13/09/2019

Charole Impulsa una Ley para Declarar la Emergencia Alimentaria en el Chaco

La Diputada Provincial del Chaco Profesora Andrea Charole presentó en la Legislatura recientemente un proyecto de Ley N° 3641/2019, que busca Declarar la Emergencia Alimentaria Y Nutricional en Todo el Ámbito de la Provincia DE Chaco, el cual se encuentra afectado por la crisis social y económica, con el fin de priorizar medidas de políticas públicas basados en los principios de calidad, equidad y eficiencia, en el tratamiento y seguimiento para mejorar los procesos y resultados de las actividades alimentarias que se realizan en el ámbito del desarrollo social en articulación con el resto de los demás actores que intervienen en esta problemática.

El proyecto de la legisladora busca garantizar la alimentación de la población considerada más vulnerables o en riesgo de subsistencia, que incluye a los niños menores de 16 años, como así también a nuestros ancianos.


FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY


Es imprescindible declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional en todo el ámbito de la Provincia del Chaco, que consiste en partidas presupuestales extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional y garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de la provincia a lo largo y ancho de todo el territorio.
Se debe declarar la Emergencia en virtud del crecimiento de la pobreza y la superpoblación que hay, tanto de padres como de nenes, en los comedores comunitarios o escuelas, en donde asisten por un plato de comida.
La última vez que se aplicó en nuestro país fue con la crisis de 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002.

Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre  pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2018, elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), colocan al Chaco en el segundo lugar al tope de provincias con mayor incidencia de pobres e indigentes.

La proporción de personas pobres por ingresos trepó a un vergonzoso 41,38%. Ese dañino fenómeno social se produjo porque el Estado, que es el gran empleador, aunque también el sector privado, dispusieron el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El de los trabajadores públicos fue el más intenso y se desarrolló a través del mecanismo de ajuste por inflación. En los años 2017 y 2018 las insuficientes  recomposiciones salariales generaron la pérdida del 50 % del valor real de los sueldos tomándose en cuenta los que estaban vigentes en 2016 y la inflación acumulada en ese período 2017/2018.
Por ejemplo, en el conglomerado urbano del Gran Resistencia la incidencia de la pobreza se calcula en 160.409 personas. Son las que viven por debajo de la línea de pobreza,  que no pueden financiar el valor de la canasta básica familiar, sobre un total  poblacional de 387.617 habitantes.

En cuanto a la población más pobre, que son los indigentes, el porcentaje es del 10,6%. Esto significa que en Resistencia existen 41.184 personas que sobreviven sin poder financiar la canasta alimentaria básica, que constituye la línea de indigencia.
Según los datos del propio INDEC, se puede estimar que existe un total de 490.000 personas pobres, y de estas 125.130 son indigentes.
Como ya se señaló, que entre 2016 y 2018, resulta indiscutible que la pobreza creció el 6,9%, o sea que solamente en los dos últimos años más de 80.000 personas pasaron a ser pobres.
Como dato de contraste, la media de la pobreza a nivel nacional arrojó el 32% de personas pobres por ingresos, de las cuales el 6,7% son indigentes, de manera que Chaco tiene una pobreza relativa mayor de 9,38 % y de indigencia es de 3,9 %. Este dato revelador marca el profundo empobrecimiento de la población chaqueña, como también la mayor velocidad que la media en la caída de la población por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia. Este fenómeno es el que marca y pone en evidencia la responsabilidad del actual gobierno provincial, lo que no significa que los anteriores hubieran gobernado aceptablemente.
La ley tiene como finalidad garantizar la alimentación de la población considerada más vulnerable, que incluye a los nenes y nenas menores de 16 años, como así también los ancianos que fueron abandonados o en situación de calle.
El objetivo es la correcta distribución de las partidas para fortalecer la asistencia a merenderos y comedores comunitarios.

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