Roberto Claudio Sotelo, abogado, se propuso como Defensor del Pueblo para “romper con la desigualdad instalada en la sociedad”, y “construir una alternativa que asegure los derechos de cada chaqueño”. Se autoreferenció con vocación, convicción y compromiso por los derechos humanos. Propuso tres ejes de gestión: fortalecimiento institucional; la extensión del Instituto del Defensor del Pueblo; y transparencia del organismo, con políticas de fortalecimiento y control.
Patricia Ludueña, abogada, contó que su interés por ser Defensora del Pueblo es ante la necesidad de “que todos sean escuchados”. Propuso la descentralización del organismo y fundamentó: “Los problemas no sólo están en Resistencia, existe el interior. Quiero darle mayor participación al Defensor, para acompañar y llevar la voz de todos los ciudadanos. Camino la provincia y conozco el interior”.
Martin Humberto Vega, abogado, se comprometió de ser Defensor del Pueblo, a “dar participación a la ciudadanía, que sean escuchados y poner en conocimiento del pueblo todo lo atinente a sus derechos”. A “establecer un nuevo paradigma y organización desde el punto de vista ciudadano, para que puedan expresar sus dudas y pedidos de forma anónima, sin discriminación”. Y subrayó que el Defensor “no debe ser un funcionario de escritorio , sino salir a caminar la calle y escuchar a los vecinos”.
Laureana García, contadora pública, expuso: “Mi propuesta para la gestión es optimizar la figura del defensor del pueblo y que sea un espacio destinado a la protección de derechos, emitir opiniones en temas de interés público como agua, respaldar el derecho al ambiente sano , agua segura, libre acceso a la información ambiental, promover la acción y garantía de los derechos de los jubilados”. También remarcó la necesidad de abordar temas como “seguridad e higiene en el trabajo, defender los derechos de los aborígenes, agilizar la atención de reclamos, recorriendo la provincia para atender la demanda de cada chaqueño”.
José René Galassi, abogado, martillero público, tasador y corredor inmobiliario, presentó entres sus propuestas una gestión basada en distintos ejes, entre ellos: autonomía y fortalecimiento institucional, mayor accesibilidad y descentralización, defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, control y seguimiento de políticas públicas, transparencia y participación ciudadana, control y transparencia en los servicios públicos y protección del medio ambiente.
Por su parte, Walter Rolón, abogado y profesor de historia, en su exposición expresó: “ desde la defensoría es importante ponerse en el lugar del otro, , el defensor tiene que interiorizarse de los problemas y trabajar de manera conjunta con los poderes del estado, con el superior Tribunal de justicia y con los organismos descentralizados” .”Entiendo que los problemas más importantes son la falta de agua, la falta de luz o los costos del servicio”, puntualizó.
Luego, Alicia Torres, profesora en Ciencias de la Educación, planteó la necesidad de “ reforzar los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos, defender derechos laborales y sociales de acuerdo a la constitución, generar políticas en condiciones justas , defender la educación pública, proteger a los niños, niñas y jóvenes como así también de los pueblos indígenas” “Me gustaría proteger y preservar el acceso a los derechos del acceso a la salud, a la luz y el agua en especial para las familias del norte chaqueño y los adultos mayores”, remarcó.
Néstor Sotelo, abogado, trabajador de la Legislatura, ex diputado, resaltó su trabajo en estamentos públicos como la Legislatura, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Desarrollo Social, lo que le otorga un conocimiento de la provincia del Chaco. “Es imprescindible conocer a los actores políticos y sociales para encontrar los puentes de resolución para la construcción de una sociedad en paz”, expresó. Dentro de sus propuestas está la de fortalecer la estructura de la Defensoría con recursos económicos y ordenar los recursos humanos. Asimismo, volcar su experiencia, conocimiento del territorio y formación académica en materia de resolución de conflicto.
Mónica Cardozo, trabajadora social, enfermera y bombera voluntaria, resaltó que sus labores le hicieron estar cerca del que más necesita, del que no tiene voz. Explicó que tiene hijos adoptivos, y por eso pidió un lente especial para el seguimiento a las instituciones y hogares de niños, dependientes de la provincia y de la sociedad civil. En ese sentido remarcó la responsabilidad del cuidado de los niños, adolescentes, personas con discapacidad y ancianos por su vulnerabilidad. Trabajar con responsables de estas áreas, sugiriendo acciones y presentando informes.
