Tales prohibiciones – determina el proyecto - son extensivas al ámbito del Poder Ejecutivo Municipal. Además dichas prohibiciones no regirán cuando las circunstancias lo ameriten, fundado en casos fortuitos y/o de fuerza mayor, los que deberán ser declarados por el Concejo Municipal con el voto afirmativo de los dos tercios del Cuerpo.
Guillón argumenta que se repiten “situaciones de conflicto y/o abuso de poder en desmedro de las arcas del Patrimonio Municipal, sin el respaldo presupuestario correspondiente”, por ello, considera que “es necesario poder coto a estas situaciones que no son acordes a tiempos que estamos viviendo con políticas de racionalidad, transparencia, profesionalización, respeto a la carrera administrativa del personal y acceso irrestricto a la información pública, dejando de lado los abusos”.
Marca que “los servidores públicos en cumplimiento de las labores propias de su cargo, empleo o función, tienen el deber de desplegar sus conductas en función de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la imparcialidad la celeridad, la publicidad, la economía, así como la eficacia y eficiencia en el desempeño de su actividad”.
En consecuencia, “los municipios como entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación presupuestal y contractual, para evitar el uso desmedido e inadecuado de figuras que puedan limitar la gobernabilidad de las entidades y generar presiones tributarias para la ciudadanía” por ello remarca que es “imprescindible dictar una norma en defensa del erario municipal, para dar previsibilidad a los contribuyentes y gobernabilidad a quien asume la responsabilidad de administrar un municipio” expone y pide a sus pares el acompañamiento a la iniciativa.
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