Dictamen favorable en comisión para la creación del Banco de Tierras
Con objeto fortalecer y potenciar el rol del Estado Provincial como ordenador, regulador y promotor de proyectos de desarrollos urbanísticos, territoriales y/o productivos en la Provincia del Chaco, se presentaron diversas iniciativas relacionadas a la creación del Banco de Tierras por legisladores de los diversos bloques políticos, hoy analizadas en el marco de la Comisión de Tierras, recibiendo dictamen favorable de las legisladoras Liliana Spoljaric y Andrea Charole los proyectos que las tienen como autoras, mientras que sus pares Rodolfo Schwartz y Aurelio Díaz propusieron el mantenimiento en cartera.
Por otro lado, la comisión encabezada por el diputado Rodolfo Schwartz (Pte) con quórum de los legisladores Andrea Charole, Aurelio Díaz y Liliana Spoljaric, adelantó su acompañamiento de forma unánime a un proyecto de ley por el que se promueve la declaración de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en el Barrio Don Santiago y Mapic, autoría de los ex legisladores Egidio García y Carlos Martínez. Iniciativa que está compartida con la comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento donde también deberá ser analizada.
Durante el encuentro también se trató un proyecto de por el cual se pretende suspender los desalojos en todo el ámbito de la Provincia del Chaco hasta el cese total de la emergencia pública sanitaria por Covid-19, cualquiera sea la etapa en que se encuentren los procesos judiciales o administrativos. La suspensión -de ser aprobada- incluirá a los ya ordenados que no se hubieran ejecutado. Tras evaluar este tema, los diputados Rodolfo Schwartz y Aurelio Díaz emitieron dictamen a favor y las diputadas Liliana Spoljaric y Andrea Charole firmaron el dictamen proponiendo su mantenimiento en cartera.
Por último, el Presidente la comisión y el representante del Partido Obrero escucharon la opinión de los ciudadanos Laura Cabral y Federico Miño en relación a un proyecto de ley propiciado por el Poder Ejecutivo provincial, cuyo objetivo es la creación con carácter de entidad autárquica del Instituto de Gestión de Tierras, con autarquía económica financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
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