El avasallamiento se produjo en fase 1 del aislamiento preventivo, sin cumplimiento de protocolos y condiciones sanitarias, poniendo en riesgo la salud de los integrantes del cuerpo y empleados del recinto. 

Destacó que llevó 24 horas el tratamiento y aprobación de un proyecto de ley, de enorme magnitud, como la que implican los tópicos señalados, que implicarán la ruptura de la independencia en los mecanismos de designación de jueces y funcionarios del poder judicial, y la designación ulterior de magistrados y jueces inferiores por el solo arbitrio de la nueva composición lograda. 

En momentos en que la concentración ciudadana se encuentra centrada en las enormes dificultades que genera la pandemia a la ciudadanía completa, se aprovecha por el partido gobernante la generación de un aura de impunidad, de atropello institucional, de desapego íntegro a los mandatos constitucionales, transformando en decadente el orden jurídico íntegro. 

El poder judicial debe ser el último refugio del ciudadano común, y con esos mecanismos de apropiación esa garantía se diluye. Hay que destacar que gobernador de esa provincia, Sr. Raúl Jalil, es del Partido Justicialista, y la supresión del órgano fundamental de designación y enjuiciamiento, con más la elevación de cinco a siete el número de miembros de la Corte provincial garantiza inmunidad e impunidad. Es algo sin precedentes.

Esa preocupación también fue expresada por el Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) por la decisión de derogar “la Ley Provincial 5012 del 2000, por la que se creara el Consejo de la Magistratura en la provincia”. Adujo también que “El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos”.

Esa expresión logró contundencia con estas acciones preocupantes, y que deben ser señaladas y repudiadas desde lo institucional, y corregidas por los mecanismos del control de poderes. El atropello y la violación al sistema republicano para un ejercicio hegemónico del poder, no puede consentirse, finalizó.