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EL PEDIDO DE DESAFUERO DE MARTÍNEZ PERMANECERÁ EN CARTERA
El diputado Carlos Martínez mocionó una cuestión previa en relación al Expediente 303/14 - nota del Juzgado de Garantías N° 3, donde se solicita su desafuero. Recordó que “hace dos sesiones atrás, cuando yo estaba ausente del Recinto, fui descalificado duramente por un legislador que pidió preferencia de dos sesiones para el tratamiento del expediente de mi desafuero –expresó en relación a lo manifestado por el diputado Rubén Guillón- en la labor parlamentaria anterior a esa sesión se había acordado el pase a la comisión de Asuntos Constitucionales del expediente y el señor Guillón, ignorando esos acuerdos mocionó la preferencia”.
“Afortunadamente” agregó, “uno leyó la ley 4748 y dentro de los plazos correspondientes pude hacer mi descargo, sin embargo no estamos tratando hoy este tema, no por culpa de este legislador que se sometió a la mayoría parlamentaria a pesar de que Guillón dijo barbaridades. Yo hice mi descargo en los términos que marca la ley, se pretendió que no llegara a hacer mi descargo, algunos dijeron que no lo iba a hacer, no es mi culpa que el señor Guillón no haya tenido tiempo en 15 días de leer el expediente, y que no le hayan alcanzado 72 horas para leer mi descargo”.
Sostuvo que “con este legislador no obraron con buena fe y con lealtad, porque si hubiésemos acordado tratar este tema en la sesión del 11 yo hubiese estado sentado acá; no entiendo a los improvisados, a los irresponsables, que no tienen seriedad para tratar algo tan grave como el pedido de desafuero de un legislador”. Y añadió “estas cuestiones me indignan, pero me fortalecen y me retroalimentan, me fortalezco con los ataques de los autoritarios”.
Finalmente, pidió “pongámonos al nivel que requiere la Institución que estamos representando y resolvamos esta cuestión, sospecho que se encubre en realidad con este procedimiento el objetivo político de desplazar a este legislador que hizo de la lucha contra la corrupción una de las banderas fundamentales, comparto con Guillón una cosa, al trámite judicial hay que darle la entidad que se merece, la justicia tiene que expedirse rápido, solicito preferencia de una sesión para el expediente, es tiempo suficiente y como buen demócrata que soy me someteré a las mayorías”.
El diputado Rubén Guillón sostuvo, por su parte, que “yo confío en la inocencia del diputado Martínez, que lea la versión taquigráfica, mas de cuatro veces hablé de la presunción de inocencia, no hice acusaciones, no dije barbaridades”. Recordó, por otra parte, “yo no integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, no es mi culpa que no se haya emitido despacho, sus compañeros de bloque que integran la comisión apoyaron la decisión de su mantenimiento en cartera; pero el diputado se las agarra conmigo, la estrategia es atacar y descalificar”.
Posteriormente, leyó extractos del expediente judicial, incluidos los nombres de los denunciantes, agregando “¿por que el legislador no se enoja con esta gente? Estas denuncias las formula la gente, están en el expediente judicial, no lo digo yo, no son mis palabras”. Y puntualizó “estamos hablando de un miembro de este Poder Legislativo que está siendo denunciado, imputado por la Justicia, es cierto que la comisión está trabajando y el legislador ha hecho su descargo, estas cosas están fuera de mis responsabilidades, la comisión compuesta por diputados justicialistas y de su bancada ha decidido en forma unánime no emitir despacho”.
Aseguró que “quien les habla quiere que el diputado Martínez hable donde corresponda, en la Justicia, allí tiene que hablar, defenderse, allí tiene que demostrar su inocencia, que hable, que explique, es bueno que aquellos que enarbolan los Derechos Humanos demuestren que esto significa proteger el bolsillo de la gente humilde, no apropiarse de sus salarios, significa no apretarlos para que se afilien a determinado partido”. Y concluyó “voy a esperar el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y sabré como votar, quiero estudiar responsablemente el descargo de Martínez, creo en su inocencia pero me hacen ruido estas denuncias”
El diputado Raúl Acosta manifestó la necesidad de “tratarnos con respeto, no prejuzgar ni acusar sin tener conocimiento de las denuncias; el descargo del diputado Martínez no lo leí, pero lo voy a leer, y quiero destacar la necesidad de tener un respeto por los legisladores, porque siempre decimos que en la dictadura se censura a la Cámara y a los Concejos porque son la representación genuina del voto popular”. Recordó que “había legisladores que asumieron con denuncias en su contra, el caso del diputado Vallejos, el del diputado Carballo, y luego Leiva y Carballo fueron sobreseídos, tenemos que ver los casos”. Agregó que “cuando nos toca a los partidos chicos el ataque es mas fuerte, como cuando renunció Aguilar, y nosotros tuvimos un ataque feroz del oficialismo y se le privo a este partido y Gladis Cristaldo del mandato que le dio el pueblo y la hicieron renunciar, algo insólito, un diputado que no tiene una imputación ni un cuestionamiento que quiere asumir y la Cámara no le dejó asumir”.
