La normativa sancionada determina que estas escuelas deben ser gestionadas por organizaciones sin fines de lucro de reconocida trayectoria y que responden a un proyecto pedagógico, social, comunitario, cooperativo y solidario, basado en las necesidades propias de los contextos en que se encuentran insertas y estructurado en base a los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional.

Además le corresponde desarrollar proyectos pedagógicos a partir de procesos de construcción dialéctica y horizontal que pongan el eje en enseñanza y aprendizajes para la formación de sujetos autónomos, críticos, comprometidos con el desarrollo integral de su comunidad, considerando los lineamientos de la política educativa provincial. También deben implementar un modelo de gestión comunitaria y colegiada, que propenda a la democratización de la conducción institucional, favoreciendo relaciones horizontales entre los actores que forman parte de sus instituciones.

La ley también dispone que  las EPGS se ajustarán a las mismas obligaciones que las instituciones de gestión estatal, exceptuando aquellos aspectos explícitamente normados en la presente ley, entre los que se destacan: ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad en las que se encuentran ubicadas y brindar información necesaria para la supervisión pedagógica administrativa y el control contable y laboral por parte del Estado. 

Además establece que se deben reconocer los títulos y certificados de estudios expedidos por las EPGS, en tanto se adecuen a la normativa vigente, a planes de estudio y diseños curriculares, régimen académico y demás requisitos de validez nacional y competencia de los estudios cursados.

Fundamentos en el recinto 

Previo a la sanción de la ley, la diputada Zulma Galeano, Presidente de la comisión de educación  expuso que “este proyecto llegó a mis manos en el 2022 con  la intención de poder generar un orden en lo que son las Escuelas de Gestión Social en un momento en que la sociedad estaba discutiendo la funcionalidad de ellas, en una muestra más de como en el Chaco estaban las instituciones en la anomia. Desde muchos años hay instituciones educativas que buscan llevar respuesta a través de distintos formatos de estructura en el país”. 

“Las escuelas de gestión  social son escuelas públicas y está funcionando en la provincia desde el 2012 sin respaldo de una normativa que los pueda regular, me consta que los docentes de muchas de esas instituciones han mencionado la necesidad de contar con un régimen que pudiera regularlos para que sus derechos y obligaciones puedan estar expresados”, relató la legisladora. “El Gobernador nos ha encomendado que vamos a trabajar por el orden, por eso  ratifiqué mi compromiso con los colegas de seguir insistiendo para que el régimen que las regula pueda ser una realidad ya que es un proyecto trabajado por docentes de varias escuelas, el empuje, la necesidad , los fundamentos son de algunos directores”. 

Por su parte, la diputada Analía Flores expresó su postura frente al proyecto de acompañamiento al mismo. “Éste es el culmine de un largo proceso que se fue dando durante muchos años, no es que había una anomia, sino que como todo proceso que crece y se explaya llega el momento en que hay que empezar con otro nivel de organización.  Si bien sabíamos que iba a llegar el momento de tener que reglamentar la situación, también es cierto que en estos 16 años pasados, nosotros estábamos creando escuelas de gestión social”. 

“Los primeros bosquejos de este proyecto se dan en el 2018, pero hay que decir que estas escuelas existen desde antes de los 16 años. Hoy estamos cosechando nuestra siembra por eso pido el acompañamiento para es una necesidad que se ha trabajado desde el sector docente”, manifestó la legisladora del Frente chaqueño.