19/04/2016

DIPUTADOS RECIBIERON A YANINA BASILICO QUE COORDINA EL COMITÉ PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Se trata de la Coordinadora Nacional del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Yanina Basilico, - acompañada por Lucía Scaglione presidenta de la Fundación Mujeres Creciendo - que está recorriendo las provincias para interiorizarse acerca del tema de Trata y poder encarar un trabajo articulado entre nación, provincia y las asociaciones que trabajan en territorio.

La funcionaria fue recibida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco que presidió Orlando Charole acompañado de sus pares Raúl Acosta, Roberto Bracone, Marina Salom, Héctor Vega, Carlos Martínez y Claudia González.

Basilico comentó: “mi actividad en realidad fue más recorrer la provincia, ver lo que esta pasando con respecto a trata, y  me encontré con un panorama complejo, por lo que estuve hablando con diferentes personas, con ministros, secretarios y acá con los diputados, y fue algo que uno siempre va escuchando sobre todo en la parte de las frontera que tenemos en nuestro país”.

“La verdad que sabemos que es una frontera muy permeable la que estamos teniendo” reconoció y en base a eso “lo que venimos a decir es que tenemos que ponernos a trabajar en forma articulada, nación, provincia, asociaciones territoriales porque va a hacer la mejor forma que nosotros vemos para combatir este delito”, sino consideró “van hacer diferentes acciones que cada uno desde su lugar va ir haciendo pero que son pequeños granitos de arena, no obstante, si lo juntamos todos vamos a poder hacer algo muchísimo mejor”.

La funcionario adelantó que “la idea es en comenzar a trabajar de manera articulada cuando hagamos algún tipo de campaña nacional que se puedan sumar a las campañas nacionales, cuando hagan algo en la provincia que nos avisen; que nosotros podemos dar difusión desde nuestra pagina del comité y así poder dar difusión y combatir este delito” y de esta manera ayudar a las organizaciones territoriales que estén trabajado contra a este delito. La idea es generar este espacio” afirmó Basilico

Finalmente planteó que el Chaco está adherido a la ley 26364 del 2008, y ésta norma sufrió modificaciones en el año 2012 con la ley 26842 y sobre ésta última reforma nuestra provincia debería adherirse y “así poder trabajar en forma articulada” señaló.

La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco en un trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Nación realizó una charla taller para concientizar sobre la problemática de la Trata de Personas, encuentro que estuvo a cargo de la coordinadora ejecutiva del Comité Nacional contra la Trata y Explotación de Personas Yanina Basilico, y que contó también con la colaboración de la Fundación Mujeres Creciendo.

DICTAMEN FAVORABLE PARA QUE SEA OBLIGATORIO HACER CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE “PREVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO”

Así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos que adelantó dictamen favorable con algunas modificaciones al texto original del PL 2031/15 autoría de la diputada justicialista Celeste Segovia.

El despacho determina en el artículo primero establecer en el ámbito de la provincia del Chaco la Campaña Publicitaria “Prevención Sobre Violencia de Género”, destinada a brindar información sobre la problemática, lugares y formas de efectuar las denuncias correspondientes, a través de un spot publicitario en los distintos medios de comunicación y difusión.

Además se determina que la emisión del aviso publicitario también deberá realizarse en las distintas oficinas públicas del Estado Provincial, en las terminales de ómnibus y transportes públicos de toda la provincia. Será autoridad de aplicación la Secretaría de Derechos Humanos; también se invita a los municipios a adherirse a la presente.

La diputada Segovia como parte de los argumentos esgrimidos resalta la importancia “de brindar, desde el estado, herramientas útiles a la población chaqueña con las que se pueda hacer frente a la violencia hacia las mujeres, la cual no solo involucra maltrato físico o psicológico, sino también sexual, económica y patrimonial, pudiendo según el ámbito en el cual se desarrolla ser doméstica, institucional laboral, ginecológica, etc”.

“Dentro de este marco regulatorio brindado por la ley nacional N° 26.485, y su adhesión provincial, ley N° 6.689 resulta imperioso adoptar medidas tendientes a fomentar la concientización ciudadana sobre las formas de acceso y abordaje institucional sobre la problemática” señala la legisladora observando que “la continua concurrencia por diferentes circunstancias de cientos de personas en forma diaria a las oficinas públicas me persuade de la utilidad de la presente iniciativa” sostiene Segovia.

