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Para ello se modificó la ley 850-J (antes ley 4209) incorporando el artículo 44º Bis: Ofensa personal a trabajadores de la Educación dentro del Establecimiento Educativo, cuyo texto establece: “si el padre, tutor, curador o persona que alegare parentesco de un alumno, hostigue, maltrate, menosprecie, insulte, perturbe emocional e intelectualmente o de cualquier otro modo ofendan a un trabajador de la educación dentro del establecimiento educativo, sea público o privado será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos, vital y móvil o arresto de hasta 10 días. Las sanciones previstas se elevarán al doble en su mínimo y máximo cuando las contravenciones se cometieran frente o en presencia de los alumnos.
Responsabilidad indirecta de los padres, tutores y curadores: Cuando un alumno menor de edad agreda en forma personal y directa con insultos, mofas o señas, que impliquen un agravio a personal directivo, docente y no docente de los establecimientos educativos de gestión pública y/o privada, en razón de su cargo, y siempre que el hecho no constituyere un delito, sus padres, tutores y curadores serán sancionados con multa desde un o hasta dos salarios mínimos vital y móvil.
Artículo 44 ter: ofensa a personal médico, enfermero, personal de ambulancia o agentes sanitarios, el nuevo texto prevé sanciones para quienes “ofendan o agredan físicamente – sin causar lesiones- y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancias o agentes sanitarios en efectores públicos o privados, serán sancionados con multas de uno y hasta dos salarios mínimos, vital y móvil o arresto desde 8 hasta 12 días”.
Artículo 66 Bis: falta contra trabajadores que cumplan funciones declaradas esenciales por la autoridad pública: serán sancionados con trabajo comunitario de 10 a 30 días o multa equivalente en efectivo de 3.500 pesos hasta 20 mil pesos a toda aquella persona que incurra en actos y/o conductas en contra de la dignidad o que ejerciera violencia verbal o física o intimidación contra trabajadores declarados esenciales por la autoridad pública cuando ellos se fundaran en razón de funciones que desempeñan o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas .
Artículo 68 Bis: Malos tratos contra el personal de la Salud: serán sancionados con arresto de hasta 30 días o multa equivalente en efectivo de hasta dos remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil o la realización de trabajos comunitarios durante los fines de semana, durante el plazo y con el alcance que en cada caso se determine entre el mínimo de un mes y el máximo de 4 meses, las personas que ocasionen o sometan a un trabajador de la salud sea profesional o no y el hecho tenga lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, sea público o privado, o fuera de él, siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo, a malos tratos u hostigamientos físicos o psíquicos, menosprecios, perturbación emocional o intelectual o ejerza actos de violencia física y/o verbal y/o atentados contra el honor o imagen realizado por cualquier medio , siempre que la conducta no encuadre dentro de las normas del Código Penal.
El consenso para la aprobación llegó tras un cuarto intermedio oportunidad en que acordaron dar tratamiento a los proyectos presentados por los diputados Jaime Parra Moreno y Clara Pérez Otazú del bloque Frente Integrador (proyecto 804/2020); otro de la diputada del Bloque Justicialista Jessica Ayala (proyecto 805/2020), se sumó una iniciativa del diputado Livio Gutiérrez (6147/18) y una presentada por la diputada Claudia Panzardi (4833/19).
El titular del bloque Justicialista Juan Manuel Pedrini, planteó el tratamiento conjunto de los Proyectos de ley 804,20 (presentado por los diputados Jaime Parra Moreno y Clara PerezOtazu), y 6147,18 (de Livio Gutiérrez), por tener el mismo objeto legislativo.
El radical Leandro Zdero, adelantó que “hay una redacción conjunta donde los legisladores estuvieron trabajando, y es bueno destacar en estos tiempos donde la pandemia pone a luz, saca las miserias, a ese trabajador que le pone alma, corazón y vida para tratar de salvar vidas, cuando vuelve a su edificio, a su hogar, es atacada, sin saber las horas de cansancio”. “Debemos recuperar ese respeto, el mundo tiene que ver con la cultura del respeto, algo que tenemos que sacar adelante y visibilizarlo”.
