.jpg)
El diputado Ricardo Sánchez explicó que “es un tema que lo venimos conversando con algunos legisladores desde algunos meses, en la necesidad de dar un mensaje muy claro desde la clase política en orden a la cuestión vinculada con la droga y el narcotráfico y en virtud de ello la presentación de este proyecto de ley que tiene que ver con un examen médico y bioquímico obligatorio para todos los estamentos del Estado Provincial”.
Detalló que el proyecto alcanza al “gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de Organismos Centralizados o Descentralizados, Autárquicos, Vocales, integrantes de Directorios o equivalente; a todos los legisladores provinciales; a todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia, todos los jueces de la provincia, incluidos los jueces de paz – que son la primera trinchera judicial que tenemos en cada una de las localidades -; integrantes de Organismos Constitucionales; integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; Fiscalía de Investigaciones Administrativa y Defensoría del Pueblo; y a través de este examen determinar la adicción o no a las drogas ilegales de cada uno de estos funcionarios” y añadió que “esto también incluye al jefe de la policía, subjefe, secretario de seguridad y al jefe del Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía Provincial, como así también al jefe y subjefe del Servicio Penitenciario Provincial; como así también los intendentes y concejales de la provincia”.
Aseguró: “creemos con esto que todo el espectro de la clase política y las más altas jerarquías de funcionarios puedan con un mensaje muy claro, como es la realización de este examen, que por allí se llama comúnmente rinoscopia, pero en realidad es un examen amplio, que se va a realizar, no solo respecto de cocaína, sino cualquier tipo de droga ilegal”.
Precisó que “a partir de allí con este examen pueden pasar dos cosas: lo que esperemos que pase, que el funcionario no tenga adicción a drogas ilegales, o puede ser que al funcionario se le determine una adicción”.
Continuó “determinada una adicción, - establecemos una diferencia - entre los que tienen mandatos constitucionales, es decir, estamos hablando de legislador, gobernador, en ese caso, por cuestiones constitucionales se establece un plazo de 6 meses, durante los cuales, éste funcionario debe acreditar haberse sometido de manera inmediata a un tratamiento de rehabilitación y que ese tratamiento a los 6 meses continúa satisfactoriamente”.
“Por otro lado, en el caso de aquellos funcionarios que no tengan mandato popular, sino que tengan otros mecanismos de designación, que puede ser por decreto, o en el caso del Defensor del Pueblo que lo vota la Legislatura provincial, en esos casos, se lo somete a un sumario administrativo médico reservado, y durante ese sumario queda suspendido en sus funciones, hasta que realmente se determine que está en condiciones de rehabilitarse para el ejercicio de la función pública”.
“Lo que es reservado es el sumario administrativo en el cual el funcionario se le da a conocer el resultado que determina la adicción o consumo de drogas, y a partir de allí, en ese sumario el funcionario tendrá a su vez todos los mecanismos de impugnación que la legislación procesal pone a su disposición. No estamos diciendo que ya la determinación de este resultado de análisis no va a ser sometido a contrapruebas. El funcionario va a tener todo el derecho de defensa que le garantiza la Constitución y eso lo establecemos dentro de la propia ley que no solo va a ser aplicado a los funcionarios que están en funciones sino también a aquellos que pretendan su acceso a los niveles políticos superiores. En consecuencia, hablamos que en lo que va a ser la elección del 2015 los que pretenden acceder a este tipo de candidaturas van a tener que someterse a este control” adelantó.
Sánchez detalló que “el proyecto determinará el diagnóstico del consumo de drogas ilegales. Hasta qué punto ese consumo se transforma en adicción, eso lo podrá determinar el Laboratorio Central de la provincia o el Laboratorio Central de Medicina Forense del Poder Judicial, que son los dos organismos encargados de llevar adelante estos estudios y serán los que determinarán esa diferencia” no obstante, remarcó que la finalidad del proyecto de ley “tiene que ver con un mensaje claro de la clase política y los vínculos o no con la cuestión vinculada al narcotráfico”.
El legislador planteó que “estamos viendo en medios de comunicación nacionales, distintos hechos que se vinculan al narcotráfico y donde siempre se está de alguna manera diciendo esto no podría ocurrir si no hubiera connivencia de la clase política”. “Entonces, este es un modo muy claro a través del cual nosotros planteamos una diferencia y nos preguntamos qué compromiso puede tener en la lucha contra el narcotráfico un funcionario que depende de una droga ilegal para su subsistencia física, o psíquica a través de la adicción”. “Obviamente el que está consumiendo drogas ilegales se las compra a alguien, de alguna manera, tiene un vínculo aunque sea con el eslabón más pequeño del narcotráfico, en consecuencia, a través de este proyecto de ley queremos establecer claramente que los funcionarios no tengan vínculos personales con el consumo de drogas ilegales y esto me parece importante como mensaje a la comunidad”.
Recalcó que el proyecto va dirigido “a los funcionarios que hoy están en funciones, y a los legisladores y es un mensaje claro que desde la clase política estamos dando a través de este proyecto de ley diciendo yo personalmente no tengo adicciones y por ende en principio no tengo ningún grado de vínculo con los sectores del narcotráfico”.
Sánchez aclaró que el funcionario de acuerdo con el resultado del examen “puede apelar” porque “es un derecho que tiene la persona de decir no estoy de acuerdo con este resultado, no tengo vínculo ni consumo de drogas y puede impugnar por los medios procesales que nuestra legislación procesal, administrativa y penal tiene a disposición un imputado, porque en definitiva, de algunas manera esto puede dar lugar a que un fiscal de oficio pueda intervenir”.
Finalmente remarcó que lo que “pretendemos con este proyecto de ley Nº 3054/14 “es dar un mensaje claro de la clase política respecto de estas cuestiones” señaló el diputado Ricardo Sánchez.
Desarrollo de Software: Sistemas y Comunicaciones / José María Paz 170 / 1° Piso
.jpg)
.jpeg)
(3).jpeg)
.jpeg)
.png)
.png)
