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Cabe destacar que se incorporó en la norma 150 millones de pesos para obras públicas con destino a los pueblos originarios, y 300 millones de pesos que serán destinados a la construcción del edificio Legislativo.
El debate en el Recinto
La diputada Beatriz Bogado fue la encargada de fundamentar el despacho de la Comisión de Hacienda que preside y explicó “se trata de un proyecto autoría en principio del Poder Ejecutivo, que plantea en su artículo primero una autorización para contraer un empréstito por la suma de hasta 4.000 millones de pesos, en ese sentido antes de entrar a detallar el articulado de este proyecto de ley, me parece muy importante contar una parte de la historia, porque prácticamente el 50% de este empréstito, 2.000 millones, van a estar destinados a la cancelación de una deuda salarial con trabajadores cuya nómina figura como anexo, y que de acuerdo al informe del Superior Tribunal son 1342 trabajadores”.
“Me parece muy importante contar la parte de la historia de una deuda, que tiene una condena sobre el estado chaqueño pero que en definitiva, a partir de este endeudamiento es una condena que va a tener que pagar todo el pueblo del Chaco, y acá hay una responsabilidad política y administrativa, y hay también responsabilidades de los organismos de contralor” sostuvo Bogado, “esa deuda se origina en la resolución 858 del Superior Tribunal de Justicia que fue dictada el 12 de noviembre del año 1991, en ese momento formaban parte del superior tribunal de justicia de Chaco los ministros doctora María Luisa Lucas, doctor Juan del Carmen Zima, doctor Guillermo Mendoza, doctor Aquiles Sotelo y el voto en disidencia del doctor Héctor Toledo”.
“Por medio de esta decisión administrativa –recordó la diputada- se incorporó un suplemento no remunerativo que abarcó a magistrados, funcionarios, personal jerárquico y personal técnico administrativo hasta el nivel del jefe de despacho, no respetando en estos casos la porcentualidad que planteaba la vigente ley provincial 2895, que establece un régimen remunerativo de porcentualidad conocida como la ley de enganche. Esa definición de superior tribunal genera dos vertientes de reclamo, un reclamo por diferencias salariales de aquellos magistrados y funcionarios hasta el cargo de jefe de despacho a quiénes se les dio una porcentualidad de ese incremento distinta a la porcentualidad que planteaba la ley de enganche; y por otro lado un reclamo por reconocimiento total del concepto de todos aquellos trabajadores que directamente fueron excluidos de ese incremento”.
La legisladora hizo un racconto del recorrido de las causas llegando “a la sentencia definitiva en la causa que encabezó el reclamo que es la ‘causa Müller’ el 9 de febrero del año 2009, y consecuentemente a partir de este febrero del año 2009 fueron teniendo eco las demás causas en sentido favorable. Lo cierto es que todos preveíamos las consecuencias que iban a tener sobre todo porque también hubo otra causa que tuvo el mismo final y la misma definición esta Cámara de Diputados de un endeudamiento para poder abonar esa deuda”.
Se refirió a “la ley 6151 que es una ley que tiene mucha importancia en esta causa, y es citada en la sentencia que se dicta en el año 2009, fue sancionada el 11 febrero del año 2008 y plantea un incremento salarial para el sector judicial y para el tribunal electoral, y blanquea o incorpora este reclamo por la diferencia salarial generada en el año ’91; la importancia de esta ley es que al haber trasladado a todo el personal judicial conforme a los criterios generales de la ley provincial 2895 el efecto inmediato que se desprende es que los reclamos de capital se calculan desde la vigencia de la reprochada resolución 858/91 hasta la vigencia de la ley 6151”.
Resaltó que “ese proyecto de ley fue propiciado por nuestro compañero de bancada el diputado Ricardo Sánchez y el diputado mandato cumplido Oscar Mateo Raffín, y en relación con estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad política, hay que destacar que hoy estamos hablando de una deuda que rondaría los dos mil millones de pesos y si esta ley del año 2008 no hubiera reconocido este reclamo de los trabajadores judiciales la cifra de la que hoy estaríamos hablando sería mucho mayor”.