Planteó que “este proyecto que habla de la ofensa a los trabajadores de la educación, y que tiene que ver con sacarle la autoridad y el respeto, recuerdo que volver a mi casa e insinuar hablar mal de un docente estaba mal visto, y hoy parece que el mundo es al revés, desde el hogar cuestionamos y ultrajamos al docente y a los trabajadores de la salud”. “Realmente vemos con muy buenos ojos aprobar esta ley”. “Es ponernos al lado de quienes están en la trincha” argumentó Zdero.
Por su parte la diputada Gladis Cristaldo, del bloque Scalabrini Ortiz de Forja, consideró que “en el mismo sentido, la acumulación de las iniciativas 614718 que está en comisión tiene informe favorable del Superior Tribunal de Justicia y abarca a las otras dos iniciativas PL 804,20 y 805,20, el tratamiento en este ámbito corresponde que se haga conjunta, a los efectos de que si se incorpora un artículo nuevo tiene que haber concordancia en su ubicación”, por lo que “anticipo mi voto que pase a comisión los tres proyectos unificados y ver si no hay otra iniciativa a estas tres, a los efectos de su tratamiento conjunto en la comisión respectiva”.
Intervino la diputada justicialista Claudia Panzardi para sumar y que se acumule el PL 4833,19 (de su autoría) “que guarda relación con estos proyecto, sin embargo, voy a solicitar que permanezcan en comisión hasta que tengamos los informes necesarios ya que estamos hablando de modificar el Código de Faltas”
“Merecen todo mi respeto, apoyo y valoración todo el personal de salud, por eso es que también hoy me sumaba con el proyecto de ley tendientes a que mejoren su situación, pero en la provincia no tenemos esa realidad que se ven en otras ciudades más grandes, donde una ley parecida fue sancionada, donde se registran muchos casos de personal del sistema de salud que comparten edificios y que muchas veces trascendieron problemas porque los vecinos tienen temor por el contagio”. “Creo que no es la realidad de la provincia, creo que tenemos un respeto enorme, incluso, se han visto respaldado los médicos, lejos que hayan sufrido escraches, debemos poner en valor el esfuerzo de la provincia y el pueblo para poder superar este mal momento”.
“Hoy estamos apoyando distintos proyectos de ley, iniciativas del gobierno que se ha puesto al frente con aciertos y errores, el esfuerzo de todos los días, no podemos salir con una ley poniendo a la defensiva el pueblo cuando es el pueblo el que pone el pecho a las balas, no estamos en una situación en la provincia que ameriten a que sancionemos esta ley, sí que pidamos los informes” adelantó por lo que propuso “que se pueden acumular y que permanezcan en cartera”.
El radical Alejandro Aradas celebró que se pueda tratar el tema porque “suelo andar mucho por el hospital Perrando” dijo, por lo que enseguida el diputado Pedrini solicitó se “unifique el tratamiento incorporando el proyecto de Panzardi y que se abra la discusión”
Aradas, tomó la palabra para marcar la “la importancia de lo que estamos tratando y de hasta dónde el sistema político lastima al trabajo, y porque digo esto, porque este hecho que sucedió involucra a la guardia del Hospital Perrando”. Contó que “vino un reconocido referente del movimiento social, con un familiar lesionado y a fuerza de gritos y patadas al personal de salud hizo que se lo atienda antes que otros pacientes más graves, a la fuerza y al grito de sabes quién soy yo, la respuesta de la policía fue aún más temerosa, no les conviene hacer denuncia, están relacionados con la política” relató Aradas, por lo que advirtió “espero que no sucedan más estas situaciones y que no nos tengan que contar estas situaciones que a veces el sistema político lastima, acá no hay que esquivarle al bulto pero alguna vez tenemos que empezar a enmendar los errores de la política mal ejercida” sostuvo.
