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Cabe aclarar que antes de esta sanción, la representación académica dentro de las comisiones examinadoras se limitaba a docentes de la Universidad Nacional del Nordeste. Los autores sostienen en los fundamentos que la Educación Universitaria se transformó en un “bien social” al que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder, razón por la cual “se distribuyó territorialmente, creándose nuevas universidades públicas en distintos puntos del país”.
“Las nuevas premisas, mediante esta iniciativa, se acogerán en la conformación de la Comisión Examinadora -de los concursos de oposición- que se realizan en el Consejo de la Magistratura de nuestra provincia, al disponer el deber de integrarse con un profesor no solamente de la Universidad Nacional del Nordeste, sino que también de cualquier Universidad pública o privada” expusieron a modo de argumento.
El debate en el Recinto
Fundamentando la iniciativa, el diputado justicialista Ricardo Sánchez, a la par de destacar que la misma es una propuesta que comparte con el diputado de la bancada del interbloque Cambiemos, Gustavo Corradi, consideró que “el mismo tiene que ver con la modificación de la ley que reglamenta el sistema de selección para la designación de jueces y representantes del Ministerio Público” ampliando que “en el articulo 9 la ley, establece que el examen de oposición, se requiere de una comisión examinadora, compuesta por 3 titulares y 3 suplentes, de los cuales, uno de esos titulares es un profesor de la UNNE titular de la cátedra por concurso de la especialidad de la vacante que se trate de cubrir a propuesta del rectorado, cuestión que a veces se cumplía y otras no”
En este sentido el legislador detalló que el hecho “no es sencillo armar estas mesas examinadoras, dado que existe un pago, pero el mismo no representa un incentivo para los profesores, ya que con más de un día en el examen, luego corregirlo y a posteriori resolver las impugnaciones de quienes no alcanzaron el nivel de excelencia y consideran que no es así y obligan a la mesa examinadora a una nueva intervención, por eso muchos concursos se han demorado en el tiempo y no por culpa de la universidad”.
“Es en función de esto, sumado a las nuevas propuestas universitarias consideramos procedente modificar, cambiando que sea un profesor de la UNNE a que sea por un profesor titular o adjunto por concurso, de universidad privada o pública de la especialidad de la vacante que se trata de cubrir a propuesta del rectorado, y con esto – continuó- pretendemos dar mayor nivel de participación a universidades privadas” precisó.
En tanto que el diputado Gustavo Corradi manifestó que “esta iniciativa tiene despacho unánime en la comisión de legislación general, y que en su inciso b, que se pretende modificar, nos habla de profesor titular o adjunto por concurso de universidades publicas o privadas reconocidas por el ministerio, a propuesta del respectivo del rectorado” sostuvo además que “esta iniciativa no tiene por objeto desplazar a la universidad pública, sino que viene a armonizar un sistema, y ver la realidad que estamos”
“Personalmente soy producto de la universidad pública, egresado de la Universidad de Córdoba, que nació en 1913, fue la primera en el país y de América y si hay algo que tenemos los egresados es la lucha y el apoyo total a la universidad pública, pero tengo que ser consciente que como legisladores tenemos que tener una mirada a la realidad, y esta normativa genera certeza” aportando en el mismo sentido como antecedentes “nos encontramos con la provincia de Córdoba, y si nos vamos más cerca a Entre Ríos, con su ley 9996 que regula la composición y la forma en la cual el sistema de selección para la designación de jueces, y se destacan en las ultimas dos que ambas leyes citan a las universidades privadas, así como también es el caso de las provincias vecinas de Misiones y Formosa” describió el diputado por el Interbloque Cambiemos.
La diputada Irene Dumrauf se refirió al “temor que causa esta iniciativa, y se ha dicho una gran verdad que nos genera un poco de ruido, que ingresó el 9 de noviembre de 2016, fecha en la que en la provincia se habían generado denuncias, declaraciones, en el marco de un concurso para cubrir cargos de jueces de la cámara de apelaciones en lo civil y comercial en la ciudad de Charata, ahí surgen las dudas hubieron denuncias de distintos sectores y aparece este proyecto”.
“La Ley 4885 fue sancionada en el 2001, y ahí se me generan las dudas, durante 15 años nadie dijo nada al respecto” señaló, “insisto con las dudas que tengo, porque una modificación de tal magnitud me trae mucha preocupación, por eso quiero dejar constancia de mi voto negativo porque amerita otro tipo de tratamiento; en la última sesión el diputado Sánchez expresó que era necesario modificar la ley 4885 en distintos aspectos, por eso no comparto que se modifique solo en este tema”.
Agregó que “la única universidad pública que cuenta con facultad de derecho es la UNNE, estas universidades públicas designan a sus docentes por concurso de antecedentes y oposición que es la única garantía que tenemos para asegurar la idoneidad técnica, científica y académica del docente, porque las universidades privadas más allá de la importancia que tengan no designan a sus docentes así porque funcionan como empresas”.
