Paralelamente el proyecto estima en la suma de $57.535.022.000 el Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial no Financiera, para el Ejercicio 2018, destinado a atender las erogaciones fijadas por el artículo precedente, de acuerdo con la siguiente composición y el detalle:

Además se fija para el Ejercicio 2018, la suma de $ 2.175.764.000, el importe total correspondiente a las Erogaciones Figurativas de la Administración Pública Provincial, y establece el Financiamiento por Contribuciones Figurativas en la misma suma.

Como consecuencia de lo establecido en la presente, el Resultado Financiero (Déficit) se estima en la suma de $ 4.130.621.000. El déficit estimado será financiado mediante la diferencia entre las Fuentes y Aplicaciones Financieras que se indican a continuación:

Fuentes Financieras:                                     $5.909.662.000

-Endeudamiento Público                                 $5.909.662.000

Aplicaciones Financieras:                            $1.779.041.000

-Amortización de Deudas                                 $1.779.041.000

Como artículo sexto, el proyecto fija en 69.663el número total de cargos y en 246.006 la cantidad de horas cátedra, correspondientes a la partida de gastos en Personal de la Administración Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 2018.

La ley facultará al Ejecutivo Provincial a aprobar por Decreto para el Ejercicio 2018 el Presupuesto de Lotería Chaqueña, y del InSSSeP, (Presupuesto de Erogaciones, Recursos y Planta de Personal) así como las modificaciones que resulten necesarios introducir a dichos Presupuestos conforme con la previsión que establece el artículo 23 de la ley 1092-A de Administración Financiera.

La norma autoriza al Ejecutivo provincial a aprobar por decreto la disgregación de las estructuras analíticas de cargos que se fija en el artículo 6º de la presente, las que incluirán las modificaciones aprobadas con base en las atribuciones conferidas por el artículo 54 de la ley 1092-A, de

Administración Financiera entre la fecha de presentación del proyecto de presupuesto y el 31 de diciembre de 2017. Finalmente establece que las disposiciones de la presente ley regirán a partir del 1 de enero de 2018.

Por el artículo 13 se estima  en  la  suma  de $ 549.030.672, el Cálculo de Gastos Tributarios para el Ejercicio 2015, derivados de  tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y/o beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica.

El Ejecutivo Provincial queda autorizado a emitir letras de Tesorería por hasta un monto de 800 millones de pesos, con destino a cubrir deficiencias estacionales de caja, cuyo vencimiento podrá operar con posterioridad al ejercicio que se presupuesta por la presente, en la medida que dicho plazo no exceda el 31 de diciembre de 2018. Este monto deberá entenderse como máximo stock de títulos en circulación.

En el artículo 15 autoriza al Ejecutivo a afectar y/o ceder los derechos de la Provincia, sobre las sumas a percibir por el Régimen Transitorio de Coparticipación de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias- Ley Nº 23.548-, conforme con lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos- o el que en el futuro lo sustituya- por hasta el monto que se autoriza en el artículo 13. La autorización dispuesta en este artículo comprende la conformidad al Estado Nacional para que este retenga automáticamente de los recursos indicados en el párrafo anterior los importes necesarios para la cancelación de las obligaciones que se asuman.

El Proyecto incluye en su Título V lo referente a operaciones de crédito público, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar las mismas por hasta un monto de $ 3.831.392.000, o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y programas sociales y de inversión pública, actualmente en desarrollo o que se prevean comenzar, así como afrontar la cancelación y renegociación de la deuda pública provincial, incluyendo operaciones tendientes a mejorar el perfil de la misma.

De sancionarse la Ley, las operaciones podrán materializarse mediante los mecanismos o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido de las mismas se afecte a la atención de los objetos determinados anteriormente.

Se facultaría al Poder Ejecutivo a afectar o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias - Ley Nacional 23.548 -conforme con lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” -Ley nacional 25.570-, o el que en el futuro lo sustituya, con el fin de garantizar dichas operaciones, incluyendo la retención automática para el pago de los servicios pertinentes.

