Esta iniciativa pretende dar respuesta a un pedido impostergable de los trabajadores ladrilleros que  han visto afectado seriamente su labor por la falta absoluta de agua en vastos sectores de nuestro territorio provincial, en particular en la zona del sur oeste chaqueño y en concreto en la zona de Villa Ángela, Charata, Gancedo, Pinedo y zonas de influencias de las principales ciudades del sector.

 

Actualmente los trabajadores del sector están regulados por la Ley 2148-L -Régimen de Consorcios de Ladrilleros -; y se persigue desde esta Legislatura, por intermedio del presente Proyecto de Ley, DECLARAR LA EMERGENCIA del sector por 180 días a partir del 13 de enero de 2023 y hasta el 13 de julio de 2023, la que podrá ser prorrogada por un mismo lapso por el Poder Ejecutivo ante la situación de Emergencia Agropecuaria dispuesta mediante Decreto N°76/2023.

 

Si bien desde el gobierno provincial se ha trabajado con soluciones urgentes para solucionar la problemática de este sector,  Slimel sostiene que “se deben aportar soluciones a fondo que también aborden y contengan al sector productivo del ladrillo”. 

 

Así mismo se plantea  coordinar acciones interjurisdiccional, a nivel municipal, provincial y nacional, promoviendo Líneas crediticias o de financiamiento diferenciadas y/o subsidiadas a través del Nuevo Banco del Chaco S.A. para renovación y/o reparación y/o mantenimiento de las herramientas de trabajo; Apoyo económico a través de subsidios, descuentos y/o Aportes no reintegrables (A.N.R.) con destino a la implementación de mejoras de los pozos de agua o reservorios; y cualquier otro trámite y/o beneficio para el cual se requiera la presentación del correspondiente certificado.

 

El intempestivo cambio coyuntural que ocasiona la sequía la que referimos, la que es de público y notorio conocimiento; provocó la merma o lisa y llanamente anuló la producción de ladrillos en la zona, atento a la falta de agua en pozos.

 

A raíz de ello, el Gobierno del Chaco mediante Decreto N° 76/2023 de fecha 13 de enero del corriente año, declaró la “Emergencia Agropecuaria” en la provincia,  como consecuencia de la histórica bajante del Río Paraná y de las sequías provocadas por las escasez hídrica y las elevadas temperaturas,  consecuencias del efecto climático conocido por “La Niña”, ocasionando graves daños a la producción agropecuaria.

 

Primordialmente urge que a través de la autoridad de aplicación (IPDUV) y la Asociación que nuclea a los Consorcios Ladrilleros, se gestionen las herramientas de financiación para poder concretar la apertura, acondicionamiento y puesta a punto de los pozos de aguas existentes o donde debieran existir para facilitar la extracción del líquido vital que requiere la actividad, en ese orden, se autoriza expresamente dentro del programa y objetivos de la ley a Coordinar apoyo financiero y la ejecución del Plan Nacional de Minería Social (PNMS), dependiente de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía de la Nación. 

 

Los legisladores destacan que, esta iniciativa, se enmarca - como todas las que proponemos-, en los lineamientos internacionales que surgen de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, implementada en el año 2015 por la ONU, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.