuestro gobierno nacional, que instauró los derechos humanos como política s de estado y no como mero tema de agenda, que marca un antes y un después en la historia de nuestro país”.
El legislador Carlos Martínez, se refirió a su proyecto de ley Nº 1692/13 donde se promueve la aprobación del Protocolo Garré denominado "Criterios Mínimos Sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas", a la vez que saludó a las presencias del secretario de Derechos Humanos, a los funcionarios del Poder Judicial, al doctor Mario Bosch y manifestó su solidaridad “con los acontecimientos que lo ha afectado y a los integrantes de ‘Pensamiento Penal’ que hoy nos acompañan”.
“El 23 de mayo de 2013 presentaba esta iniciativa con la firme convicción que he tenido toda mi vida como militante de la causa de derechos humanos que en los conflictos sociales y demanda de derechos. Lo que debe haber es la primacía del diálogo y no la vía de la violencia para los que reclaman derecho, fue mi espíritu militante y lo que me llevó a presentar esta iniciativa luego de 3 hechos represivos dolorosos”, recordó.
“Este proyecto de ley – apuntó - es el primer antecedente en la provincia como intento de elevar a categoría legal algo que ya era un decreto, coincido que llevar a ley el protocolo en manifestaciones públicas, es una conquista que costó sangre y dos cuestiones que quiero agregar: cuando la entonces ministra Garré impulsó este protocolo, a la que reivindico al impulsar este protocolo y saludé al Gobierno del Chaco cuando lo transformó en normativa el 15 de mayo de 2012. No quiero que mañana digan ‘ahora vamos a tener una nueva norma porque ya la teníamos’, y son dos motivos los que quiero recalcar, como reivindico el decreto del Ejecutivo y no soy partidario de violentar la autoridad intelectual, por eso desde el punto de vista formal, todo el mundo sabe quién fue Garre y conoce el protocolo y los que estamos en derechos humanos conocemos el decreto 989 y lo que corresponde según mi proyecto, es adoptar las disposiciones como anexo el decreto relacionadas con el protocolo de abordaje para las fuerzas de seguridad, el autor fue el gobernador empezó el 15 de mayo de 2012”,
El diputado sostuvo que no solo tiene que ver con la autoría de la norma “desde el punto de vista de la técnica jurídica, se quiere refundar la realidad cuando hay una realidad preexistente, y acá van las implicancias políticas, el bloque Libres del Sur despachó el proyecto 1692 porque es parte de la historia y no el del diputado Sotelo, queremos reconocer la realidad de una norma preexistente, porque se podría pensar que ahora no va a pasar lo que le pasó a Ángel Verón porque hay un protocolo, y el protocolo ya estaba, y reivindico a Garré que decía: la violencia no, el diálogo si, proteger al manifestante y a la sociedad que no participa, no usar armas de fuego, gases lacrimógenos, la fuerza como último recurso”.
“La vida es más importante que esperar o estar media hora en un corte, cuando pasan las tragedias, hay ese sentimiento, y aparece la vida de una personas que luchaba por su terreno, pero cuando aparece igual que ahora el proyecto de protocolo aparece 2 años después, tarde, con dolor, tengo que hablar así, porque la gran responsabilidad de los que luchamos por los DDHH es alertar y hacer, aunque seamos minoría parlamentaria. Que quede constancia en honor a esos que murieron por reclamar un derecho que son víctimas de crímenes del estado porque son crímenes políticos, no fueron ladrones, violadores, homicidas, yo quiero hablar de eso y dejar ese testimonio sobre la base del trabajo que uno hizo y que lamentablemente se llega tarde”.
Ricardo Sánchez, Presidente del bloque justicialista, señaló “valoramos desde nuestro bloque la labor que no solo hizo Néstor Sotelo en nombre de nuestra bancada, sino también la inestimable colaboración de la Secretaría de DDHH, está presente Juan Carlos Goya, la asociación Pensamiento Penal y el Presidente del Comité de Prevención contra la Tortura”.
“Ponemos en valor –sostuvo- la decisión de la Ministra Garré, pero no es menos cierto que en algún punto el protocolo habla de previsiones y no como imperativos, desde lo conceptual, no es lo mismo decir ‘se llevarán adelante conductas’, o ‘el personal policial deberá’, que no es un detalle, una cosa no supone la obligatoriedad necesaria, pero cuando uno ordena a través de la ley, lo imponemos como representantes del pueblo”.
Felicitó “al diputado Sotelo y los que han colaborado y respecto a nuestra votación –explicó- hay un proyecto del diputado Martínez que entendemos diferente del proyecto de Sotelo, no vamos a consentir la acumulación de ambos, respecto del proyecto de Martínez vamos a votar la vuelta a comisión, y vamos a aprobar el proyecto 889/15 autoría de Sotelo”.
