La normativa se inscribe en el tratamiento de la comunicación y el acceso a las tecnologías como pertenecientes al campo de los derechos humanos, constituyendo al Estado como un garante de los mismos, tal el tratamiento otorgado por las Leyes nacionales 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, y 27.078 –Argentina Digital, que fueran sancionadas en el marco de un amplio debate social y consenso en el Congreso de la Nación.
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