La diputada justicialista fue la encargada de dar a conocer el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que ella misma preside, solicitando la “prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017, a partir de su vencimiento, de la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco dispuesta por la Ley 2425-F (antes Ley 7751), prorrogada por las Leyes 2471-A (antes Ley 7825) y 2558-A (antes ley 7949)”.
Bogado recordó además que “en la Comisión de Hacienda antes de emitir el despacho hicimos un profundo análisis sobre las circunstancias que motivaron la sanción original de esta ley de emergencia, comparadas con las actuales. Me refiero al contexto determinado por un Decreto que ha definido claramente un esquema de cancelación de las deudas históricas con los judiciales, en el cual más de un 70 por ciento ha adherido y firmado su convenio específico. Estos pasos administrativos llevan un tiempo determinado y así se entiende lo que llevamos con todo el proceso”.
“Si no aseguráramos una prórroga entendible – profundizó la legisladora – como hasta el final del presente año estaríamos dejando en situación de extrema vulnerabilidad a las finanzas de la Provincia, frente a posiblesnuevos planteos de embargos”.
Bogado analizó la “paradoja que significa que algunos legisladores que han presentado proyectos pretendiendo declarar una emergencia alimentaria o emergencias específicas para diversos sectores, no hayan querido acompañar la prórroga y solicitaron el mantenimiento en cartera de esta iniciativa. La emergencia es un concepto que tiene absoluta vigencia en la situación de agricultores, ganaderos, forestales, por ejemplo. Además, es sólo cuestión de hacer memoria pues hemos aprobado hace apenas un mes un Presupuesto 2017 con un déficit calculado en unos 3.400 millones de pesos y sancionamos una ley para cubrir un déficit similar para el año 2016”.
Por otra parte, la diputada remarcó que “La Fiscalía de Estado ha dado un asesoramiento específico, pues la sentencia de la que tanto se habla dada por una sala civil del Superior Tribunal de Justicia aún no está firme y va a ser apelada ante la Suprema Corte, con lo cual los detalles técnicos de esta legislación también han sido cuidados. Quiero además plantear mi desacuerdo y mi sorpresa política frente a este fallo ya que ha habido otros momentos históricos donde algunas leyes que contenían claras contradicciones con la Constitución, fueron avaladas por el Superior Tribunal desde la comprensión de cada momento y las circunstancias contextuales que la Provincia fue viviendo”.
“En ese sentido – agregó – quiero recordar por ejemplo la Ley 4951, sancionada en octubre del año 2001, que concretó la adhesión a la Ley Nacional 25344 y autorizó la emisión de cuasi monedas provinciales, los recordados Bonos Quebracho, con los cuales se pagaron salarios durante muchos meses, lo cual está claramente prohibido por la Carta Magna. También está el caso de la Ley 4256, sancionada el 27 de diciembre de 1995, en sesiones extraordinarias, con la cual se declaró la emergencia administrativa, económica y previsional. Gracias a esta norma se hizo un descuento compulsivo del 5% para todos los trabajadores de la actividad pública y privada de la Provincia (activos y pasivos). También esa norma estableció topes a sueldos y jubilaciones. Más allá en el tiempo, está la Ley 3958, sancionada en diciembre de 1993, con la cual se estableció una emergencia financiera y otorgó facultades al Poder Ejecutivo para emitir Bonos de Emergencia para la cancelación de pasivos de todo tipo”.
La diputada peronista reflexionó finalmente: “Esta ley terminará de cumplir su rol de al finalizar este año y por eso la sanción de su prórroga debe entenderse como una muy buena noticia, ya que asegura una clara protección a las finanzas del Estado, privilegiando el bien común por encima de los intereses sectoriales”.
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