Desde el interbloque Cambiemos el diputado Livio Gutiérrez pidió la incorporación a la discusión del proyecto 1404/16 “haciendo una síntesis entendemos que hay que clarificar que evidentemente estamos en una situación especial, ya que no solo faltó en el proyecto original la precisión de mecanismos de contralor, me parece además que no estaríamos ante esta situación tan compleja hoy si hubiéramos empezado a pagar 200 o 300 millones de pesos en el año 2014, 2015, 2016; de hecho hoy para la provincia pagar 200 millones equivale al 10% del ingreso coparticipable de un solo mes”.
“Entonces aclaremos primero también que hubo falta de previsibilidad –aseguró- quizás hay cuestiones que no las conocemos bien y que hoy complican la caja de todos los chaqueños, y también hay que hablar de que tenemos que tener garantías constitucionales, una de las diferencias que tiene nuestro proyecto con el del oficialismo es que la Constitución habla en su artículo 63 de la ‘determinación concreta de los objetivos de la operación’ por eso nosotros especificamos 1800 millones para sentencias de trabajadores judiciales, hasta 150 millones para las sentencias eventuales del tribunal de cuentas, afrontar el pago correspondientes a deuda del estado provincial con los municipios hasta 200 millones, etc. de esta forma estamos cumpliendo el mandato Constitucional que exige qué objetivos van a tener los bienes el crédito que se va a tomar”.
Además, sostuvo que “nuestro bloque ha mantenido desde un principio que todo lo que tenga que ver con deudas del sector judicial o deudas judiciales del tribunal de cuentas se pague en pesos y nuestro proyecto contiene esa especificación, de acuerdo a la Constitución que en su artículo 76 sostiene que la ley no podrá disponer quitas, esperas o remisión de pagos que no fueren con moneda de curso legal”.
“Por eso mismo nosotros vamos a discutir este empréstito de los 4 mil millones en tanto y en cuanto podamos dar nuestra opinión a quienes han confiado en endeudar la provincia, hay que decirle a la gente que nos vamos a endeudar por dos meses, la provincia recibe dos mil millones por mes y vamos a endeudarnos dos meses es decir vamos a restar dos meses de nuestros próximos ejercicios financieros de esta actual gestión, por eso mismo este tema exige un debate” aseguró Gutiérrez.
El diputado Orlando Charole, en defensa de los intereses de las comunidades indígenas reclamó la inclusión de los 150 millones de pesos, que el gobernador Domingo Peppo, prometió en Juan José Castelli para obras públicas y específicamente para construcción de viviendas, ese dinero sostuvo “es necesario para los hermanos originarios” y observó “si no se coloca en la ley, será una discriminación inexplicable” justificó a la par que solicitó a la diputada Claudia González se sume al reclamo.
A su turno la diputada Claudia González, precisó que: “analizamos los proyectos, y si bien Charole es de un partido político y yo de otro, cuando se trata de nuestros hermanos originarios, vamos a estar de acuerdo, acompaño la moción de que se incorpore estos 150 millones para las comunidades originarias”.
Más allá de eso observó: “nuestra institución madre el IDACH se durmió, para que no se haya incorporado un artículo para los pueblos originarios, están las obras paralizadas” tras lo cual detalló que las obras de las viviendas del Barrio “Toba” aún no están terminadas y reprochó que muchos habitantes aún no pueden volver a sus casas, además remarcó que en el barrio “Cacique Pelayo” están paralizadas las obras cloacales, y en el barrio “Mapic” paralizadas la pavimentación de las calles, generando accesos anegados por el agua. Así argumento a favor de la inclusión de los 150 millones para obra pública destinada a los pueblos indígenas.
Desde el bloque Frente Grande su titular el diputado Daniel Trabalón manifestó su “voluntad política” de acompañar la sanción de esta ley para que el Ejecutivo contraiga un crédito de 4 mil millones, no obstante reprochó que “no hemos participado de los acuerdos alcanzados entre legisladores provinciales, el senador Rozas y el gobernador de la Provincia” y detalló que lo que se ha solicitado originalmente “se ha modificado sustancialmente a la mitad” , por otra parte aclaró que “algunas cuestiones las compartimos, en otras tenemos una mirada distinta” y recordó que en el 2015 se aprobó una ley de emergencia, en razón de que hubo embargos sobre los fondos públicos, sin dejar de reconocer que la deuda con los judiciales es de vieja data y es legítima, sostuvo Trabalón.
