Fue impulsada por los diputados Juan Carlos Ayala, Jessica Ayala, Juan José Bergia, Gladis Cristaldo, Teresa Cubells, Nadia García Amud, Juan Manuel Pedrini, y Hugo Sager; como resultado del acta de compromiso de solución amistosa, suscripta por el gobernador Jorge Capitanich y las ciudadanas Andrea Martínez y Silvia Encaje, el 7 de abril de 2021, en el marco del caso 13595 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, caratulado “Amanda Graciela Encaje y Familia vs. Argentina”.

 

El diputado justicialista Sager fundamentó el proyecto y señaló “además de la sanción de los protocolos que estamos propiciando hoy, se incorporó la creación del Observatorio de las Víctimas de Delitos y la implementación del Banco Genético Provincial entre otras acciones” y agregó: “Pedimos el acompañamiento porque existe un compromiso del Estado provincial para con las víctimas, los familiares y la Comisión Interamericana de DDHH y resaltamos como lo hicieron en su momento los familiares, que no existe aquí la búsqueda de ningún beneficio económico, sino la voluntad de dotar a nuestra provincia y al sistema judicial de protocolos que permanezcan en el tiempo y garanticen a las víctimas de delito la justicia que se busca”. 

 

Su par, Jessica Ayala, se refirió en particular al Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres y apuntó que “a pesar de los notables avances ocurridos en los últimos años persisten algunas condiciones para que los casos de femicidios queden impunes e invisibilizados, y esos déficits derivan a menudo de la falta de comprensión por parte de los y las operadores de la justicia de las características de la violencia de género, de sus causas, de su gravedad, de sus manifestaciones específicas y de sus consecuencias” y señaló que, en ese marco, “este protocolo ofrece a las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas sencillas y ágiles para investigar y litigar casos de muertes violentas de mujeres de manera eficaz y con perspectiva de género”.

 

Cubells puntualizó que “los protocolos que aquí convertiremos en ley aportan procesos científicos a las investigaciones de delitos y en especial a delitos contra la integridad sexual y casos de muertes violentas de mujeres, estableciendo además que el Ministerio Público Fiscal, como autoridad de aplicación, tendrá a su cargo un plan de capacitación continua, gratuita en modalidad virtual o presencial y en servicio, eso realmente, como todo lo anteriormente dicho por mis colegas tiene muchísima importancia y peso en esta realidad que hemos descripto”.

 

Bergia recordó que “Amanda Encaje y Néstor Vivo, asesinados en 1992, fueron víctimas también de una investigación judicial plagada de irregularidades” y agregó “nosotros desde nuestro espacio vamos a acompañar todo el manual de procedimiento que surgió en la Comisión de DDHH, donde nos comprometimos con esa familia que viene pidiendo investigación y justicia desde 1992, no quedan dudas que tenemos que buscar la eficiencia en los procesos judiciales y en ese sentido también es necesario un compromiso de la Justicia”.  

 

Juan Carlos Ayala agradeció “el apoyo de la oposición y fundamentalmente de una diputada que hoy no nos acompaña, pero que ha trabajado mucho en este tema, que es la diputada mandato cumplido Gladis Cristaldo, quien ha recibido junto a nosotros y muchas veces sola a los familiares de estas víctimas y ha empujado este proyecto que hoy tiene el apoyo de la mayoría, se trata de cumplir con los compromisos asumidos y por eso vamos a apoyar este proyecto”.