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La iniciativa propone que el régimen se aplique a adolescentes hasta los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco años siempre que estudiaran, y para las personas con discapacidad sin límites de edad, cuando la persona que se encontraba a cargo de sus cuidados personales, sea progenitor, progenitora o progenitores afines o con quien tuviera un vínculo de socio-afectividad comprobada, hubiese sufrido lesiones que la/lo invaliden para el ejercicio de actividades laborales o hubiere fallecido por la acción abusiva de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, sea en contexto de tránsito, aprehensión, detención, o bajo custodia policial.
El proyecto lleva la firma de los diputados Juan Carlos Ayala, María Pía Chiacchio Cavana, Mariela Quirós y Rodolfo Schwartz y desde la Comisión se decidió pedir opinión a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, al Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Seguridad y a la Mesa de Familiares de Violencia Institucional.
También en el seno de la comisión se analizó el veto total del Poder Ejecutivo a la sanción legislativa Nº 3982-B que instituye en todo el territorio de la Provincia del Chaco el Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros. Sobre ese tema hubo posturas divididas, ya que el Frente Chaqueño aconsejó el rechazo del veto y legisladores de Juntos por el Cambio plantearon aconsejar la aceptación del mismo.
La Comisión estuvo integrada por los diputados Samuel Vargas (Pte), Mariela Quirós, María Pía Chiachhio Cavana, Zulma Galeano y Laura Bisonni
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