Se trata del proyecto de resolución 4640/17 a través del cual la diputada justicialista Viviana Damilano Grivarello expresa preocupación por la denuncia realizada contra el titular del PAMI, Sergio Cassinotti, ante la Unidad Fiscal para Investigación de los Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En otro punto señala que la denuncia que recibió la UFISES hace referencia directa a la resolución 0956 del 26 de septiembre de 2017 en la que figura que el PAMI creó otro PAMI denominado Fundación PAMI.
También advierte que la creación de la Fundación PAMI atenta contra la ley 19032, de creación del Instituto (INSSJP), la cual expresamente prohíbe delegar, ceder y transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación, y control que le asigna la presente ley.
Damilano Grivarello en los fundamentos señala que “la UFISES recibió un pedido de investigación para rever la situación entre el PAMI original y el nuevo PAMI paralelo, denominado “Fundación PAMI”, la presentación fue radicada por el abogado Christian D´ Alessandro, quien señala que esto puede conllevar a una posible tercerización de cada una de las prestaciones”.
“El licenciado Sergio Daniel Cassinotti reemplazó a Carlos Regazzoni a mediados de este año al frente del PAMI, es quien la semana pasada firmó una sospechosa transformación en el marco jurídico a la obra social de los jubilados: la nueva resolución creó una ONG -Fundación PAMI- con idénticos objetivos y alcance que el actual PAMI” relata la legisladora.
Asevera además que “el cambio es sustancial y polémico ya que este tipo de organización no gubernamental gambetea por completo los controles estatales y evade la obligación de, por ejemplo, realizar licitaciones”. “Los fondos del PAMI provienen obligatoriamente del 3% de los haberes jubilatorios, mientras que el patrimonio inicial declarado de la Fundación PAMI – INSSJP estará integrado por la suma de 100 mil pesos aportados por l fundador, es decir, el actual PAMI”.
Damilano advierte que “de todo esto se desprende que, al no integrar la Fundación PAMI los cuadros de la administración ni pertenecer a la administración central, se podría dar en algún momento que la entidad cortara sus servicios o presentara quiebra, sin embargo, el Gobierno no tendría responsabilidad, incluso podría desentenderse sin consecuencias jurídicas”. Por lo expuesto “solicito la aprobación del presente proyecto” pide la legisladora.
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