Dicha emergencia económica y financiera fue declarada inicialmente en el mes de Diciembre de 2015, por ley 2425-F, en atención a deudas emergentes de sentencias judiciales firmes originadas o motivadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.
Actualmente, se propuso la prórroga debido a la situación de emergencia sanitaria de público y notorio conocimiento generada por la expansión global del virus COVID 19 (SARS-CoV-2), lo que ha provocado una fuerte retracción de la actividad económica, impactando negativamente en las recaudación tributaria, exigiendo asimismo el aumento en el gasto sanitario y medidas de extraordinarias y excepcionales como el aislamiento social preventivo y obligatorio, la consecuente suspensión de términos y plazos administrativos y legales, licenciamiento obligatorio de agentes públicos, receso de la Administración Pública, organismos descentralizados, Institutos y Entidades tanto públicas como privadas, incluyéndose el receso del Poder Legislativo y permitirá proteger los recursos y fondos disponibles de la Provincia para la atención de gastos imprescindibles para el sostenimiento de servicios esenciales, entre los que sobresale, en esta coyuntura, el servicio público de salud.
La iniciativa fue aprobada por los bloques presente con la excepción del diputado Díaz del Partido Obrero, que señaló: “votamos en contra porque esta ley que plantea una prórroga por seis meses más va a significar que los trabajadores estatales no tengan aumento y no haya pase a planta”.
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