La legisladora Panzardi, tomó la palabra para afirmar “con las disculpas del caso al diputado Aradas, me parce fuera de lugar afirmar algo porque no tenemos prueba para saber si esto sucede o no”. “Me duele que se demonice a los pobres. Soy una agradecida al sistema de salud pero también puedo dar fe que muchas veces tuve que pelear para que atiendan a un pobre, para que hagan una cesárea, cuando uno tiene la responsabilidad y muchas veces uno saca coraje y fuerzas de donde no tiene por lo que no quiero que esto pase en esta situación donde a muchos y muchas les cuesta acceder al sistema de salud. Si esto es verdad constituye un delito, y deberá verse como se tipifica en el código penal. Siempre voy a estar a favor del respeto y a favor de la no violencia” expresó.
Se sumó al debate la diputada Pérez Otazú – del bloque Frente Integrador – quien manifestó desconocer la existencia del proyecto del año 2019 de Panzardi, para luego expresar que “no comparto con lo que dice Panzardi de que no hay registro de hechos de violencias sin registros, no solo en salud sino de violencia de género, no solo en este contexto de pandemia, desde hace años y que no tienen registro, por eso estamos trabajando en un proyecto de observatorio” y luego se refirió con ejemplos y contando testimonios de lo que planteaba.
Luego explicó que “la idea del proyecto es para que de alguna manera con las denuncias, intervenga el juzgado de faltas, estamos en contra de las violencias, en contra todo tipo de personas, teniendo en cuenta el proyecto de Gutiérrez con opinión favorable, no veo porqué poner trabas para que esto no se apruebe” por lo que pidió el acompañamiento “porque la violencia hay que visibilizar, sin trabas” e invitó “a todos y todas a que trabajemos y visibilicemos todas las violencias , no solo para la salud, sino también para la docencia” fundó Pérez Otazú.
La diputada Jessica Ayala, precisó que “esto es todo lo contrario a lo que se dijo, se tiene a proteger a los médicos”. “En este proyecto que existía lleva la demanda de los médicos, no me levanto un día pensando cómo hacer para estar en los medios, esto ha llegado desde los médicos del sistema de salud, no podemos desconocer la violencias, creo que la puesta en valor o no va más allá de cualquier opinión que se pueda hacer, pero creo que este proyecto viene del compromiso de varios legisladores, pero también de una demanda del sector de salud, No podemos legislar sobre el Código Penal, entonces, en el marco de la pandemia poder regular normas contravencionales, no podemos negar las violencias creo que esto apunta a esto, nuevas normas, nuevas contravenciones, creo que por esto merece el acompañamiento de los legisladores y legisladoras, si tenemos esta demanda porque no aprobarla” observó Ayala.
En tanto el diputado radical Gustavo Corradi, tomó de referencia el PL 6147,18 de autoría de su par Gutiérrez “que trabajamos en las comisiones, que tiene un dictamen afirmativo, incorpora nuevos tipos contravencionales” explicó y añadió “muchas veces hemos modificado el Código de Faltas, con la incorporación de tipicidad, tiende a introducir en la sociedad un mayor respeto hacia las autoridades públicas o privadas. Creo que hay que marcar introducir el mayor respeto tanto de los educadores, educandos, miembros de la salud pública o privada, cuando habla del tema de salud, cuando hace a la responsabilidad, es claro, no se a qué se debe tanto la discusión con un proyecto que ya tiene despacho con informe del Superior Tribunal de Justicia (STJ)” refirió Corradi.
En tanto, la diputada Teresa Cubells, sostuvo que “se han mezclado todo, la violencia son delitos, y los delitos están tipificados y tiene un carril y es ahí por donde hay que ir, como mínimo tienen que ir a comisión a ser consultas, estudios y escuchar las voces de todos sobre estas iniciativas”.
“Aquí se ha mezclado mucho, tenemos que separarlo por lo que se ve, nos preocupa porque tiene una mirada punitivista, y que tenga un aval del STJ la verdad que si hablamos de perspectiva de Derechos Humanos, la verdad que es un porcentaje que hay que reconocer que no los tiene las recomendaciones enviadas, la verdad que eso no nos satisface y no nos da la seguridad que vaya por el buen camino, desde el vamos estamos en contra, como mínimo tiene que ir a comisiones” propuso.
