Además se determina que se remita – una vez aprobada la resolución - al Poder Ejecutivo Provincial, al Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), al Instituto de Colonización; al Ministerio de Desarrollo Social y al Superior Tribunal de Justicia.-
La iniciativa fue presentada por el diputado justicialista Orlando Charole, con el acompañamiento del Vicepresidente 1ro. Raúl Acosta y Daniel Trabalon.
Se fundamenta esta resolución en que actualmente la justicia se encuentra resolviendo el planteamiento de inconstitucionalidad de los Decretos N° 3252/15; N° 3253/15; N° 3256/15; N° 3257/15; N° 3258/15 y Decreto N° 3262/15 en la causa que tramita por el Juzgado Civil y Comercial N° 6 caratulada "Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) y pueblos indígenas qom, wichi y mocoví c/ Gobierno de la provincia del Chaco y/o quien resulte responsable s/ acción de amparo", Expte. Nro 454/07.
Charole señala que “este planteamiento nace a raíz de considerar estos decretos inconstitucionales por ser violatorios de la Constitución Provincial, el Convenio 169 de la OIT, el acta acuerdo firmada entre el Gobierno Provincial y el Presidente del IDACH en el año 2006 y la sentencia N° 599 dictada en la mencionada causa, la cual en su parte pertinente establece ´hacer lugar a la acción de amparo´, promovida por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH.) y Pueblos Indígenas qom, wichi y mocoví, ordenando al Gobierno de la Provincia del Chaco a que, a través de sus órganos pertinentes, de conformidad a la distribución constitucional y legal de organización y ejercicio del poder público arbitre los recaudos a fin de dar estricto e inmediato cumplimiento a lo prescripto por el art. 37 de la Constitución Provincial, 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la O.I.T. y al Acta Acuerdo celebrada con la demandante en fecha 19/08/2006, en la forma y con los alcances dispuestos en los considerandos, debiendo informarse concretamente a esta jurisdicción, de manera documentada, cada una de las medidas que se adoptarán a tal fin en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente”..
“En ese sentido – asegura - los actos impugnados “NO” respetarían, garantizarían, ni tutelarían en forma efectiva los derechos de los pueblos originarios (Propiedad Comunitaria Indígena)”.
“Estas disposiciones administrativas mencionadas, se fundan en el supuesto cumplimiento de la sentencia recaída la causa mencionada, cuando en realidad; esta ordena precisamente la relocalización de los criollos fuera de los límites de la reserva, más la adjudicación y titularización de dichas tierras a las tres -3- etnias reconocidas en la provincia” sostiene el legislador.
No obstante ello; “existe un grave perjuicio que sufren las comunidades Indígenas y criollas por la gran incertidumbre respecto a los efectos que estos actos puedan producir; existiendo el riesgo de un daño extremo e irreparable” plantea Charole y es por eso que “hasta tanto no se resuelva la cuestión judicial de fondo y a fin de evitar que se produzca un daño irreparable, tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades criollas que habitan el lugar, es que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente resolución” argumentó el diputado Orlando Charole.
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