Según el legislador otra cuestión apuntaba a la obra pública, y que surjan las prioridades de los municipios, conforme a la ley 3898 que establece el índice de distribución de los fondos municipales, también consideró oportuno un fondo con destino especial a cancelar las deudas de expropiación, en lo relativo a la obra pública consideró muy importante ya que permitiría reactivar el trabajo de los obreros de la construcción, y que en ese marco se contemple a las cooperativas.
Por último mocionó un mecanismo de participación, seguimiento y control, de cada uno de los bloques, para que se puedan pedir informes y convocar a los distintos involucrados con el propósito de ir verificando el cumplimiento del destino de los fondos.
El diputado Carlos Martínez del Bloque Libres del Sur, adelantó su acompañamiento aclarando que “siempre he acompañado autorizaciones de empréstitos, con estudios y responsabilidad de todos los legisladores, es tan importante la toma de un crédito que la Constitución fija una categoría de 2/3 como requisito, es una operación financiera, un recurso que ingresa al Estado Provincial, para subsanar un desequilibrio, es una oportunidad para mejorar una coyuntura” señaló respecto a las sentencias judiciales, que “es una situación heredada” dijo pasando a examinar las responsabilidades, al respecto precisó que “no se trata de una decisión política” que está en el ámbito de lo discrecional, sino que “se trata del incumplimiento de una ley” del máximo órgano judicial chaqueño, en razón de que la ley 2895 establecía el mecanismo por el cual se debía ajustar los sueldos del Poder Judicial, aumento que debían trasladarlos a los funcionarios y empleados judiciales.
Destacó que no es “agradable”, autorizar un crédito para saldar una deuda, por el incumplimiento de una ley y resumió “quiero recordar a los responsables, a los que no están, y a los que están como la doctora Lucas, son 2 mil millones que le quitamos a la salud, a la educación del Chaco, y que una magistrada salga a reivindicar una conducta aparatada de la ley, le hizo un daño tremendo a la sociedad chaqueña” reprobó el legislador recordando los dichos de la Presidenta del Poder Judicial a un periodista.
También coincidió que la obra pública es muy importante para reactivar la economía provincial y de los municipios.
Finalmente observó que en la redacción original no se contemplaba los fondos para el edificio legislativo, y se sumó a la propuesta del Frente Grande de no excluir del control y seguimiento a los bloques unipersonales.
Ricardo Sánchez expresó su conformidad “con lo que vamos a aprobar en el día de hoy a pesar de que es la mitad de lo que había solicitado el Gobernador en su proyecto original, seguramente estará el compromiso de que en un segundo tramo podamos plantear más dinero para la obra pública ya que de estos cuatro mil millones solamente 1850 son los destinados a ese fin y seguramente con ese dinero no vamos a recuperar los niveles de ocupación a los que hacía referencia el diputado Trabalón en su intervención”
“Hubo algunos planteos a los que desde nuestro bloque vamos hacer lugar –aclaró- en orden a esta asignación especifica dentro de la ley con destino a nuestros pueblos originarios, es cierto que el gobernador estuvo el día sábado en Castelli donde ratifico públicamente lo que nos había manifestado personalmente en reunión de bloque y el compromiso hecho ante el bloque radical que son cuanto menos 150 millones de pesos los que van a ser destinados a obras para los pueblos originarios; y también una buena noticia para los legislativos que es la incorporación específica de 300 millones de pesos que van a ser destinados por fin a nuestro edificio”.
“Yendo al artículo 63 de la Constitución al que hacia referencia el diputado Gutiérrez decirle que en el tema de los recursos esta claro que son 2150 millones para atender distintas deudas y 1850 millones con destino a obra pública, y con respecto al objetivo de determinación concreta de la operación ya entraremos en el tratamiento particular lo que es nuestro artículo quinto que especificará cuáles son en cada uno de los incisos las atenciones concretas”.
“Dentro de ello –señaló- la principal deuda lamentablemente es la de la resolución 858/91, donde adhiero a los dichos del diputado Martínez que todavía uno tiene que tolerar que quien está al frente del Poder Judicial de la provincia sea responsable directa de que hoy todos los chaqueños tengamos que endeudarnos en 2 mil millones de pesos para pagar aquella afrenta a la ley, y no estoy hablando aquí de los empleados judiciales porque ellos son víctimas de esta situación” puntualizó y sugirió “que tomemos como base el proyecto del radicalismo que es el proyecto 1404 y sobre esa base poder ir acordando algunas modificaciones”.