Gladis Cristaldo,del bloque Scalabrini Ortiz intervino para indicar que “la pandemia ha puesto en discusión la cuestión de los trabajadores de salud, y de otros que le están poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, destinatario de malos tratos, de no dejar entrar a los edificios, Creo que hay delitos claramente tipificados, de la violencia contra las mujeres que establece todo un procedimiento, estamos hablando acá de conductas de faltas de contravencionales establecidas en el código de faltas, que pasa cuando una persona comete instigamiento contra otra persona” y citó un articulo del Código de Faltas, cuya conducta tiene una sanción y añadió “tenemos que tratar que estos antecedentes vayan a comisión y que tipifiquemos la contravención y le demos el carácter que corresponde, acá le estamos dando una sanción menor, si nos preocupa, es tan repudiable esta actitud, coincido que exagerar la carga punitiva no contribuye a que esa conducta social se modifique, hay que poner esa energía en la educación, trabajar los valores y los principios, la mejor propuesta es reunir todas las iniciativas y que la comisión trate de sacar un despacho unánime” propuso Cristaldo.
Tras el debate, las 4 propuestas se acumularon, se consensuó el texto y se puso a votación que arrojó una mayoría aprobatoria de la norma, con 7 votos negativos.
Ratificaron Decreto que prorroga el Aislamiento Social preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio
La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley Nº 3146 ratificando el decreto que prorroga el del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio del corriente año y paralelamente se ratifica la vigencia de los protocolos de actuación aprobados por el Decreto Provincial N° 488/20 y sus modificatorios N° 540/20 y N° 560/20.
El respaldo contó con los votos positivos del Interbloque Frente Chaqueño, con la abstención de la diputada Teresa Cubells del Frente Grande y negativos del Interbloque Chaco Somos Todos.
La diputada Gladis Cristaldo adelantó su apoyo a la ratificación del decreto en debate y consideró que su aprobación es de “vital importancia”.
Por su parte la diputada Teresa Cubells, adelantó su “abstención”, Manifestó no estar de acuerdo como bloque Frente Grande.
En el mismo sentido se expresó el diputado radicalLeandro Zdero “desde nuestro bloque no vamos a acompañar este decreto, porque no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, falencias respeto del plan, lo que se hizo hoy con la apertura del gobernador, manifestar las necesidades, comenzar a trabajar con los sectores, escuchar. Esperemos que ese camino sea el que prime, nosotros no acompañamos el decreto” adelantó.
El diputado justicialista Juan Manuel Pedrini indicó que “hoy es necesario ir abriendo, tenemos grandes cadenas de supermercados, recaudación record para las grandes cadenas y los pequeños comercios con las puertas cerradas, esto habilitaría a que también puedan ir saliendo lentamente de esta cuarentena tan necesaria, por lo que pido la votación” afirmó Pedrini.
Proponen gestionar medidas rectificatorias para superar la crisis y reconstruir y recuperar el aparato productivo
La Resolución Nº 185/2020 aprobada por el Cuerpo Legislativo “propone a los señores Senadores y Diputados Nacionales, representantes de la Provincia y el Pueblo del Chaco y al señor Gobernador de la Provincia, la necesidad de gestionar e impulsar medidas rectificatorias, complementarias y de nuevas determinaciones soberanas, para superar esta crisis inédita e iniciar el camino de la reconstrucción y recuperación del aparato productivo, con el desarrollo de la Industria Nacional, las Pymes, una agricultura con Agricultores, el apoyo a la Economías Regionales y la Economía Popular, para un desarrollo independiente, donde la ciencia y la técnica favorezca al mismo, para ponernos de pie y para la felicidad de nuestro pueblo. Es un derecho que nos asiste como provincia postergada en el camino de una Reparación Histórica.