La diputada María Lidia Cáceres puntualizó que “recién se mencionaba la situación del diputado Carballo (MC) y efectivamente este legislador se despojó de sus fueros y se sometió a la Justicia porque no podría haber un sobreseimiento si no se despojaba de sus fueros, no se cobijó en sus fueros para eludir a la Justicia, al contrario, renuncio y la justicia le otorgó el sobreseimiento definitivo; en este caso hablamos de un delito muy grave, extorsión, con pena de 5 a 10 años, y lo que resolvió la señora Jueza tiene que ver con solicitar a esta Cámara de Diputados que pudiera remover los obstáculos fundados en los privilegios de Martínez, en virtud de la Constitución, para someter al nombrado a la jurisdicción del código procesal penal”. Agregó que “aspiro que efectivamente el legislador Martínez tenga la misma actitud que ha tenido el diputado Gustavo Carballo de remover los obstáculos de los fueros parlamentarios”.
Desde su banca, la diputada Mirta Morel subrayó que a pesar de lo explícito que fueron sus pares de bancada con respecto al pensamiento del bloque, no quería dejar pasar una situación sobre “como la vida, los tiempos y los escenarios nos hacen cambiar los pensamientos” señaló en alusión a que sobre “la situación de estas personas que estaban encuadradas dentro de un programa y hacían contraprestación de servicios en el Ministerio de Educación, se acercaron a hacer denuncias recepcionadas por mi y mi par Acosta, desde la Comisión de Educación nos hicimos eco de las denuncias y hubo una conferencia de prensa, donde intervino el Ministro ante estos reclamos y denuncias de los propios damnificados, participamos en persona en esta cuestión, por eso digo como la vida nos cambia, y traigo a colación esto porque es la comisión de Asuntos Constitucionales quien va a resolver la situación del propio colega si no es el propio colega que se despoja de sus fueros y se presenta la justicia, pero en la vida tenemos que ser coherentes”, sostuvo.
El diputado Sergio Vallejos, en tanto reconoció que Martínez “cometió un grave error en estos últimos tiempo que quieren hacerle pagar, por haber denunciado los 500 millones de pesos que se pierde en el gobierno provincial por corrupción e ineficiencia, por supuesto, que va a ser perseguido por el oficialismo con argumentos que hay denuncias llevadas de la mano a la justicia, las mismas personas que están dispuestas a no quitarle el acuerdo al contador Pereyra, a pesar que no podemos legalmente pedir desde esta cámara quitarle el acuerdo, sí acompañar la nota al Gobernador que le pedimos que lo saque del cargo si tiene un dictamen firme de parte de la FIA”.
El legislador manifestó “queremos que este problema se resuelva rápidamente porque no hay nada que esconder, sabemos los motivos que ha generado esta movida política de parte del oficialismo y pretendemos se aclare rápidamente, por eso, pedimos 1 sesión, es difícil estudiar la respuesta del mismo diputado, se habló de respeto pero no se tiene respeto de estudiar lo que contestó”.
“Quiero acompañar desde este bloque el pedido de Carlos Martínez – argumentó - que tratemos el desafuero la semana próxima que definamos esta cuestión, desde la oposición denunciamos ante la justicia y respetamos las denuncias del oficialismo pero somos los principales interesados que se resuelvan las cosas no prolongar en el tiempo para que Martínez no esté en la boca de los medios para perjudicarlo”.
Carim Peche, titular del bloque radical recordó “la Constitución siempre habla del principio de inocencia, esto es básico de un estado Democrático, Republicano y de Derecho, en este Recinto hubieron pedidos de desafuero a diputados justicialistas y votaron en contra, podemos tener argumentaciones pero no corresponde que nos faltemos el respeto entre nosotros, más allá del furor en contestar”. Por otra parte, señaló que “este expediente estaba paralizado y se lo activó, llama la atención que ningún fiscal actuó de oficio cuando el actual Jefe de Gabinete, y entonces Gobernador, hizo denuncias de corrupción” y recordó “el caso en el que se solicitaron 5 días de arresto de un Intendente porque le habían pegado a un legislador, y el justicialismo votó en contra”.
