Concretamente la propuesta legislativa de aprobarse- prorrogaría por 90 días corridos, con causa en la pandemia COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plazo establecido en la Constitución Provincial, para las rendiciones de cuenta. Si bien este es un plazo que se había prorrogado en mayo de este mismo año. En función del Decreto Provincial Nº 843/20 el Tribunal de Cuentas dictó dispuso un plan de reanudación del funcionamiento jurisdiccional presencial acotado en una primera etapa a Autoridades Superiores y Directores como asimismo al personal cuya función le sea expresamente requerida; vale decir, el tribunal de Cuentas no volvió, a la fecha a su funciona-miento normal detalló el autor. Y además argumentó que Las medidas antes descritas continuaron incidiendo en el regular ejercicio de las funciones de éste Tribunal de Cuentas las que en consecuencia repercutieron en el cómputo y su consumación de los ciento veinte días (120) dispuestos por la ley 3136-A sin que pudiera materializarse el fin propuesto en particular del Ejercicio 2018. En este sentido contribuyó como un obstáculo al cumplimiento del plazo extraordinario previsto por la ley 3136-A la recaudación funcional del Tribunal de Cuentas en el ámbito del sus Fiscalías Relatoras y Fiscalías intervinientes, de su operatoria habitual al que necesariamente tuvieron que adaptar al contexto que impone la pandemia indicó Sager. La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales fue encabezada por el titular de la cartera Gustavo Corradi, y junto a los diputados Claudia Panzardi, Livio Gutiérrez, Juan Carlos Ayala, Alicia Digiuni, Carmen Delgado, Nadia García Amud y Clara Pérez Otazú abordaron y despacharon de manera favorable un proyecto de modificación a la ley de creación del Instituto del Defensor del Pueblo. La propuesta de reforma partió de diputados radicales abarca tanto la metodología de designación, propuesta y perfiles de los encargados de llevar adelante la Defensoría, incorporar el concurso público de antecedente para cubrir el cargo, y para mejorar la figura del Defensor del Pueblo Adjunto en dar mayores respuestas a la ciudadanía y optimizar los recursos que el estado provincial destina, propician darle autonomía y competencias específicas y que no quede su labor dependiendo del titular del Instituto. No negamos que la mayoría parlamentaria participe en la composición de los 2/3 que requiere esta importante elección, pero las propuestas y perfiles de los encargados de llevar adelante el Instituto debe surgir de las fuerzas opositoras y el oficialismo no debe incidir directamente en su elección, si realmente pretende que sea un organismo que defienda los intereses de los chaqueños ante el Estado Provincial explican la fundamentación de una de las modificaciones. Sobre el concurso público de antecedentes en la norma dará garantía de idoneidad para cubrir el cargo y también jugará como garantía del oficialismo de que la persona propuesta garantiza idoneidad, aptitud y compromiso argumentan los autores. Otro proyecto que recibió dictamen unánime por parte de la comisión fue una promovida por el diputado Juan José Bergia tendiente a modificar la Ley 2506-A, en lo que respecta a los datos catastrales de identificación del inmueble. La modificación resulta necesaria para cumplir el objetivo que la norma tuvo en miras al momento de su dictado, lo que significa la transferencia por parte del Estado provincial en favor del Municipio de Colonias Unidas de un inmueble de propiedad del primero, a efectos de ampliar el ejido de dicha Municipalidad. La mencionada ampliación permitirá al municipio regularizar la situación dominial de familias que habitan en dicha zona hace varios años argumenta Bergia.
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