La Comisión Técnico Revisora para la actualización del Código Procesal Penal del Chaco se reunió este martes en el Salón Auditorio Thelma Farré de Vaernet de la Biblioteca Legislativa, presidida por la titular de la Comisión de Legislación General, Clara Pérez Otazú, acompañada por sus pares Jessica Ayala y Dorys Arkwright y con la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y otras instituciones.
La diputada Pérez Otazu señaló al finalizar el encuentro “hoy hemos concretado la cuarta reunión de esta comisión técnica, donde hemos recibido muchísimas propuestas para la reforma integral” y destacó: “también han ingresado en esta jornada en la comisión para su estudio, objeciones y recomendaciones de varios institutos que no integran este espacio”.
En particular se refirió al ingreso de propuestas por parte de integrantes del Ministerio Público Fiscal, “no a través de sus representantes sino Fiscales que nos han mandado por su cuenta redacciones para que podamos analizarlas” y agregó “también la comisión está elaborando un proyecto integral que va a estar presentado dentro de los 15 días donde vamos a volver a reunirnos para poder compartir estas iniciativas”.
Esta comisión fue creada por Resolución 590/22 de la Cámara de Diputados, y está integrada por representantes de los tres Poderes del Estado; el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; las Universidades; los Colegios y Consejos de Abogados de las seis circunscripciones judiciales; la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco y toda otra entidad u organismo que a criterio de la comisión considere pertinente su participación.
La misma tiene como funciones analizar y estudiar las propuestas de ley con estado parlamentario; analizar, estudiar, investigar y sistematizar legislación comparada, usos y costumbres locales, doctrina y jurisprudencia nacional y provincial relevante en la materia, a los efectos de integrar, ordenar y sistematizar en un cuerpo normativo procesal especial, todas las innovaciones y reformas acordes al derecho positivo aplicable; y asegurar la vigencia de los derechos establecidos en los Códigos de Fondo, la Constitución Nacional y de las leyes, decretos, tratados y demás regímenes legal
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