10/09/2020

Audiencias públicas sobre servicios públicos deberán realizarse cada dieciocho meses

Así lo estableció el cuerpo legislativo al sancionar la modificación del artículo 6º de la Ley Nº 1027- determinando que para el supuesto de convocatoria sobre algún aspecto relacionado a Servicios Públicos, la misma deberá darse obligatoriamente dieciocho meses de celebrada la última. Para ello, el Ejecutivo podrá, por vía reglamentaria, establecer diferentes pautas de convocatoria Cabe señalar que este proyecto fue analizado en el ámbito de la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad.

“La modificación propuesta resulta una adecuación impostergable a la estructura actual de los servicios públicos y el rol que cumplen las audiencias públicas, dentro del esquema administrativo y como un elemento esencial al momento de definir el cuadro tarifario vigente y seguir una línea de coherencia conforme los fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”, fundamentó el poder ejecutivo en el texto original.

Sostuvo que “la periodicidad en la convocatoria a audiencias públicas se encuadra dentro del propósito del proyecto político de fomentar los instrumentos de la democracia participativa y acercar las decisiones gubernamentales a los habitantes de la Provincia. Esta obligación genera un marco de mayor legitimidad en la elaboración de políticas públicas y crean un espacio acorde para instrumentar reestructuraciones tarifarias, delimitar recorridos del transporte público, definir inversiones y establecer prioridades”.

Los fundamentos en el Recinto

Gladis Cristaldo explicó la iniciativa que “tiene que ver con una reforma a la ley 1027-A, más precisamente el punto sexto de la ley, que se refiere a la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo para las audiencias públicas, este proyecto fue analizado en la comisión respectiva y tiene despachos que difieren básicamente en el plazo que se establece para la convocatoria audiencias públicas, entre 18 meses que es lo que propone el proyecto original del Poder Ejecutivo y otro despacho alternativo de no más de 12 meses”.

La diputada Teresa Cubells, autora del segundo despacho, manifestó “nosotros entendemos que una audiencia pública cada 18 meses es un plazo muy largo, entonces propusimos un despacho con un plazo de 12 meses que es el que voy a votar”.

La ley fue aprobada por unanimidad, en particular fue aprobada por mayoría la redacción original del proyecto.

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