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Los acompañaron integrantes de la Asociación Civil de Derechos Humanos “Memoria y Justicia Social” de Presidencia Roque Sáenz Peña, encabezados por su presidente Gabriel Duca, el vicepresidente Mario Piccoli, Marisol Gálvez (prosecretaria), y Tito Juárez (protesorero), quienes interiorizados de la problemática, buscan canales de entendimiento entre las partes para que finalmente las comunidades indígenas puedan seguir enterrando allí a sus difuntos.
El diputadoNéstor Sotelo, comentó “quisimos venir a reconocer la historia ancestral que tiene este espacio donde han enterrado desde hace muchos años a sus difuntos las comunidades indígenas de la zona en ´La Matanza´, Departamento Quitilipi”. Explicó que “el lugar se vio afectado a partir de la venta del lote 91, específicamente, donde quedó dentro de ese lote este espacio que era de libre acceso en su momento, cuando no había demarcaciones en la zona y que hoy tienen serias dificultades, ya que tienen impedimentos de parte del propietario para que puedan ingresar las comunidades indígenas, primero que nada a visitar a los difuntos que por muchos años han estado en ese lugar, y por otro lado, se les impide, como lo han hecho durante varios años, poder depositar allí los restos de los nuevos difuntos”.
“Ante esta situación – precisó – lo que vinimos a hacer es a tomar contacto directo con el propietario, constituirnos en el lugar, trabajar con la comunidad y plantear alguna alternativa que seguramente desde la Legislatura provincial se va a transformar en algún proyecto de declaración de utilidad pública de esa parte del lote, donde, de alguna forma, busquemos el equilibrio de las relaciones entre el propietario y las comunidades indígenas que ven en ese espacio reflejado parte de su propia historia”.
Consideró que “es una zona apegada a los sentimientos de los hermanos indígenas de la zona”, y al respecto observó “pudimos ver en los rostros de la gente del lugar la emotividad que se produce al estar allí” y que además “se les abría la posibilidad nuevamente de venir por lo menos a traer una plegaria a sus familiares, o enterrar a sus muertos” y “esto a nosotros nos compromete aun más en buscar el equilibrio entre las relaciones en la comunidad”.
“Creo que el bloque Justicialista va a acompañar la iniciativa que vamos a emprender en la Legislatura provincial, y a partir de ello, esperamos poder traer tranquilidad a esta comunidad y darle principalmente, un reconocimiento a la comunidad indígena, de este espacio, un espacio ancestral lleno de sentimientos muy profundos para todos”.
Por su parte el diputadoindígena Orlando Charole, integrante de la comisión de Derechos Humanos aseguró: “nos trasladamos y visualizamos el lugar y consideramos avanzar en una ley que declarare de utilidad pública y posteriormente la expropiación del espacio, decisión que está dentro de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados” y afirmó “de esta manera se podría definitivamente entregarles a sus verdaderos dueños, incluso sus propios difuntos que están aquí enterrados hace más de 150 años, probablemente más, desde que se radicó esta comunidad ancestralmente”.
Charole además agradeció a Eliberta Gómez nieta del cacique Ramón Gómez cuyos restos allí descansan y recordó que “era un cacique de esta zona que protegió muchísimo a sus nietos, a sus yernos, a la comunidad en general, para que puedan definitivamente entregarles tierras en esta zona, estamos hablando del centro de la provincia del Chaco” y de este modo aseguró que “esta comunidad también tiene una historia muy importante, ha sido azotada varias veces por epidemias de distintos tipos, pero fundamentalmente la viruela pasó por esta zona una vez y sobrevivieron pese a la peste y las comunidades se asentaron acá”.
Destacó que “La Matanza” es una comunidad muy importante de líderes religiosos, y en esa línea manifestó “estamos tratando de buscar, junto con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en nombre del bloque Justicialista, interiorizarnos cabalmente de la situación, estamos hablando también con el dueño que tiene una reacción negativa a la expropiación como sucede en todas las situaciones que se presentan de este tipo porque convengamos que nunca se resolvieron como tiene que ser y lo que estamos tratando de hacer es respetar el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada pero también hay un remedio constitucional que es la expropiación” consideró Charole.
Por su parte Gabriel Duca, presidente de la Asociación Civil de Derechos Humanos “Memoria y Justicia Social” de Presidencia Roque Sáenz Peña, señaló que “la visita se debe a que por medio del compañero Higinio Encina perteneciente a la comunidad aborigen de la zona hace tres meses empezamos a interiorizarnos de la problemática de este cementerio ancestral porque lamentablemente había quedado incluido dentro de la propiedad de un productor de la zona y al decir de los pobladores del lugar, ellos manifestaban que el propietario le estaba negando el acceso de visita al cementerio como así también la posibilidad de seguir sepultando hermanos indígenas en el lugar”.
“Nos constituimos como Asociación de Derechos Humanos, nos interiorizamos del tema y acercamos por nota una solicitud de informes al Instituto de Colonización y fundamentalmente quien tomaron cartas en el asunto fueron los diputados Néstor Sotelo y Orlando Charole que hoy, si Dios quiere, vamos a llegar a feliz término dándole respuesta a esa problemática y tranquilidad a la comunidad de la zona” sostuvo.
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