En el caso en que se adopte como mecanismo de captación de fondos el fideicomiso financiero, el Poder Ejecutivo podrá transmitir en propiedad fiduciaria los derechos de la Provincia a los que se refiere el párrafo anterior.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación del Título V, en virtud de lo cual llevará adelante las acciones conducentes para la concreción de las operaciones que se autorizan, de conformidad a los artículos 81 a 97 de la Ley 1092-A y de la reglamentación que al efecto se dicte.

Se facultaría además al Poder Ejecutivo a determinar por vía reglamentaria los aspectos no estipulados expresamente en la presente y que fueren necesarios para la concreción de las operaciones, así como a dictar la normativa complementaria, aclaratoria e interpretativa del Título. 

Finalmente, se eximiría de los impuestos provinciales creados o a crearse a las operaciones de crédito público autorizadas por el Título mencionado, cuyas disposiciones entrarían en vigencia a partir de la promulgación de la ley.

Fundamentos del Ejecutivo

Contexto Global y Regional

En los fundamentos que acompañan el proyecto, el Gobernador señala que “existe consenso acerca de que la economía global para 2018 mejorará levemente su desempeño respecto de 2017 en base al relevamiento de datos provenientes de las distintas organizaciones dedicadas a la evaluación de su desempeño. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía mundial crecerá 3,5% en 2017 y 3,7% en 2018. En similares términos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un 3,5% y 3,6%, respectivamente. Por último el Banco Mundial estima números más bajos de crecimiento aunque con igual tendencia favorable”.

En ese sentido, especifica que “desde las elecciones presidenciales de 2016, las expectativas de distensión de la política fiscal de Estados Unidos han contribuido al alza del dólar y de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de ese país, que han empujado al alza las tasas de otros países. Según el FMI, el ciclo de la economía americana se encuentra en su fase de expansión previéndose un crecimiento para 2018 del orden del 2,5%, esto es, un 0,2% por sobre lo esperado para 2017 aún con los habituales ruidos políticos de la nueva administración de EEUU. Por su parte, la República Popular China crecerá al 6,2% en 2017, previéndose un avance del 6,6% para 2018. Finalmente, el crecimiento de Europa se acelerará en general, según las previsiones, al 2,5% en 2017 y 2,7% en 2018, respaldado por la sostenida recuperación de los países exportadores de productos básicos. No obstante lo anterior, el caso europeo resta ver los impactos del Brexit en la nueva conformación europea sin el Reino Unido”.

En cuanto al panorama regional detalla que “el Banco Mundial prevé que en 2017 el crecimiento en América Latina y el Caribe aumentará al 0,8%, a medida que Brasil y Argentina salgan de la recesión y el aumento de los precios de los productos básicos favorezca a los países exportadores de bienes agrícolas y energía. Según las previsiones, Brasil se expandirá un 0,3% en 2017 y alcanzará una tasa del 1,8% en 2018, mientras que el crecimiento en Argentina aumentará a un ritmo del 2,7% este año. El Gobierno Nacional, por su parte, estima una recuperación de la economía brasilera en torno a  un 0,5% en 2017 y 2,0% en 2018, tras haber caído 3,5% en promedio durante 2015 y 2016”.

Contexto Nacional

En lo referido a la economía argentina, destaca que “el mensaje elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación pronostica un crecimiento del PBI de 3,5%, esto es, 0,5% por sobre lo proyectado para 2017, estimulado por un crecimiento de la inversión (+12%) y en menor medida por la expansión del consumo privado (+3,3%), y las exportaciones (+5,6%), debido al mayor crecimiento de los socios comerciales del país, todo esto en el marco de un crecimiento promedio de los precios ( IPC) del 15,7% y un tipo de cambio de 19,30 $/U$S para el período considerado”.

“La clave de la política presupuestaria nacional pasará por la estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en los mercados voluntarios, limitando la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. Las condiciones de elevada liquidez, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país, parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal con endeudamiento” observa.