Estas son:
a) Para las medidas a adoptar, se deben tener en cuenta la territorialidad de la presencia de la pandemia y los rubros afectados.
b) Las mismas deben ser diferenciales, estratificadas por la capacidad económica financiera de cada sector y para ello arbitrar un manejo directo del Gobierno Nacional, en la determinación de los reales destinatarios que se quieren beneficiar, sin trámites burocráticos. Esto es imprescindible para favorecer a los sectores que realmente no pueden sostenerse y no a los sectores de mayores fortunas del país, como está ocurriendo. El sistema bancario de adjudicación utilizado para las ATP Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo, puede ser reemplazado por Certificaciones del Gobierno Nacional, enviados por Correo a los beneficiarios que el mismo registre en su base de datos, para ser obligatoriamente descontado en cualquier Banco. Esto podría haber beneficiado con el monto destinado actual, a 850 mil pymes con $ 1 millón de pesos. Por lo tanto, debería cambiarse el criterio para cumplimentar el mismo.
c) Teniendo en cuenta la diferencia territorial de infestación del virus, que en orden de números de afectados, se concentra en el AMBA, Chaco, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y que en relación afectados población, en segundo lugar a nuestra provincia, con el mayor índice de letalidad, se muestra imprescindible nuevos aportes, concentrados en estas poblaciones y estratos, con la forma de implementación y beneficiarios, expresado en el punto precedente.
d) Es necesario al mismo tiempo, rever el Sistema Tributario, adoptando el criterio de Capacidad de Pago, estratificando y haciendo diferencial la carga impositiva, reduciendo a la mayoría de la población y cargando a los mayores beneficiarios históricos de los diferentes períodos económicos.
e) En ese camino instrumentar un Impuesto de Emergencia a estos sectores como ocurriera anteriormente, y que posibilitó a la Provincia, recaudar $ 50 millones en el 2013, de afectación directa a los sectores necesitados. Esta fue suspendida con la firma del Pacto Fiscal, exigida por el Gobierno Nacional anterior.
f) En ese sentido, recomendamos apoyar la propuesta llamada Ley que grava las Grandes Fortunas, inspirados en el ejemplo de San Martín, que hizo lo propio para construir y sostener el Ejercito de los Andes para la gesta liberadora.
g) Las deudas se deben pagar, las que se contrajeron violando las normas constitucionales y cuyos fondos fueron utilizados para la especulación y la fuga de capitales, se debe suspender su pago, hasta tanto la Comisión Parlamentaria Investigadora determine la legitimidad de la misma, sus beneficiarios y cumplir con el compromiso de campaña, que la misma no debe pagarse sobre el hambre del pueblo.
h) Rever el costo de la Energía Eléctrica que llega a la provincia, teniendo en cuenta que tiene base dolarizada, sólo comprensible en el objetivo de beneficiar a las Empresas generadoras y prestatarias, vinculadas directamente con el poder del anterior gobierno.
3. Llamamos a la mayoría del pueblo chaqueño, a los que tienen dificultades para llevar un plato de comida todos los días a la mesa familiar, a los desocupados y precarizados, a los profesionales, técnicos y trabajadores de la salud que deben mejorar sus condiciones de trabajo, sus ingresos y finalización de la precariedad, a los trabajadores hoy paralizados, a los que tienen el compromiso de cobrar sus sueldos actualizados por la inflación, a las Pymes de industriales y comerciantes, a profesionales, monotributistas y cuentapropistas, a los pequeños y medianos productores que quieren una agricultura con agricultores, a los Pueblos Originarios con una opresión de más de 500 años, a unirnos en un reclamo Federal de corrección y ajustes de las políticas, para poner al Chaco de Pie, defendiendo nuestra provincia con el Compre Chaqueño, de inicio para la producción de lo que consumimos y defendiendo y estimulando la producción nacional, en una Argentina con un desarrollo independiente, que nos permita dar vuelta el viento, para salir del estancamiento y lograr la felicidad de nuestro pueblo.