CONVOCARÁN A FUNCIONARIOS JUDICIALES Y DEL EJECUTIVO

Con la finalidad de esclarecer planteos de ciudadanos de la comunidad qom de Pampa del Indio quienes concurrieron a la comisión de Derechos Humanos y contaron distintos hechos que tienen que ver con “reclamos sociales” entre ellos la “provisión de agua potable a las comunidades”, lo que los llevó a realizar distintas medidas para reclamar ante las autoridades locales y provinciales, lo que provocó el procesamiento bajo distintas carátulas algunas de ellas graves de las personas que se habían manifestado, motivó que los legisladores por unanimidad decidieron realizar una reunión extraordinaria a realizarse el día 26 de abril del corriente año.

Todo este planteo fue explicitado a través de una nota ingresada en la comisión y también de los ciudadanos que se hicieron presente en la reunión, en consecuencia, y  de manera unánime la comisión resolvió citar a funcionarios judiciales y del ejecutivo, respectivamente, a efectos de encontrar una solución conjunta.

Orlando Charole presidente de la Comisión de Derechos Humanos resumió la actividad de la comisión contando que “hemos recibido la presencia de una funcionaria nacional donde ella nos ha solicitado expresamente legislar sobre el tema de la trata y  la adhesión de la Legislatura a la ley Nacional 26842 reformada en el año 2012”.

Comentó además que “estuvimos trabajando sobre la citación de distintos funcionarios sobre una causa donde están involucrados alrededor de 70 hermanos originarios, algunos procesados, otros llevado a juicio oral, de la zona de Pampa del Indio, hecho preocupante” calificó y en consecuencia adelantó la posibilidad de “de convocar algunos funcionarios entre ellos el Ministro de Seguridad, el Procurador General y también analizamos una visita al Fiscal de General San Martín, que tiene estas distintas causas” indicó Charole que tampoco descartó la posibilidad de “entrevistarnos con los jueces del Superior Tribunal de Justicia” dijo porque “realmente es preocupante que haya cerca de 70 hermanos indígenas procesados, algunos citados, por el solo hecho de reclamar tierra, agua, alimentos”. “Es como que la solución a esto es meter palo, lastimarlos esa es la solución que se les da al pueblo originario que esta reclamando legítimamente sus derechos” reclamó.

Agregó que “los demás son procesos judiciales  que tienen un cause normal de tratamiento de parte de los fiscales, de los jueces de la cámara respectiva  para los juicios”, por lo que observó “veremos para la semana que viene espero que los funcionarios puedan concurrir a la sesión convocada para esta finalidad para que podamos buscar un mecanismo, que desvirtúe este tipo de accionar del Poder Ejecutivo sobre todo del ejercicio de la policía sobre todo que termina siendo un enfrentamiento en algunos casos en reclamos y protesta sociales que a veces son muy legitimas” señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.   

Decisiones divididas

Respecto del temario los legisladores tomaron decisiones divididas respecto de las siguientes expresiones: PR 1106/16 de la diputada Celeste Segovia, a través del cual se expresa acompañamiento a la delegación argentina compuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Defensoría del Público, La Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de las Artes, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Coalición por una Comunicación Democrática, que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar en contra la derogación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La expresión recibió el respaldo de los diputados Justicialistas y de Concertación Forja. En tanto la diputada González del bloque Cambiemos mocionó el mantenimiento en cartera.

Trataron además el PR 905/16 impulsada por el diputado Ricardo Sánchez a través del cual expresa profunda preocupación ante el despido de trabajadores, destrucción de documentos y cierre de áreas estatales vinculadas a investigaciones de crímenes de lesa humanidad, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo se resalta, que el desmantelamiento de las dependencias citadas en el punto 1°), contribuye a perpetuar la impunidad de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; como así también la destrucción de políticas públicas en materia de derechos humanos. Respecto de este proyecto adelantaron su acompañamiento los diputados justicialistas, libres del Sur, concertación forja; en tanto, González del bloque Cambiemos mocionó en cartera.

Otro de los temas tratados fue el PR 909/16 del diputado Ricardo Sánchez que expresa acompañamiento a las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, línea histórica quienes exigieron: "definiciones institucionales" en el juicio del empresario Carlos Pedro Blaquier en la emblemática causa del Ingenio Ledesma, la libertad de la dirigente social Milagro Sala, y denunciaron persecuciones a miembros de organizaciones de la provincia de Jujuy.  Manifestar interés en que la Justicia investigue los pactos de impunidad a fin de desentrañar el rol criminal de la complicidad cívico-empresarial durante el terrorismo de Estado y sus consecuencias en el presente. Considerar que la criminalización de las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima y desigualitaria del Derecho Penal, tan grave como perseguir y hostigar a militantes sociales en su vida cotidiana. Esta expresión tuvo el acompañamiento de los diputados justicialistas, de concertación forja; en tanto, el diputado de Libre del Sur Carlos Martínez formulará un propio texto, y la diputada González del bloque Cambiemos mocionó que quede en cartera.

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