En la iniciativa se señala que “desde el año 2014, tiene Rango Constitucional la Convención Internacional para personas con Discapacidad, por el cual remarca que no deberían ser consideradas como señala el Decreto 432/97, personas con problemas de pobreza e indigencia, sino personas con derechos adquiridos”.
Además, la legisladora busca “instar a los Diputados y Senadores de los distintos partidos políticos por la Provincia del Chaco, efectúen gestiones ante el Ejecutivo Nacional, para que antes de dar de baja o suspender un beneficio no contributivo, se realice una encuesta con carácter de Declaración Jurada, que deberá realizarse en el domicilio del solicitante con el objeto de determinar en forma clara y objetiva la realidad socio-económica-ambiental en la que vive, de igual manera que se realiza para su otorgamiento”.
Finalmente, propone “solicitar la presentación de una Acción Colectiva, al Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, en defensa de los Derechos que le asisten a los ciudadanos chaqueños”.
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