El diputado Pablo Curín observó “mucho se ha hablado y en los medios quizás estuvo instalada en estos últimos días la idea de que era una cuestión hasta caprichosa de nosotros algunos diputados que nos negábamos a acompañar al Ejecutivo provincial en esta toma de crédito que iba a venir a solucionar todos los problemas que conocemos que existen en la provincia; siempre hemos dicho que trataremos de ser serios y responsables en el tratamiento de los temas, y ya en una reunión con el gobernador hace tres meses atrás en Pampa del Infierno yo le planteaba algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la construcción de viviendas inconclusas, con programas que algunos han comenzado hace 8 años otros 5 otros 7, el ejemplo concreto es el de mi localidad de Concepción del Bermejo donde existen 175 unidades habitacionales sin terminar, y la verdad que no he obtenido una respuesta concreta”.
En ese sentido, observó que “como dijo el diputado Martínez queremos ser parte de la solución y no del problema, pero el dinero no es que se va y se lo busca como mercadería en un supermercado, tampoco es dinero de regalo, esto el pueblo del Chaco lo va a tener que pagar y hay que ver con qué tasa de interés, coincido en que es necesario pero también entiendo que tenemos que todos acompañar y de alguna manera monitorear y ser responsables de que ese dinero se invierta de la mejor manera, que signifique vivienda qué signifique empleo”.
Carim Peche destacó lo expresado por Gutiérrez respecto a la preeminencia de la Constitución y agregó “en el tema de créditos, no para entrar en chicanas pero hay algo que quiero compartir, cuando nosotros hablamos con el señor Gobernador se hablaban de los 8 mil millones donde no se especificaba en la ley pero el Ministro de Economía nos decía que 800 millones de pesos se iban a destinar a pagar la deuda de Secheep con CAMESA, a nosotros usuarios comunes si no pagamos la boleta bimestral nos cortan el servicio, entonces dónde está la recaudación”.
Seguidamente planteó “nos mencionaron también la necesidad de pagar seguros de vida cuando a los trabajadores todos los meses nos descuentan ese concepto, y hago esta reflexión: hasta el 10 de diciembre estábamos todos bien, con récord de recaudación, entonces o vivimos todos estos años del relato o este Gobernador en cuatro meses nos llevó a la situación que estamos, acá algo pasó”.
“Vamos a aprobar el crédito –adelantó- porque coincidimos en que lo que genera mano de obra más rápidamente es la construcción, en esto no hay duda, y segundo porque parte de las obras públicas van destinadas a nuestros intendentes, y tercero porque me parece que es lo que vienen reclamando diferentes sectores; pero hay que aclarar que la obra pública viene parada desde junio del año pasado, no es de ahora, y el gobierno nacional envió más de 700 millones de pesos para pagar las deudas que había dejado la Ex Presidenta en la provincia del Chaco”.
Hugo Sager destacó que “el debate que estamos realizando en definitiva va a concluir en el apoyo mayoritario de quienes conformamos esta Cámara pero que es producto de un proceso que se inició allá por el 12 y 13 de diciembre donde las cuentas públicas de nuestra provincia comenzaron a ser embargadas producto de algo que aquí se ha transmitido y que obligó al poder ejecutivo a solicitarnos el apoyo para tener una ley de emergencia”.
“De aquella fecha a los primeros días de este año, más concretamente al primero de marzo donde el Gobernador estuvo en la Legislatura algo pasó, y a esa situación hay que incorporarle lo que tiene que ver con la actitud del gobierno nacional que impactó negativamente en los trabajadores de la construcción, mientras tanto hay que dar respuesta y eso es la que pretendió el Gobernador con el proyecto que presentó originalmente de los cuales 3500 millones de pesos estaban destinado a la reactivación de la obra pública”.
Agradeció “la predisposición de miembros de la oposición, me hubiera gustado hacerlo con mayor rapidez y haber tenido la totalidad de ese crédito, no obstante me quedo con la satisfacción de decir que hemos encontrado consenso y de que vamos a seguir trabajando para dotar de las herramientas que nuestro gobierno necesita, que la sociedad chaqueña necesita y que los trabajadores necesitan que esta Legislatura otorgue”.
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