La iniciativa partió de los diputados del Interbloque Frente Chaqueño Rodolfo Schwartz, Juan Manuel Pedrini, Juan José Bergia, Gladis Cristaldo, Teresa Cubells, Nicolas Slimel, Elda Insaurralde, Jesica Ayala, Liliana Spoljarik, Nadia García Amud y Claudia Panzardi, son coautores de
La fundamentación estuvo a cargo del diputad Rodolfo Schwarz indicó “los gobiernos nacional y provincial han tomado grandes medidas, y realizado aportes económicos que son importantes pero no alcanzan por lo que es necesario impulsar medidas rectificatorias complementarias, recordemos como empezamos el 2020 con una situación catastróficas en ramas enteras de la producción, desocupación, precarizados, deuda externa record, evasión nunca vista, pero no todos se perjudicaron hubieron grandes beneficiados, los bancos, sojeros, mineras, hay que decir que hace falta hacer ajustes en las medidas adoptadas, las sanitaria para cubrir infraestructura, es necesario respuesta a la situación alimentaria que está creciendo también, es importante el aporte, pero no alcanza” enfatizó.
Además remarcó “es necesario el salvataje económico a pymes, a los campesinos por lo tanto hay un tema fundamental a discutir es que hace falta más plata, no hay fondos de la provincia para pagar el aguinaldo, es una situación grave, por lo tanto esa herencia es como una lápida sobre la Argentina, la deuda externa más rápida contraída en el mundo”.
Sin el respaldo de la oposición, la propuesta logró su aprobación.
Repudian accionar policial de la Comisaría Tercera de Fontana
Las diputadas Gladis Cristaldo del Bloque Scalabrini Ortiz y Teresa Cubells del bloque Frente Grande son coautoras de la resolución Nº 186/2020 aprobada por el Cuerpo Legislativo, a través de la cual expresan profundo repudio y preocupación ante el accionar del personal policial de la Comisaria Tercera de la localidad de Fontana, quienes el domingo 31 de mayo del corriente año en horas de la madrugada ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas, sin poseer la correspondiente orden de allanamiento, mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles ejercidos contra los residentes de la misma, incluyendo delitos contra la integridad sexual.
Paralelamente resaltan que la irrupción citada en esta resolución constituye un claro caso de violencia institucional, que quedo evidenciado en el registro fílmico y fotográfico difundidos por las propias víctimas, sus vecinos y familiares, donde se constata que los agentes policiales irrumpen violentamente en la vivienda familiar, sin mediar orden judicial, ni brindando exposición de motivos de la intervención u otorgando información sobre los derechos y garantías que les asiste y procediendo a la detención de personas menores de edad.
Por otra parte destacan que la denuncia radicada en sede policial por una de las vecinas hace constar que los efectivos policiales se dirigían constantemente con insultos racistas y otros humillantes adjetivos xenófobos por su pertenencia a la etnia Qom; y que en la ampliación de la misma presentación también se denuncian los abusos sexuales citados precedentemente y otras vejaciones producidas en la seccional luego de la aprehensión.
Además solicitan al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad y Justica y demás autoridades y funcionarios que investigan el caso a realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el hecho con la mayor celeridad posible, garantizando el debido acceso a la justicia a las víctimas en especial grado de vulneración, colaborando a recuperar la confianza en las instituciones que deben garantizar la seguridad de la sociedad, y sancionando estas prácticas abusivas y conductas discriminatorias incompatibles con el normal desenvolvimiento de una sociedad pluralista y un estado de derecho con instituciones democráticas, máxime cuando el accionar de las fuerzas de seguridad debe ser en el estricto cumplimiento y respeto de la ley de Seguridad Pública.
Resolvieron también remitir copia de la presente resolución al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a la Fiscalía de Derechos Humanos, y a la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chaco.
En los fundamentos que dieron origen a la resolución aprobada las coautoras señalan que “la presente iniciativa tiene por fin expresar enfático repudio y profunda preocupación ante las graves violaciones de derechos humanos por parte del personal policial de la seccional 3° de la localidad de Fontana, durante la intempestiva y brutal intervención, realizada en horas de la madrugada, en una vivienda del barrio Banderas Argentinas del citado municipio, el pasado domingo 31 de Mayo.
Es necesario resaltar que los familiares denunciaron que todos los detenidos fueron lastimados por personal policial, quienes con impunidad y crueldad los trasladaron hacia la comisaría donde efectuaron torturas y tormentos de todo tipo.