“El Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2018 estima un resultado primario deficitario de $395.612 millones, equivalente a 3,2% del PBI para el ejercicio del año próximo. Si se adicionan los intereses de la deuda, el resultado financiero total alcanzaría un rojo de $681.803 millones, equivalente a un 5,5% del PBI” advierte.

En consecuencia, detalla que “en 2018, el gobierno demandará recursos para financiar el déficit financiero estimado (5,5% del PBI) y además $1.600.953 millones (12,9% del PBI) en concepto de aplicaciones financieras, donde el 82% corresponde a amortizaciones de deuda. Por tanto, las necesidades de financiamiento brutas ascienden a 18,5% del PBI. Para cubrir estos requerimientos presupuestarios, se estima que es posible contar con fuentes financieras prácticamente “garantizadas” por un monto de $1.301.303 millones, equivalentes a 10,5% del PBI. Consecuentemente, la diferencia no cubierta (7,9% del PBI) se completará mediante la colocación de deuda en los mercados de deuda, o mediante nuevas fuentes a las que el gobierno logre acceder”.

Objetivos del Gobierno Provincial: Reducción del déficit

Los fundamentos puntualizan que “la actual gestión de gobierno de la provincia del Chaco, tiene en materia fiscal como uno de sus objetivos principales logar una reducción del déficit fiscal primario y financiero, de manera sostenida, tendiendo al equilibrio/superávit en los próximos años, promoviendo una administración fiscal y financiera ordenada. Para el presente año, se estima cerrar con ambos resultados, tanto el primario como el financiero con resultados deficitarios, pero con un resultado operativo medido por la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes cercano al equilibrio. Dichos resultados obedecen en gran parte a las políticas monetarias, tributarias y fiscales tomadas por la administración nacional, que durante el ejercicio 2017 no lograron el resultado previsto en la actividad económica, que se traduzca en un incremento de los ingresos por encima de la tasa de crecimiento de los gastos”.

Asimismo, observan que “el análisis de la composición de los ingresos permite evidenciar el aumento de la autonomía, al analizar la relación entre los ingresos de origen provincial y los de origen nacional”.

Ejes de la Gestión de Gobierno

“Uno de los ejes fundamentales desde el inicio de la gestión de gobierno –apunta- es el Empleo, para este ejercicio los objetivos principales son la conducción superior de los organismos provinciales dedicados a las relaciones y condiciones de trabajo, al régimen legal de las asociaciones gremiales de trabajadores y empleadores, la formulación de proyectos de política de pleno empleo, su promoción e inclusión laboral, abarcando toda la jurisdicción del territorio provincial. Y el actuar ante los conflictos sindicales, intersindicales y de los trabajadores de las asociaciones profesionales”.

“Consideramos de vital importancia –agrega- lograr un sistema de ciudades en red, articuladas a nivel provincial, que se desarrollen potenciando su rol dentro del territorio a partir de sus ventajas comparativas y perfil productivo. Por ello, el gobierno tiene como meta, contribuir a la modernización de los estados municipales a fin de que se logre la prestación de servicios públicos eficientes, como así también propiciar en los municipios el desarrollo de políticas que permitan el incremento de la participación de sus recursos propios en lo recursos totales. Asimismo, se propone generar una adecuada coordinación fiscal entre la Provincia y los Municipios en todo lo que respecta al sector de Administración Financiera, como así también las demás instituciones o entes que participen en la interrelación económica con ellos”.

En relación al Sistema de Salud, sostiene que su fortalecimiento es “uno de los pilares centrales de la gestión de gobierno” y señala que el mismo “tiene como finalidad ejecutar las políticas de estado en su rol de garante al derecho a la salud de la población y sustentados en programas y efectores de atención en la estrategia de Atención Primaria, requiriendo para ello de una fuerte política de desarrollo institucional y provincial tanto en la gestión sanitaria como administrativa. La integración con el nivel nacional y municipal constituye un eje fundamental de la articulación en la transformación necesaria para la provincia. La interacción y cooperación con las sociedades científicas, los colegios profesionales, asociaciones gremiales, casas de estudio e investigación y las instituciones de la sociedad civil con la finalidad de acordar políticas saludables, estableciendo prioridades, metas y evaluando su cumplimiento”.