Otra de las expresiones vertidas en el recinto, estuvo a cargo del diputado Darío Bacileff Ivanoff quien declaró “en principio, quiero decir, no sé si la palabra es reivindicar a la UNNE, pero estuve en dos oportunidades en el Consejo de la Magistratura, representando a los abogados del interior y luego a la Legislatura y fue en esa oportunidad –recordando que fueron- 4 años de composición del Consejo, de mayor tarea, cerca de 200 designaciones y debo decir al menos en esa etapa jamás tuvimos inconvenientes alguno con las composiciones, que nos fueran enviadas de la UNNE” haciendo una valoración de la institución y calificándola como “una universidad con mucho prestigio”.
Destacando que existen “reclamos de profesionales del derecho de Resistencia y del interior, sobre el tipo de concursos a los que vamos a aplicar esta reforma, les he socializado a algunos diputados mi postura y supuestas dudas que generaba, voy a proponer, que este proyecto sea de aplicación a concursos que no han sido llamados, en particular propongo esa incorporación, que la vigencia sea para concursos posteriores y así que las reglas de juego sea para concursos posteriores” aportó Bacileff, que apoyó la moción de permanencia en cartera.
Haciendo sus consideraciones, el legislador Hugo Domínguez, se sumó a lo expresado por su par Bacileff, y consideró que “estas dudas pueden darse para el concurso de Charata o para los que vengan, con la 4885 lo que se persiguió fue el nivel de excelencia en este tribunal, que es el encargado de la designación de jueces y Ministros del Ministerio Público”
Pero, destacó el legislador, que “la duda versa sobre una diferencia en la concepción de quien debe integrar el tribunal examinador; ya que no es lo mismo ser profesor titular en una universidad pública reformista que en una universidad privada, porque el camino para llegar ser un profesor titular en una universidad privada es distinto a la pública”
La diputada Ana María Canata señaló: “a mí me llama la atención que este proyecto lleva un mes y dos días y ya entramos al Recinto con la iniciativa y el firme propósito de modificar, y pasaron 15 años donde nadie se dio cuenta de este inconveniente, me llama la atención que surgió el inconveniente de Charata y venimos a emparchar la ley 4885, pero seguramente tendremos que tomarnos el tiempo y debatir esta cuestión, es una falta de respeto traerlo ya al Recinto”.
“Me preocupa en particular que en la modificación dice: ‘un profesor titular o adjunto de las universidades nacionales’ y en el chaco tenemos la UNCAUS, que si bien tiene una facultad de derecho habilitada, dicta 45 carreras y solo tiene 12 habilitadas por la CONEAU, y la carrera de abogacía a través de un convenio con la Universidad de José C Paz, me preocupa que algún día salga de allí un profesional que ocupe un lugar de juez o fiscal, que hizo una carrera a distancia, porque me pregunto cómo alguien que venga de la ciudad de Buenos Aires puede conocer cómo funciona nuestra justicia provincial” observó.
Carlos Martínez, legislador de Libres del Sur, señaló “no acompañe el despacho porque tenía las mismas dudas que tienen varios de los colegas en el Recinto, sobre tres cuestiones, algunas ya las han expresado: la necesidad de la reforma, la dirección de esta reforma y los peligros de la reglamentación”.En ese sentido aclaró “la necesidad de la reforma no me queda clara, y sobre todo luego de algunas aseveraciones, escuché a Bacileff decir que no hubo inconvenientes con los docentes que son profesionales del derecho de la UNNE, si dice nunca hubo problemas respecto de la integración, creo que la necesidad de la reforma no está clara”.
En cuanto a los peligros de la reglamentación recordó “nosotros sancionamos la ley 7157 luego de un debate complejo que hubo en la sociedad respecto al sistema de selección de los jueces, y allí en esa ley hay un nivel de reglamentación que refleja la preocupación de la sociedad sobre esta cuestión; la reglamentación la hicimos los legisladores porque cuando la hizo el Consejo de la Magistratura pasaron las cosas que pasaron, no voy a valorar, pero no es bueno dejar la cuestión de la designación de jueces e integrantes del Ministerio Público a la reglamentación”.
El diputado repitió “esta frase de Corradi cuando habla de los temores que despierta esto, y tiene que ver con los antecedentes que hay, nadie quiere dar un paso en falso con la manera que se designan jueces y fiscales en la provincia, entiendo que vale la pena un debate en Comisión porque lo que se juega es muy importante”.
Por su parte, el diputado del Frente Grande Daniel Trabalón expresó la posición del bloque: “cuando vinimos al Recinto la voluntad fue tratar y plantear modificaciones, en el transcurso de la sesión se vertieron argumentos que algunos no compartimos, el tiempo para modificar una ley nos parece razonable, mas allá de su tiempo, si se basa en la necesidad de que mejore su eficacia y eficiencia”.
“Con respecto al tema de las universidades hay una definición que nos excede y es competencia del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias, entendemos que si son autorizadas por el Ministerio tiene que haber un requisito de control, no hacemos una valoración sobre estas cuestiones” aclaró, “sí creo que hay un punto fuerte cuando se plantean dudas, es importante que haya un nivel de consulta y opinión como con otros proyectos”
“Para la modificación de una ley que tiene que ver con regular los concursos es importante extremar las consultas, buscar los consensos, los acercamientos en las posiciones, de ahí la necesidad que se siga debatiendo en comisión nos va a permitir tener mayores elementos, con opiniones, acuerdo y consenso total” insistió.
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