Durante la reunión ordinaria Nº31 de la Comisión, diputados recibieron al Ingeniero Miguel Ángel López de la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales Chaco que expuso su postura en relación a distintos proyectos ingresados en la Legislatura que buscan modificar la Ley 2079-R de Régimen de Sanciones para la Actividad Forestal.
Al respecto, hay tres proyectos que plantean modificaciones, uno del diputado Juan José Bergia, otro del Poder Ejecutivo provincial y uno del bloque justicialista ingresado recientemente. La iniciativa del Nepar apunta a elevar el mínimo y los máximos de las multas por desmonte y silvopastoril ilegal; como así también determinar un procedimiento claro y efectivo para la concreción de la restauración de los bosques nativos, que exige la Legislación Nacional y Provincial vigente.
La propuesta del Ejecutivo busca también elevar las sanciones actuales en el entendimiento que las previstas en la Ley 2079-R no están disuadiendo de manera efectiva la comisión de estos delitos ambientales. Además propone la creación de un registro de máquinas topadoras que operen en el territorio provincial el que deberá contar con información del propietario, documentación y características técnicas de la máquina que se actualizará anualmente. Y plantea la obligatoriedad de la instalación de un Chip en las Topadoras que operen en el servicio de desmonte.
Por ello, desde la Asociación de Productores Forestales, López manifestó que “hoy estamos para reformar esta ley que se basa en evitar los desmontes, pero no puedo dejar de decir que si la actual no la pueden aplicar va a ser difícil aplicar normas más sancionatorias”. “La realidad es que en la Dirección de Bosque hay 1900 expedientes sin notificar, 1500 dejó la gestión anterior y 400 son de esta gestión. Entonces, las personas que pagan las multas pagan porque quieren, ya que en realidad han desmontado porque no tenían la posibilidad de hacerlo legalmente. Seis años sin ordenamiento territorial han llevado a que la gente tome todas estas medidas”, entendió.
“Primero no te notifican, y cuando lo hacen es un acto administrativo que puede demorar dos años o tres hasta que llegue a Fiscalía de estado. Por más que endurezcamos esta norma menos se va a acercar la gente a pagar”, fue la postura del representante del sector forestal.
En relación al temario de la comisión, acordaron tratar en la próxima reunión ordinaria el proyecto de ley del Gobernador de la Provincia del Chaco, por el cual a<se busca utorizar operaciones de crédito público para la infraestructura provincial.
Estuvieron presentes los diputados Iván Gyoker, Sebastián Lazzarini, Juan José Bergia, Nicolás Slimel, Maida With, Silvina Canteros, Tere Cubells y Dorys Arkwright.