A raíz de una propuesta enviada por el Ejecutivo provincial, se aprobó en la Legislatura la emergencia, que abarca a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil, que tengan reconocida la personería jurídica, con matrícula otorgada por la Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia del Chaco.

 

Dispone la sanción legislativa que  por el periodo del año y que, a la fecha de su promulgación, las OSC que se encontraren adeudando, tratamiento de sus memorias y balances económicos fijados en sus estatutos sociales, ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, más de 3 ejercicios contables tendrán un plazo de 6 meses para regularizar su situación.

 

A su vez determina la creación, en el ámbito de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, un registro de entidades de la sociedad civil conforme los alcances de lo prescripto en el artículo 1º de la presente y cuyo patrimonio no supere los diez salarios mínimos vitales y móviles.

 

Por la emergencia declarada, Crease un Régimen Simplificado de Regularización de Entidades de la Sociedad Civil, autorizando expresamente a la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio como órgano de contralor al dictado de medidas reglamentarias a efecto de su implementación.

 

Además se suspende por un año, la cancelación de las matrículas y/o sanción y/o multa a las asociaciones con Personería Jurídica, que se encontraren incorporadas en el registro de entidades civiles creado, salvo caso debidamente fundado por la autoridad administrativa de contralor.

Eximiendo a estas entidades a abonar tasas para la presentación de la documentación ante dicha Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, como asimismo otorgar la gratuidad en la publicación que realizaren ante el Boletín Oficial de la Provincia previa verificación y autorización de sus balances económicos por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas.

 

El titular del bloque justicialista, Juan Manuel Pedrini explicó que el despacho propone suspender por un año cancelaciones y multas a cualquier tipo de ONG, y eximirlas de la obligación de presentar la documentación ante el registro público de comercio durante un año a partir de la sanción de la presente.