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El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2015, en el paraje Alto La Sierra, en la frontera Argentina con Bolivia y Paraguay y la denuncia fue radicada por la madre de la víctima, según quien su hija salió esa tarde y no tuvo noticias de ella hasta el día siguiente, cuando fue hallada desvanecida, en una cancha de fútbol, y lesionada debido a un ataque sexual. El caso tomó notoriedad en mayo de 2016, cuando se supo que la niña estaba embarazada, aunque una junta médica realizada en el Hospital Materno Infantil, de la capital salteña, decidió interrumpir la gestación.
El tribunal, integrado por los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Chehda y Ricardo Martoccia, condenó a Jorge Salas, Juan Domingo Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias y Luis Fernando Lamas, a la pena de 17 años de prisión efectiva. Los jueces consideraron que los hombres fueron penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor mediando violencia, aprovechándose de la falta y libre consentimiento en el ámbito de violencia de género calificado por el número de personas y agravado por la intervención de menores de 18 años, todos en grado de coautores. Tanto, los magistrados declararon responsables penalmente a los dos menores imputados en el juicio, de los cuales uno fue declarado en rebeldía el jueves pasado, cuando no se presentó a la audiencia del juicio en los tribunales provinciales de la ciudad de Tartagal.
Un noveno imputado, que también es menor de edad, fue declarado en rebeldía durante la primera jornada del juicio, debido a que nunca se presentó en la sala de audiencias desde el 19 de febrero pasado, cuando comenzó el debate oral y público por este caso.
Las actuaciones en este caso serán remitidas a la jueza de Menores respectiva, mientras que los mayores fueron trasladados a la Unidad Carcelaria de Tartagal, donde permanecerán alojados. La audiencia de este lunes comenzó con los alegatos, y el primero en exponer fue el representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Cabot, quien solicitó la imposición de 17 años de prisión para los imputados mayores y que los menores sean declarados penalmente responsables.
La Asesora de Menores 2, Eugenia Hernández, pidió 20 años de prisión para los adultos y la declaración de responsabilidad para los menores, quien destacó durante su alegato que "es la primera vez que un tribunal argentino se expide sobre una agresión sexual con la modalidad de manada".
El juicio se resolvió en tiempo récord. El Estado fue querellante con una defensora de violencia de género, resguardo siempre a los menores de esta historia (víctima y acusadores), dispuso de una interprete wichí –español ya que no siempre sucede, aunque corresponda y resulte evidente en un entorno plurilingüe y difundió las audiencias a través de las redes sociales. Los jueces emitieron un fallo reparador, enmarcado en la “violencia de género”.-
La sala de juicios encontró a wichís con “chaqueños”, como llaman a sus vecinos no indígenas.
Cuando la sentencia quede firme, todos los condenados engrosaran el Registro Nacional de violadores, una base de datos reservada con perfiles genéticos.
"Cerrar esa cicatriz quizás sea el desafío de un pueblo pobre donde la vida cotidiana es dura y la grieta étnica muy profunda". Remarcó
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