Ricardo Sánchez, presidente del Bloque Justicialista manifestó que “hoy hablamos este tema no porque el bloque peronista lo propuso, fue una cuestión previa pedida por el diputado Martínez, me quedo con el discurso de Peche que fue conciliador, porque si me apego al discurso de Martínez yo no se si Guillón no podría plantear algunas cuestiones dadas las barbaridades que dijo”. Agregó “parece que nos quieren llevar a las apuradas y no quiero pensar que alguien quiere esconder este tema, que esto pase rápido, pero nadie nos van a imponer los tiempos parlamentarios, vamos a mocionar que la comisión estudie el tema, por un lado se quejan de los plazos y dicen que le dimos 5 días para que conteste -y aclaro que los días los da la ley 4748 que data del año 2000-, si hablamos de respeto creo que corresponde un pedido de disculpas dentro y fuera del recinto, al diputado Guillón, que en su derecho pidió la preferencia convencido de que debía resolverse en 2 sesiones, y los diputados de la comisión de asuntos constitucionales resolvieron otra cosa”.
El diputado Luis Verdún, por su parte, pidió disculpas “porque estamos dando un triste papel a los ciudadanos chaqueños donde hay descalificaciones entre legisladores y no es bueno, faltamos a la verdad y lo que esperan los ciudadanos de nosotros, sobre varias horas tratamos un tema y sobre otros temas que los ciudadanos quieren que nos ocupemos”.
“Pido disculpas a los ciudadanos chaqueños, porque pretenden decirnos que queremos llevarlos de las narices, decimos que esto resuelva la Legislatura que nos avoquemos y que hay algunos que no quieren dar solución a los temas, así como el justicialismo tiene una posición de dilatar, nosotros también tenemos nuestra estrategia que este tema se resuelva por los canales legales y nos avoquemos a dar solución de la gente demanda de nosotros, cuando todos sabemos qué va a suceder en este tema”, destacó.
ESTABLECEN OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR
COSTOS DE OPERACIONES EN CAJEROS
Por iniciativa de la diputada justicialista Elda Pértile, se sancionó la Ley 7420 que establece que “los cajeros automáticos y las terminales de autoconsulta deberán exhibir en pantalla, de manera previa, el costo de la operación bancaria a realizarse, sea de extracción, transferencia, depositó o de cualquier otro tipo, con la opción para el usuario de cancelarla sin costo alguno; o en defecto de esta modalidad, las entidades bancarias deberán exteriorizar esa información mediante cartelería explícita”.
La norma determina que “los bancos y las empresas de redes informáticas que administran el sistema de cajeros automáticos y terminales de autoconsulta, tendrán un plazo de 90 días, a partir de la publicación de la presente, para realizar los procesos necesarios y poner en funcionamiento lo dispuesto en el artículo precedente”.
Asimismo, “por el incumplimiento de la presente, se aplicarán las sanciones previstas en las leyes nacionales 22.802 –de Lealtad Comercial y 24.240 –Defensa del Consumidor-, en el marco de las leyes provinciales 4147, 5161 y 7134”. Mientras que “será autoridad de aplicación de la presente la Subsecretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo de la Provincia del Chaco o el área competente que el Poder Ejecutivo determine en el futuro”.
La diputada Pértile manifestó que “esta norma tiene el propósito de enmarcar el derecho del usuario a la información y proteger sus intereses económicos, vamos a ser pioneros en el país”.
DECLARAN LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO
Los legisladores sancionaron en la sesión de hoy la Ley 7421 autoría de los diputados Raúl Acosta y Ricardo Sánchez, por la que se declara la prórroga de la emergencia del Sistema Provincial de Transporte Público de Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano, para las empresas concesionarias bajo el régimen de la Ley Nº 95, sus modificatorias y complementarias, como asimismo, para las permisionarias con autorización precaria; y la prórroga de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 5.819, por el término de un año, contados a partir del vencimiento de la Ley Nº 7.337.
Según fundamentan los autores, la norma surge de “una inquietud generada por la Cámara Empresaria Transporte Interurbano del Chaco (CETICH), por la que advierte el vencimiento de la Ley 5819 que declara la emergencia del Sistema Provincial de Transporte Público Automotor de Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano, prestado tanto por las empresas concesionarias bajo el régimen de la ley 95, modificatorias y complementarias, como por aquellas permisionarias con autorización precaria.”En ese sentido, “solicitan la prórroga de la disposiciones contenidas en la mencionada norma, por el término de un año, contados a partir del vencimiento de la Ley Nº 7.337.”