Martin Marín, abogado, actualmente trabaja en la Defensoría, manifestó que viajó por todo el territorio, a lugares complejos y que eso le hizo tener otra mirada de la realidad. “El Defensor tiene que ser una persona técnicamente preparada para saber de entrada cómo atender distintas situaciones. Practica de escuchar y entender legalmente la situación”. Remarcó que se debe tener la capacidad de hacer con pocos recursos e intentar hacer lo más posible. Optimizar los recursos humanos y operativos para dar una solución. Estar presente. El defensor del pueblo debe ser práctico, resolutivo y colaborador crítico del Estado.
Juan Diego Altabe, abogado y docente, insistió en defender los intereses del pueblo. “La política no debe meterse en las acciones del Defensoría. El Defensor del Pueblo debe ser colaborativo con el Estado pero no debe olvidarse de su función esencial, no defiende intereses partidarios y políticos, defiende al pueblo. Conozco los estamentos del Estado para cumplir una digna función”, fundamentó.
Sergio Gustavo Lencovich, abogado, resaltó su convicción por los valores de la democracia y su aspiración a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo “por la ubicación que tiene dentro del ámbito republicano”. Sumó: “Mi misión será contribuir a una buena gobernanza, gestionando con apego a la ley, y garantizando la promoción y proyección de los derechos inherentes a los derechos humanos”. Y planteó como su lema de trabajo “la afirmación de la dignidad de las personas frente al Estado”. Expuso cuatro dimensiones de acciones básicas en las que promoverá su labor: funcional; de planificación; de organización; y de interrelaciones de políticas públicas articuladas entre sí.
Ursula Ximena Sabarece, presidente Fundación “Furia Travesti”, se presentó como “una persona común, una ciudadana que ha transitado un proceso de barreras de accesibilidad”, que conoce el territorio, y defiende a las personas trans, mujeres y disidencias. Sumó que como futura defensora espera que “la comunicación llegue a todos”. Y se propuso para promover una Defensoría del Pueblo “con una mirada más amplia, integral, inclusiva, y que trabaje para todos”. Y “la escucha, el diálogo, la mediación y la ejecución para garantizar el rol de la Defensoría cuando no se están respetando los derechos de las personas”.
Gabriela Abreliano, analista técnica, expresó: “Soy una ciudadana argentina expulsada por esta provincia cuando tenía 16 años; viví mi transición y formación técnica y académica en Buenos Aires. Transitando hoy nuestra ciudad y provincia ví familias destruidas por el crimen organizado y el narcotráfico y me parece que hay focos de trabajo que hay que hacer para recuperar calidad de vida”. E hizo hincapié en la necesidad de “dejar los escritorios, sellos y títulos, y trabajar en conjunto de manera integral por una gestión responsable que lleve soluciones a las familias”. Se autoreferenció con “la capacidad de llevar adelante este proceso y con las herramientas técnicas para hacerlo”.
Santiago Norberto Maidana, referente sindical, expuso: “Con la profunda convicción de que la Defensoría del Pueblo debe ser conducida por alguien que conozca el territorio, que comprenda las necesidades del sector vulnerable, y ejerza la representación ciudadana con autonomía y compromiso”; se autoreferenció como “un militante del territorio y defensor de los derechos fundamentales de quienes habitan esta provincia”; y aseguró: “No soy un improvisado, sino alguien con plena conciencia de las problemáticas que aquejan a nuestra gente, y con la capacidad para dar respuestas. Nuestra provincia enfrenta desafíos urgentes y el Defensor debe tener sensibilidad social, capacidad de acción y un enfoque integral, he trabajado incansablemente en el acompañamiento de los sectores más vulnerables y sé de lo que hablo”, cerró.
Francisco Romero Castelán, abogado y legislador provincial, relató su experiencia defendiendo a los sectores vulnerables y consideró: “ Tenemos que enaltecer la figura del Defensor del Pueblo, habría que recorrer los lugares donde alojan a las víctimas de violencia de género, en cuanto al DIPROPETI habría que trabajar en hacer convenios para evitar el trabajo infantil, controlar el código de aguas, trabajar en aspectos vinculados con la discapacidad, tratar temáticas como educación financiera porque el defensor es un intérprete de la realidad y hay que ir adelantando los tiempos”.