Daniel Trabalónrecordó “el 29 de marzo de 2011 Nilda Garré, Ministra de Seguridad presentaba ante los Ministros de Seguridad de las provincias un acta de acuerdo estableciendo la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, esto que se conoce como Protocolo Garré es un avance en democracia de lo que significa la responsabilidad del estado en el uso de la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad y cómo deben hacerlo en un marco democrático que pretende garantizar los derechos de los ciudadanos, incluidos los que protestan o quieran expresar sus diferencias por cualquier motivo”.
”Entendemos que esta iniciativa se da en el marco de un proceso democrático –sostuvo- que se hace cargo de una agenda, de cómo avanzamos en las fuerzas políticas, instituciones públicas, estado nacional, provincial, municipal, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos”. Señaló que “el artículo 1º de esta ley me parece que expresa sintéticamente pero muy contundentemente el objetivo central del protocolo: el respeto y protección de los derechos de los participantes y reducción de los efectos que pueden causar, de las personas que no participan y de los bienes públicos; la preeminencia de la protección de la vida y la preservación de la vida de todos, los que están en la protesta y los que no”.
“Este protocolo –afirmó- está plenamente vigente en la provincia, queremos marcar la posición entre el decreto vigente y la ley que pretendemos sancionar, y cuál es la diferencia sustancial que implica que exista este protocolo en el marco de una ley. No vamos a modificar los hechos que ocurrieron en la provincia, no vamos a modificar las represiones que sufrieron ni estas últimas ni las anteriores que existieron en otros gobiernos, abordar este tema con un solo ojo y mirar la historia y hablar de las represiones como si ocurrieron solo en este gobierno es negar el proceso histórico, ni esta ley ni el decreto van a reescribir la historia”.
Explicó que “sancionar esto que existe como decreto y trasformarlo en ley genera un acuerdo político, no es lo mismo que un Gobierno se dicte un decreto, a que una Legislatura establezca por ley y por consenso cuál es la responsabilidad del estado en la utilización de la fuerza, y garantizar la plena vigencia de los DDHH, es un compromiso hacia delante para que los hechos de represión no se repitan”.
Orlando Charole recordó “hay un libro de Perón que hacer referencia a una expresión de un filósofo romano Cicerón, ‘la violencia es el derecho de las bestias’, usted puede recorrer todo ese libro y Perón es un hombre hábil intelectualmente para describir determinados hechos como una acción directa del Estado” y reconoció “estas represiones las viví en carne propia y -me duele decirlo- en un gobierno peronista, mi voto es a favor del proyecto de Sotelo, de acuerdo a los fundamentos vertidos por el autor y el Presidente de la bancada peronista, pero no quiero pasar por alto estas consideraciones”.
El diputado Luis Verdún manifestó su apoyo al proyecto de Carlos Martínez, perteneciente al Interbloque, “porque como regla siempre se actuó de esta manera, fue el primer proyecto que ingresó a la Legislatura y se supone que cuando la comisión lo analiza, si hay similitud con proyectos posteriores se lo ensambla, se busca ensamblar uno con el otro, me da pena que los representantes del pueblo en la comisión de DDHH no fuimos capaces de lograr esto”.
“Los DDHH no tienen partido político –sostuvo- dónde quedó lo que dijimos ayer, jamás en mis ocho años como legislador me opuse a que un proyecto que se presentó primero no se ensamble a uno que presenté similar”. Agregó “formé parte de un gobierno que dirigió por 12 años la provincia, nadie puede decir que está todo bien, no quiero ser cómplice de la imagen que estamos dando, tenemos que hacer un esfuerzo, el proyecto del diputado Martínez es el que tiene que encabezar, no hay diferencia, ambos hablan del protocolo Garré”.
Mirta Morelcoincidió en afirmar que “el tema que nos ocupa es de una trascendencia superlativa y en honor a las personas que nos visitan y no tienen el ejercicio que lleva el parlamento, recuerdo que nada de estas cuestiones están contempladas en el reglamento sino que son de práctica, en la sesión anterior esta legisladora hizo uso de la palabra y propuso una moción que prosperó por mayoría de que estos puntos que venían ensamblados sean tratados por separado por la comisión y la decisión del parlamento fue que sea así”.
Sergio Vallejos sostuvo que “el problema es más grave que dos proyectos en pugna” y afirmó que el proyecto del diputado Sotelo “es de tal desprolijidad que copia y pega del protocolo Garré, hay un problema que me preocupa y tiene que ver con la temática de DDHH, estoy convencido que los derechos humanos no son atributos de ningún partido político, sino de toda la sociedad y de todos los partidos políticos”.
Se refirió a la Ley de Seguridad y explicó “no la voté porque pensaba de manera pesimista que no se iba a cumplir, y no me equivoqué, veníamos denunciando que no hay política de seguridad y denunciamos los desaciertos en materia de seguridad, hay un incumplimiento permanente”. Y en ese sentido observó “tenemos vigente el protocolo Garré, solo que no se ha cumplido, y cuando surgió esta cuestión en la comisión de legislación general, me planteaba, tenemos que convencernos que hay una intencionalidad de tratar de evitar rememorar las cosas que pasaron durante este gobierno, no quiero poner el dedo en la llaga pero soy memorioso”.
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