El fin de la capacitación es que los destinatarios puedan consolidar una provincia libre de odio; comprender los abordajes de derechos humanos en el marco de la política pública jurisdiccional que desarrollan y su rol como garantes de derechos; identificar las violaciones de DDHH y analizar las causas subyacentes de la violencia institucional, prevenir las mismas, el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia, mediante la aplicación de  criterio de interculturalidad, cumpliendo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en todos los poderes del Estado.

 

La diputada Mariela Quirós expresó que “a quince días de estar conmemorando el 45º aniversario del golpe cívico-militar, y como víctima de esa etapa tan oscura del país, celebro que podemos discutir esta ley, que los agentes de todos los poderes sean parte de una capacitación obligatoria. Durante años nosotros tuvimos prohibida la posibilidad de hablar, pero gracias a las políticas públicas de los últimos quince años, tenemos políticas vinculadas a los derechos humanos, por eso ponemos en valor que esto propicia el fortalecimiento de la democracia, la transversalidad en términos de políticas públicas y es fundamental que el Estado desarrolle una estrategia de formación y capacitación de sus agentes”, remarcó.