Respecto a esta normativa, la presidenta del Poder Legislativo, Elida Cuesta, explicó que "en el tema del régimen penal de menores de edad, la Justicia se se ocupaba únicamente de la cuestión de estos, pero se olvidaba de las víctimas, por lo cual creo que hay que atender ambas circunstancias y este código tiene que ser una herramienta importante para asumir responsabilidades".
El cuerpo normativo contempla, más allá de los actos procesales, principios y deberes que debe respetar el Poder Judicial, el derecho que tiene todo adolescente con la ley penal, que se resguarde su intimidad, valorar los elementos de pruebas, nombrar abogado, medidas de competencia penal con claridad conceptual, medidas de protección y orientación para el adolescente en conflicto.
La imputabilidad es a partir de los 16 años y en este caso el Código contempla el proceso penal de todo adolescente con 16 años y menor de 18, es decir, 16 y 17 años, que a su vez tiene un marco nacional establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley Nº 22278. La ley busca reinsertar al menor de edad en la sociedad, con todos los problemas que tiene hoy la delincuencia juvenil, asociada muchas veces al consumo de estupefacientes.
El Estado es el que debe garantizar la inclusión de los jóvenes a través de políticas públicas, ya que todo joven tiene un proyecto de vida, nadie nace para violar la ley, y ese proyecto mucha veces se ve frustrado, no poder ir a la escuela, tener salud, por ello en los presupuestos deben garantizarse los recursos para estas políticas y cuando el Estado no da respuesta esta debe venir de la sociedad.
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