Detallan que “la emergencia del Sistema Provincial de Transporte Público Automotor de Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano, fue establecida por el término de dos años, contados a partir de su promulgación, dada el 29 de octubre de 2004, de la Ley Nº 5430. Posteriormente, por la Ley Nº 5.819, se prorroga por el término de un año, contados a partir de la fecha de vencimiento de la Ley Nº 5.430 (29-10-2006), determinándose nuevamente los beneficios a los que las empresas tendrán derecho, mientras dure tal situación; como así también, las condiciones que estas deberán reunir, para acceder a los mismos.”
Asimismo, explican que “por la Ley Nº 5819 y mientras dure la emergencia establecida en esta, se determinan una serie de beneficios a las que las empresas de transporte público de pasajeros, podrán acceder, como ser: Hacer uso de unidades de auto-transportes de hasta un máximo de veinte años de antigüedad, debiendo reunir sin excepciones las condiciones de higiene, seguridad, seguro obligatorio y revisión técnica obligatoria verificada por los talleres habilitados oficialmente a tales fines; Exención del impuesto a los ingresos brutos con que grava la ATP, al servicio público automotor de pasajeros urbano, suburbano e interurbano, debiendo las empresas beneficiarias invertir los importes eximidos exclusivamente en el mantenimiento y renovación de las unidades de auto-transporte; Exención del pago por habilitación anual del parque móvil de las empresas que grava la actividad al servicio público automotor de pasajeros urbano, suburbano e interurbano;
Acceso a un régimen de facilidades de pago para la cancelación de montos adeudados por conceptos correspondientes al Fondo Provincial del Transporte”.
La sanción tuvo el acompañamiento de todos los bloques a excepción del Frente Grande que mocionó su permanencia en cartera para profundizar el tratamiento de la cuestión de fondo, en ese sentido el diputado Daniel Trabalón sostuvo “tendríamos que debatir la emergencia para los pasajeros porque venimos prorrogando esta norma desde el 2004 y mientras tanto hay aumentos de boleto, implementación de la Tarjebús y la Cámara tiene una deuda pendiente en este sentido”.
INCLUIRÁN A OPERADORES HOTELEROS, GASTRONÓMICOS, TURÍSTICOS
Y CULTURALES AL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Mediante la sanción por unanimidad de la Ley 7422 iniciativa de los diputados que integran la Comisión de Turismo, Amelia Clide Monzón, Elda Pértile, Luis Verdún, Leonardo Yulán y Hugo Domínguez, se modifica el artículo 2º de la ley 4453, propiciando la inclusión de “los Hoteles, Restaurantes, Bares, confiterías y afines de la Provincia del Chaco o todo operador que se relaciones con la actividad Turística y Cultural” al Régimen de Promoción Industrial.
Los autores, legisladores de ambas bancadas mayoritarias e integrantes de la Comisión de Turismo, reproducen en los fundamentos de la norma los argumentos que hiciera llegar la Cámara de Turismo de la Provincia, quienes manifiestan “los establecimientos que integran nuestra institución constituyen un núcleo de fortalezas al servicio del crecimiento económico y social, la significativa participación en la generación de empleo, su efecto multiplicador hacia el amplísimo universo de proveedores, el notable aporte que efectúa al fisco, su protagonismo en la formación del atractivo turístico, y sus lazos evidentes con la idoneidad y la vida cotidiana de los argentinos, nos permiten hablar con orgullo de las actividades que hoy representamos”.
“Un mercado cada vez más exigente –sostienen- requiere de la renovación de los elementos tecnológicos y el incesante progreso que se produce en materia de las comunicaciones, nos exigen una atención tan cuidadosa como intensa; la profesionalización de la actividad, la formación de recursos humanos, la representación del sector antes organismos públicos y el asesoramiento especializado responde a las necesidades que plantea el desenvolvimiento de los establecimientos, constituyen los ejes fundamentales de nuestras acciones”.
ADHIERE LA PROVINCIA A LA LEY NACIONAL
DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA
A través de proyectos de autoría de Darío Bacileff Ivanoff y de su par Celeste Segovia, que contaron con dictamen de la Comisión de Salud, la Legislatura de la provincia sancionó con fuerza la Ley 7423 por la que el Chaco se adhiere a la Ley Nacional 26873, que tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta 2 años.
Actuará como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud Pública de la provincia y el Poder Ejecutivo a través de esta cartera dictará las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la misma.
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