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Una de las audiencias concedidas por los diputados fue al secretario general del gremio docente Federación SITECH Eduardo Mijno. El dirigente planteó la situación especial de los docentes de Wichi-El Pintado, el perfeccionamiento a través de Postítulos dictados por Sindicatos y otras instituciones, que “constituyen un negocio, desvirtuando la carrera docente, poniendo en situación de desigualdad a los colegas ante la situación de competencia”; “la transformación del Ciclo Orientado, con competencia de título decidida unilateralmente por el Ministerio de Educación, a través de la resolución N° 2794, sin la participación de los gremios representativos y de los docentes, y la falta de respuesta por parte de la Ministra de la cartera educativa en brindar información a este Sindicato, sobre los Proyectos Especiales, UEPGS y UEGP, de lo que se solicitó la información de su implementación”.
Los diputados escucharon los planteos, se interiorizarán sobre los mismos, lo analizarán, tomando conocimiento de los aportes expuestos por el sindicato Federación Sitech.
Luego los diputados recibieron y escucharon al arquitecto Germán Soto. El profesional explicó los alcances del PL 1672/18 presentado por la diputada Carina Batalla, que fue girado a esta comisión y sobre el cual solicitaron oportunamente informes a los Ministerios de Educación y de Hacienda para que emitan opinión, respuesta que esperan para una definición.
El proyecto de ley refiere al Fondo Especial para Proyectos Educativos Innovadores que son procesos de participación de equipos docentes con base colaborativa acorde a la tendencia internacional y vinculadas a las necesidades inmediatas del estudiante con miras al año 2030 en el marco de la “Declaración de Incheon” para la realización del Desarrollo Sostenible en materia educativa. “La presente Ley tiene como objeto garantizar un marco de referencia con los líderes asociados, actores gubernamentales, de la sociedad civil y del sector empresario a los efectos de contextualizar las estrategias de acuerdo con la particularidad de cada provincia teniendo en cuenta su idiosincrasia y perfil productivo vinculado a las políticas de desarrollo de los estados provinciales y el nacional”. Son sus objetivos: fomentar e incentivar la actividad participativa de equipos docentes en aras de lograr satisfacer las necesidades inmediatas de los educandos con miras al año 2030.
La diputada Batalla autora de la iniciativa sostiene que “la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Para hacer realidad este derecho, los países deben garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusivos y equitativos de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. La educación deberá tener por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad humana y promover el entendimiento mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz”.
Además agrega que “la educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado. La educación es una causa común de la sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas públicas. La sociedad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños cumplen todos funciones clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. La participación del Estado es esencial para establecer y regular estándares y normas”. Indica además que “la educación es un factor inclusivo y crucial para promover la democracia y los derechos humanos y afianzar la ciudadanía mundial, la tolerancia y el compromiso cívico, así como el desarrollo sostenible. La educación facilitará el diálogo intercultural y promoverá el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, como valores vitales para la cohesión social y la justicia” se explicó.
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