La postulante Magdalena Corbalán, del Colectivo Ni Una Menos, entendió que “los ejes tiene que ser el resultado de un diagnóstico provincial, no podemos ser quienes definamos qué problemáticas son urgentes pero si podemos proponer metodologías de trabajo escuchando a la población. Y a partir de lo que recojamos vamos a poder definir ejes de trabajo en conjunto, y así abordar las competencias que tiene el Defensor del Pueblo. Luego del diagnóstico, podremos elaborar un registro, designar un representante por cada municipio, promover una reunión quincenal con representación de distintas áreas del estado y la sociedad civil para evaluar los diagnósticos”, fueron sus propuestas.
Marcos Ifrán, abogado, entre sus propuestas remarcó: “Una Defensoría presente y activa que sea rápida y eficaz ante el reclamo de los ciudadanos, implementación de una defensoría itinerante recorriendo cada localidad, ampliación de canales de contacto con línea de atención gratuita, protección de derechos humanos y personas vulnerables, coordinación con organismos nacionales e internacionales para garantizar acceso a la justicia, control de servicios públicos y servicios esenciales. En cuanto al medio ambiente promover una acción legal contra el daño ambiental, defensa al acceso al agua potable”.
Por su parte, Valeria Cruz, abogada, planteó como propuestas: “Generar la cercanía de la ciudadanía con el estado, me gustaría poder trabajar sobre lo que se venía conquistando sobre los derechos con el colectivo más vulnerable. Trabajar en la diversidad porque vemos una sociedad intolerante, hay temas importantes que tiene que ver con la prestación de los servicios como agua y luz, la seguridad, en cada una de estas cuestiones hay que reforzar el Instituto del Defensor del Pueblo”.
Ricardo Sebastián Gómez, archivista de la UNNE, policía, bibliotecario, ex bombero, centró su propuesta en la seguridad vial para todos, transparencia y rendición de cuentas, establecer plataformas en línea para dar un seguimiento de los trámites de las personas. Crear servicios de virtualidad video instruccional para la de capacitación continua.
Sonia Gabriela Sosa, abogada, especialista en derecho animal y ambiental. Habló de la necesaria y constante capacitación en materia de Violencia de Género para evitar los femicidios. “La defensora del Pueblo tiene que tener voz. Voy a ir a golpear puertas, intensificar la búsqueda de soluciones. Trabajar en equipo por los intereses de la sociedad. Necesitamos herramientas pero también personas que estén comprometidas. Necesitamos una defensora del Pueblo mujer”, sentenció.
Pablo González Coronel, abogado, docente, se manifestó por el caso Cielo, consideró que los jueces no están a la altura de las circunstancias. En materia ambiental, fundamentó que los que más conocen la problemática son los pueblos originarios y que hay que escucharlos. Argumentó que trabajó mucho tiempo en la justicia. Propuso que en cada pueblo haya una persona capacitada para atender las demandas sociales. “La Defensoría tiene que estar abierta todos los días, de domingo a domingo. Tiene que ser una caja de resonancia donde todos puedan acudir. El defensor deber tener facultad y atribuciones”, señaló.
La abogada y escribana Natalia Carolina Ojeda señaló “el compromiso social y la responsabilidad que acompaña a cada chaqueño y chaqueña en la defensa de sus derechos recobra en la figura del Defensor o Defensora del Pueblo una crucial importancia, en un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa, donde la tecnología se dispara constantemente y al mismo tiempo crecen las desigualdades y las injusticias”. Destacó la importancia de un equipo de trabajo para atender “cada una de las necesidades de cada chaqueño y cada chaqueña en todo espacio de la provincia del Chaco” e hizo hincapié en la necesidad de enfocarse en la atención a las personas y a los grupos más vulnerables”.
Silvina Amalia Canteros señalo un retroceso a nivel global en materia de derechos humanos y marcó “esto puede representar desde la defensoría del pueblo tal vez un pequeño pedacito de poder institucional y simbólico pero fundamentalmente constitucional para servir de contención, de reflexión y de reclamo ante este retroceso”. En este sentido, delineó la visión de una defensoría del pueblo, “imparcial y objetiva, un organismo de puertas abiertas y de transparencia, con participación ciudadana y accesibilidad que hacen a mayores y mejores prácticas democráticas” y recalcó la necesidad de tener capacidades técnicas y profesionales.
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