En cuanto a la gestión productiva, afirma que “está orientada a la ejecución de programas que generen las condiciones necesarias para fortalecer las cadenas de valor y competitividad del sector, promoviendo la generación de empleo formal y garantizando un desarrollo económico y social sustentable. Estos programas tienen como finalidad incrementar la producción agroalimentaria, fortalecer  las organizaciones, optimizar las herramientas para mejorar los sistemas productivos y la rentabilidad del sector, potenciando la agroindustria con alto valor agregado  e implementando políticas de desarrollo rural integral y de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente en pos de la consolidación de las tramas sociales y económicas territoriales, asegurando así su integración equilibrada al proceso de desarrollo económico con equidad social y ambiental”.

Además, adelanta que “se buscará contribuir a la integración y desarrollo competitivo de la cadena de valor cárnica chaqueña, jerarquizando su participación en el ámbito regional, nacional e internacional y tendiendo al autoabastecimiento provincial. Se aplicarán medidas de incentivo a los productores que trabajen en la incorporación de tecnología dura y blanda, a través de herramientas financieras de gestión y capacitación para que puedan aumentar los kilos de carne por hectárea e incrementar la rentabilidad de la empresa pecuaria. En lo referido a Producción Agrícola, su busca generar y promover herramientas técnicas y financieras para el sector que posibiliten el incremento en los niveles de productividad, mediante la tecnificación del sector. Se desarrollarán acciones de estímulo al valor agregado y comercialización de productos locales, el mejoramiento e incremento de la infraestructura de procesos y la intensificación de la producción frutihortícola con la incorporación de paquetes tecnológicos adecuados”.

“Entendemos que el desarrollo de la industria de la construcción es una constante fuente de trabajo en todas las áreas para la amplia cadena de valor que la actividad contiene” enfatiza, “por ello,  es necesaria su estimulación por parte del Estado en pos de generar  empleo e inversión. Esto implica fomentar y generar las inversiones necesarias para poder continuar con las demandas históricas de equipamiento general en áreas sensibles como salud, seguridad, discapacidad e institucionales, y obras que potencian la capacidad de la generación de la fuente de trabajo y/o mejora en el entorno de nuestro empleados; para ello se pondrá en marcha la vinculación de las ciudades en todo el territorio provincial; se potenciarán las vías de comunicación necesaria para la logística y el traslado eficiente de nuestra producción; se consolidará la infraestructura agroindustrial articulando los emprendimientos privados y conectando todos los eslabones de generación de valor de estructura productiva. Es prioritario en este orden de proyectos, desarrollar un estado presente en todos los municipios, que alcance con servicio a cada uno de los ciudadanos”.

Las medidas orientadas al sector industrial, por otra parte, “tienen como objetivo la programación e instrumentación de las políticas para el desarrollo de las actividades industriales y comerciales y de servicios de la Provincia. El desarrollo, la integración industrial y comercial al servicio del mejoramiento de la competitividad sistémica de la economía provincial. Además, la localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales y la defensa del consumidor, y el abaratamiento de productos de consumo masivo”.

Otro de los objetivos que se delinean para el próximo año es el fortalecimiento del sistema de estadísticas de la provincia, “donde se busca tener actualizado los diferentes indicadores sociales y económicos fundamentales como ser la medición del Producto Bruto Geográfico, Índice de Precios al Consumidor Gran Resistencia (IPC G RCIA 2018), Encuesta Provincial Trimestral a Hogares (EPTHO) para ser aplicados a una adecuada gestión de gobierno”.