Asimismo, es menester poner de relieve que todo el procedimiento se dio sin orden de allanamiento y que lo agentes utilizaron una inusitada violencia cuando detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo.
Tampoco se debe para por alto que las detenidas denunciaron haber sufrido violencia sexual por parte del personal policial; y que por esta razón se dio intervención al equipo especializado de la Dirección de Violencias que, en conjunto con la Guardia de Derechos Humanos, los cuales concurrieron al domicilio de los damnificados donde se les tomó la denuncia formal, además de ponerse en contacto con la fiscalía en turno y la fiscalía especial en Derechos Humanos.
En el vídeo se puede ver cómo agentes de la policía de la seccional 3° irrumpen violentamente en la vivienda familiar y golpean salvajemente a menores de edad, y personas adultas desarmadas e indefensas. Sin mediar palabra, sin derecho a defensa, sin abogado, golpearon y llevaron detenidos a menores de edad.
Ante este tipo de sucesos es nuestra responsabilidad como legisladores exigir la sanción de los responsables, el cumplimiento de la normativa vigente y el debido acceso a la justicia por parte de las víctimas, como asimismo, que las y los menores golpeados sean revisados por médicos y médicas y se realicen los informes y sumarios pertinentes.
No obstante las declaraciones que han trascendido por parte de las autoridades policiales respecto de que previamente a lo que se puede apreciar en el video difundido, los detenidos se encontraban apedreando la seccional, es imperioso subrayar que no hay ninguna circunstancia y ningún hecho que justifique este accionar violento y el cual constituye un hecho grave de violencia institucional Estatal. Por lo que instamos a la urgente separación del ejercicio de los agentes involucrados y su investigación sumaria para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes corresponda.
Convocatoria popular para el control de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones de Derechos Humanos y la Lucha contra la Violencia Institucional.
Nuevamente, la violencia policial volvió a manifestarse en la localidad de Fontana, donde la policía de la Comisaría Tercera irrumpía en la madrugada del domingo en una vivienda del Barrio Banderas Argentinas sin orden de allanamiento y mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles por parte del personal policial, con posterior traslado de les ciudadanes hacia la comisaría donde, vía informes del Comité obrante, se supo del accionar impartido, incluyendo delitos contra la integridad sexual. Estos vestigios de las peores prácticas aún arraigadas en las instituciones que no se han permeado aun de los principios fundamentales de la vida en democracia nos convoca a instar a los poderes públicos a la investigación urgente y rigurosa de los hechos y sanciones a los responsables administrativos, judiciales y políticos de estos hechos delictivos y reforzar el acompañamiento institucional e integral de las víctimas y sus familias.
Las organizaciones y organismos abajo firmantes, hacemos un llamamiento al Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y al Ejecutivo de la provincia, apelando en este contexto de pandemia y aislamiento social, obligatorio y preventivo, a la voluntad de un cambio urgente de política de seguridad y las fuerzas policiales. Los abusos diarios y el aumento de los niveles de violencia que se ejercen en los barrios populares no forman parte del proyecto político y democrático que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social en pleno contexto de crisis mundial.
Así también, ponernos a disposición del necesario fortalecimiento de los equipos de abordaje a la violencia institucional, como la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y el Comité de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos de la provincia del Chaco, como también el Equipo Interdisciplinario de Atención a las Víctimas de Violencia, y de las acciones resueltas por parte de la Vicegobernadora en la aplicación de Ley Micaela, cuyos esfuerzos deben ser puestos en valor con un fuerte pronunciamiento junto a la investigación y sanción tanto administrativa como judicial de toda práctica violatoria de los derechos civiles, desde una perspectiva reparatoria y atenta a las denuncias y causas sobre estas violencias en los últimos años.
