Legislatura

30/08/2016

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Damilano Grivarello adelantó respaldo a las expresiones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial que repudia fallo del juez Alurralde




Se trata del PR 3421/16 presentado por la diputada Viviana Damilano Grivarello, junto con sus pares Raúl Acosta, Rubén Guillón y Enrique Paredes, a través del cual se manifiesta acompañamiento a las expresiones emitidas mediante un comunicado de prensa, por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, acerca del repudio al fallo del juez subrogante del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Aldo Alurralde, que rechazo la Acción de Amparo impulsada por el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, contra el incremento tarifario de peaje del Corredor Vial N° 6, a cargo de la empresa Caminos del Paraná S.A.


Además se propone remitir copia de la presente al señor Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial CONADUV, Lic. Ricardo Lasca.

 

En los fundamentos se consigna que el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) “repudió el fallo emitido por el juez federal subrogante Aldo Alurralde, que rechazó la medida cautelar peticionada por el defensor del Pueblo de Chaco, Dr. Gustavo Corregido, mediante la cual se pretendía suspender el aumento de la tarifa en los peajes del Corredor Vial N° 6 bajo la concesión de la empresa Caminos del Paraná”.

 

Se recuerda que el 1 de marzo de 2016 la Dirección de Vialidad Nacional dictó la resolución 45/16 que disponía el aumento tarifario para diversos peajes del territorio argentino. “Esto afectó a los puestos de las estaciones ubicadas en el acceso al Puente General Belgrano, que une las capitales de Chaco y Corrientes. Allí la primera categoría pasaron de $6 a $15, un incremento del 150% y en otros peajes del Nordeste, el incremento roza el 300%. Este es el caso del peaje de Makallé, también en Chaco, donde el costo para la categoría más baja pasará de $8 a $30. Una suba del 275%.

La misma situación se dio en la localidad correntina de Riachuelo, donde el peaje para la categoría 1, para automóviles y camionetas, paso de $8 a $30”.

 

En este contexto, “la CONADUV calificó que las tarifas que se están cobrando en los distintos corredores viales nacionales y provinciales, son de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario”.

 

Estiman que el Estado Nacional “recauda más de 60.000 millones de pesos anuales en concepto de impuesto a los combustibles, tasa viales y contribuciones en provincias y municipios, el RAE (Recurso de Afectación Específico, creado vía aumento de tarifas), y encima falsos peajes”.

 

También sostiene que “el sistema de falso peaje implementado en corredores viales abiertos nacionales y provinciales fracasó rotundamente, porque a más de 26 años de instalado, no se ha construido un solo kilómetro de camino nuevo. Lo poco que se hizo de importancia, fue realizado con aportes del Estado, como el caso de la Autopista del Corredor 18 (rutas nacionales 12 y 14) o la finalización de la Autopista Rosario – Córdoba (ruta nacional 9), y no por parte de los respectivos concesionarios”.

 

En el comunicado “se manifiesta lo llamativo de parte del Señor Magistrado, el desconocimiento en materia de transporte terrestre, y especialmente sobre infraestructura y financiamiento vial. De ninguna manera las tarifas son razonables como se argumenta desde distintos ámbitos, más aún cuando carecen de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Por otra parte, el Juez debería informarse respecto a que el peaje no es un pago a cuenta, ni un subsidio ni un crédito al concesionario. Es el pago de una contraprestación real ofrecida, sostuvo la CONADUV. En ese sentido, subrayó que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido cuando primero se hacen las obras, una vez finalizadas se recupera la inversión a través del cobro de una tarifa razonable de peaje, y con un camino alternativo libre de pago”.

 

“En nuestro País, a partir del año 1990, se instaló, tanto a nivel nacional como provincial, un sistema inédito de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, sólo para mantenimiento, en caminos existentes pagados con nuestros impuestos, y sin alternativas libres de pago. Este régimen nefasto de falso peaje, ilegal, injusto, inconstitucional, antieconómico e inviable, ha generado verdaderas aduanas interiores, transformándose en un claro impuesto al tránsito y a la circulación, tomando de rehenes a quienes transitan por los distintos corredores viales concesionados. Con el último tarifazo de peaje, lo único que se ha logrado es generar más inflación y seguir incrementando el costo de transporte, ocasionando serios perjuicios económicos, no solo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto, más aún teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro País”.

 

También sostienen “que les llama la atención la indiferencia e inacción del insuficiente y burocrático Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que desde su creación, sólo se ha ocupado de defender los intereses de los “peajistas”, dejando de lado la defensa de los derechos de los usuarios viales”.

 

El CONADUV reclama a las autoridades correspondientes, a nivel nacional como provincial, “finalizar con esta verdadera estafa que venimos padeciendo desde los año 90, e implementar un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, libre de peajes y aduanas interiores, a través de la reasignación efectiva de los fondos viales que aportamos con tanto esfuerzo”.

 

Finalmente se destaca que la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco “sancionó Resoluciones en el mismo sentido, instando a la revisión y reconsideración de las medidas impuestas por el Ejecutivo Nacional, a través de sus autoridades”.  Por lo expuesto se solicita la aprobación del presente proyecto.-


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