“La seguridad pública sigue siendo otro de los objetivos principales –agrega- donde las metas para este año son profundizar el proceso de profesionalización de agentes; continuar con el objetivo de desarrollo infraestructural que dispone e instala la infraestructura operacional del nuevo servicio policial de seguridad preventiva de la Provincia del Chaco (911); fortalecer el programa de renovación y mantenimiento del parque automotor 2015-2019, que seguirá desarrollándose en un marco plurianual. Además de la consolidación del gobierno político de la seguridad; promoción de la participación comunitaria y prevención social; articulación del sistema de seguridad ciudadana; modernización tecnológica de las fuerzas de seguridad; fortalecimiento de la inteligencia criminal; acción integral contra el crimen organizado; perspectiva transversal de DDHH y equidad de género; y el bienestar del personal de seguridad”.

Presupuesto 2018     

“Para el ejercicio fiscal 2018 el total de recursos alcanza a 57.535,02 millones de pesos, lo que implica un incremento porcentual del 13% con respecto al presupuesto del ejercicio 2017. Los recursos de origen nacional fueron tomados de las pautas macrofiscales enviadas por el Gobierno Nacional, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal” detallan los fundamentos.

“Al igual que en 2017 –observa- la estimación de los principales recursos tributarios provinciales (Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Adicional 10% Ley 3565, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y Fondo de Salud Pública, etc.) que se recaudan bajo la competencia de la Administración Tributaria Provincial (ATP) se realizó sobre la base de supuestos e hipótesis planteados respecto del comportamiento de los factores determinantes de la recaudación tributaria, en los aspectos de mayor incidencia”.

Explica que “estos factores se relacionan con la actividad económica, el nivel de precios, el nivel de salarios nominales, la elasticidad-producto-empleo de los tributos y el nivel de empleo registrado, por un lado (factores de carácter económico), y con la mejora de la eficiencia recaudatoria y modificaciones normativas (factor concerniente a la administración y política tributaria), por el otro. Sobre las variaciones de estas variables es que se establecen los supuestos e hipótesis”.

Entre otros supuestos, especifica que “se prevé un aumento de la recaudación de los tributos de mayor preponderancia en la estructura impositiva de la Provincia, en 2018 respecto de 2017, del 19,19% y en atención a la variación de precios implícitos prevista el incremento real ascenderá 2,57%”.

Comparativamente, explica que en los Ingresos Totales, están compuestos por los Recursos Corrientes, los cuales alcanzan la suma de 53.922,59 millones de pesos, 20,14% más que en el presupuesto del ejercicio anterior; y en cuanto a los Recursos de Capital que alcanzan a la suma de 3.612,43 millones de pesos, se prevé una disminución de 40,46% respecto a lo presupuestado en el 2017. En cuanto a las erogaciones totales están estimadas que alcancen a la suma de 61.665,64 millones de pesos, lo que representa un 13,33% más que en lo estimado en el presupuesto 2017.

“Para el ejercicio 2018 se prevé destinar a los Municipios de la Provincia, en concepto de distribución de impuestos de origen nacional y provincial, la suma de $ 6.689,84 millones, un 26,23% más que lo previsto para el presupuesto 2017” destaca, y concluye que “del total de los Recursos presupuestados, los corrientes representan un 94%, y el resto son corresponden a recursos de capital; en cuanto a las erogaciones totales, el 86% corresponden a corrientes y el 14% restante, a gastos de capital”.

Finalmente, reitera que “si comparamos los Recursos Corrientes con los Gastos Corrientes obtenemos un superávit fiscal operativo de $ 708,84 millones y si agregamos al análisis las cuentas de capital, tanto ingresos como egresos, obtenemos un resultado financiero deficitario equivalente a $ 4.130,62 millones. Por lo tanto, la necesidad de financiamiento interno o externo que necesitará la Provincia para el próximo ejercicio supera los 4 mil millones de pesos. En cuanto al resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales + Intereses y Gastos de la Deuda) alcanza a la suma de $2.040,94 millones”.