La norma aprobada  determina que en este Registro Público Especial de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados, deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de compraventa de elementos y materiales usados, en forma permanente o eventual, aun cuando no sea la actividad principal, entre los que se incluyen: chacaritas y generadores de chatarra, fundiciones, desarmaderos,  recicladores, acopiadores, galponeros,  transportistas que trasladen elementos de cualquier naturaleza de las personas inscriptas en el registro y  todo aquel comercio o en su caso también industria que, por resolución, resuelva su inclusión el organismo de aplicación.

La inscripción en el Registro se hará en línea, desde la página web de la autoridad de aplicación, en la plataforma TU GOBIERNO DIGITAL, llenando el formulario establecido al efecto y agregando la documentación requerida en el mismo, que deberá contener, como mínimo: Habilitación municipal, constancia de inscripción ante la Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP) la Administración Tributaria Provincial (ATP) y en su caso Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio y toda documentación adicional que por resolución considere pertinente.

En tanto, serán consideradas infracciones administrativas, la falta de inscripción de la actividad en el Registro; o llevar en debida forma los registros de ingreso, traslado y enajenación de los bienes o sus componentes, comprendidos en la presente ley; no exhibir los bienes adquiridos, sus componentes cuando han sido separados o éstos no coinciden con el registro y no acreditar la trazabilidad entre la adquisición de los bienes o sus componentes, su transporte y la enajenación.

El diputado Salom durante el tratamiento del tema en el recinto relató como surgió la iniciativa. “Cuando era concejal veníamos recibiendo denuncias sistemáticas de  pueblos o barrios sin luz, que se quedaban sin conexión de servicio de televisión por cable, internet, pero no pude avanzar en ese entonces con un proyecto de ordenanza”.

“Luego,  asumí diputados y a los pocos días comenzamos a desandar un nuevo camino, de buscar un proyecto que encuadre a toda la provincia y nos sumamos con los concejales de Barranqueras, Fontana y Resistencia y salíamos juntos a recorrer estos lugares que comúnmente se conocen como chacharitas y logramos en primer lugar hacer un registro con el Municipio de Resistencia y nos encontramos con una veintena de establecimientos comerciales que manejaban a los bienes usados”.

“Fue así que nos enteramos que solo seis estaban inscriptos en la municipalidad y que algunos estaban en el mundo del mercado negro tristemente. Junto con la diputada Wannesson trabajamos con un equipo, averiguamos que había pasado en otras partes del país y empezamos a adecuar esas legislaciones a nuestra provincia, mejorarla, y así presentamos este proyecto de ley. También se sumó un proyecto del diputado Bergia y de Ocampo”, detalló el legislador. 

Por su parte el diputado Ocampo resaltó que “junto al diputado Bergia hicimos la presentación en el mes de marzo respecto a un régimen preventivo y de control de la actividades con metales no ferrosos, por un lado entendiendo que este delito que se fue propagando en la provincia que tenía que ver con el robo de cables y su posterior comercialización ya sea chacharita u otros establecimientos no solo afectaban a las empresas Sameep y Secheep o a entornos industriales sino a los vecinos que ven como los servicios públicos van decayendo porque este tipo de material al faltar genera la interrupción del servicio y una demora en  la reposición del mismo”.

“Esta ley viene a regular la comercialización, el delito de robo de cables ya está penado en la provincia del Chaco y tenemos que insistir en que la justicia actúe con toda la fuerza. Agradezco a los diputados por unificar los proyectos”, señaló el legislador.