Este es un proyecto del año 2016, el primigenio fue el ex legislador Raffin y había perdido estado parlamentario por eso agregué otro ítems relacionado a internet e inhibidores de comunicación a los efectos de limitar y garantizar derechos constitucionales en los lugares donde hay personas recluidas, privadas de la libertad o condenadas, fundamentó el legislador antes de la sanción de la ley N°3794-J por la cual se estableció la limitación del uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia.
Gutierrez también se refirió a que “si bien los presos tienen que tener comunicación, también es derecho constitucional que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad de los reos y en ese marco creo que demasiadas condiciones edilicias que no están bien en el sistema penitenciario, hay que mejorar mucho”, remarcó.
“La idea de este proyecto no es no solo garantizar a través de líneas directas de telefonía pública dentro de la propia cárcel, comisaría o penal , garantizar la comunicación con la advertencia que cuando se habla desde ese teléfono haya una voz pre grabada que se indique que se habla desde ese dispositivo, porque hay muchas casos de estafa sobre todo a adultos mayores”, sostuvo.
En cuanto a aquellos planteos sobre el uso educativo que le dan a la telefonía las personas privadas de su libertad, aclaró que “el objetivo es sostener la cuestión educativa, somos concientes que se necesita tener internet en las cárceles pero se puede controlar su uso. No creo que esta ley conculque derechos constitucionales, más bien creo que va a proteger a la gente buena que está todo el día trabajando y que está expuesta a demasiados delitos”, finalizó.
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