La gravedad que revisten casos como el mencionado, conforma una serie de abusos que pareciera no tener límites ni control sobre las barriadas metropolitanas, por parte de quienes ostentan el monopolio del uso de las armas y la seguridad, mientras las organizaciones ensayan experiencias de cuidado comunitario, ollas y meriendas populares, resulta imperioso la convocatoria inmediata a la participación de las organizaciones del pueblo a reconstruir una política de seguridad pública y democrática basada en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, donde el cuidado, el buen trato y los valores de la democracia que supimos conquistar, sean los ejes vertebradores de un nuevo paradigma de convivencia ciudadana. El diseño de políticas situadas en un territorio de profundas desigualdades sociales, en un tiempo de impostergables transformaciones culturales, políticas con la perspectiva y la trayectoria de un Estado que supo pedir perdón por los crímenes del terrorismo estatal, una Justicia y una sociedad que condenó a cientos de criminales de la humanidad, un Estado que se diera a la tarea de hacer de la Memoria la Verdad y la Justicia, una política reparatoria de la violencia vivida por generaciones anteriores, nos obliga a mancomunar los esfuerzos en la construcción de una sociedad más justa, donde la intolerancia sea hacia la discriminación, la estigmatización, el abuso, la violación de derechos y las violencias, vengan tanto de las instituciones como de la mano de quien obra por fuera de las mismas. La crueldad instituida debe de una vez por todas ser interpelada como sociedad.
La pandemia y las acciones comunitarias demandan de una concreta articulación entre Estado y las organizaciones sociales, como antes lo habíamos manifestado, el instrumento de los comités de emergencia social resulta indispensable para que prime el bien común. Nuestra provincia tiene el deber y el compromiso de sostener, como lo expresara el presidente Alberto Fernández, un Estado que nos cuide, un Estado que proteja y donde la Vida y la comunidad valgan por encima de todas las cosas”.
Este reclamo y profundo repudio por los hechos acontecidos es acompañado por la CTA de les trabajadores- Mujeres Evita-Movimiento Evita- La Cámpora Chaco- UTrE- CTERA- MTD Zona Norte-CANPO- Peronismo Militante- La Scalabrini Ortiz- Mujeres Peronistas con Cristina- Unidos y organizados- FUP Avance Popular Humanidades- La Ana Rubel- Ciencias Económicas- H.I.J.O.S Regional Chaco- Red por la Identidad- Comisión Permanente por los Derechos Humanos- Sindicato Amas de Casa- Asoc. Civil La Portuaria. Diputada Nacional Lucila Masin- Diputada Provincial Gladis Cristaldo- Senadora Nacional María Inés Pilatti Vergara- Cátedra Libre de DDHH Carlos A. Zamudio- Diputada Provincial Tere Cubells- Frente Grande.
Al referirse al tema, el presidente de la comisión de Derechos Humanos Juan Carlos Ayala recordó los sucesos ocurridos el pasado domingo” se trata de una brutal represión de la policía de Fontana queirrumpió en una casa de hermanos, vecinos de la localidad, sin orden de allanamiento, sin derecho, en democracia “cuestionó.
“El gobernador pidió perdón por estos hechos, organizo los foros, tratando de acompañar a los vecinos y muy alejado de todo lo que ha pasado, podemos dar antecedentes que han pasado en la provincia de avances sustanciales en materia de derechos Humanos, medidas de reparación histórica, la creación de comité contra la tortura, la instrumentación del defensor del pueblo, ley de seguridad publica en la fuerza de seguridad, la creación de Ministerio Público de la Defensa, La secretaria de derecho humanos con rango del ministerio, la dirección de salud de los pueblos indígenas, pero todo esto se borra con este accionar de la policía, con esta brutalidad de fontana”.
Desde el Frente Grande la diputada Teresa Cubells acompañando la propuesta, manifestó “ el repudio y vergonzoso accionar de la policía en coalición a los Derechos Humanos, destaco la actuación de la secretaría de Derechos Humanos que solicitó que se aplique el manual de actuación de tarea de Estambul, previo apartamiento de los efectivos actuantes”.
Además la secretaría solicitó “el cese de la difusión de fotos y videos que continúan exponiendo los rostros en los medios de comunicación de quienes fueron víctimas de estos hechos y sobre todo que sea tomado desde el propio estado con perspectiva de género e indigenista es importante tenerlo en cuenta porque se va reformulando al cambio cultural que necesitamos para que no exista más violencia”
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