Además se determina que la Comisión de Derechos Humanos establecerá un cronograma de trabajo en el que se invitarán a las áreas pertinentes de las carteras y poderes mencionados en el apartado 1) para debatir propuestas y un plan de acción para la modificación de prácticas que pudieran involucrar violencia institucional contra las mujeres (art 5° y 6° Ley 26.485), que involucren la efectiva aplicación de las leyes vigentes y de ser necesario la modificación de las mismas.
Finalmente se reafirma el compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia.
La propuesta firmaron los diputados Orlando Charole, junto con sus pares Héctor Vega, Ana María Canata, Raúl Acosta, Carlos Martinez y Daniel Trabalon.
Los legisladores observaron que desde el inicio de este año se recibieron varias denuncias en el seno de la Comisión de Derechos Humanos que dan cuenta de casos de violencia institucional ejercida sobre mujeres y sus familias. “Estas presentaciones son una muestra de la realidad que atraviesa una mujer en situación de violencia en ámbitos como el poder judicial y el ejecutivo” afirman y consideran que “ellas utilizan las leyes que esta Legislatura ha sancionado pero se encuentran con prácticas burocráticas que frustran los derechos y garantías allí estipuladas”, por eso, aseguran “es nuestro deber velar por el cumplimiento de estas leyes y creemos que debemos generar un ámbito de articulación de esfuerzos”, entendiendo que “la violencia ejercida sobre las mujeres responde a una cultura machista que nos viene de siglos y que necesita ser abordada desde esa complejidad pero con el firme compromiso de generar acciones concretas que vayan desarmándola” plantearon como parte de los fundamentos.
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