En este sentido advierte que de acuerdo al Decreto no resultan aplicables a la Sociedad Anónima “Corredores Viales”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias", lo que implica que podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de someterse a licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.
Además observa y resaltar con preocupación que dentro del objeto de la empresa se incluye el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera en redes viales de jurisdicción nacional.
De aprobarse la iniciativa pide se remita copias protocolares de la presente al Presidente de la Nación. Ing. Mauricio Macri, al Ministro de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich y al Gobernador de la Provincia del Chaco, Ing. Domingo Peppo.
Damilano Grivarello aseguró que “el Gobierno nacional oficializó la creación de la empresa “Corredores Viales S.A.”, y lo hizo a través del Decreto 794/2017 del Ministerio de Transporte de Nación, publicado en el Boletín Oficial”. Según el mismo se detalla que “el 51% de la nueva empresa quedará en poder de la cartera que conduce su titular Guillermo Dietrich, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será tenedora del restante 49%, aclarando en los considerandos, en caso que el interés público lo requiera podrán incorporarse socios privados” indica la legisladora.
“La Sociedad Anónima – continúa - tendrá como objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional, ejerciendo también derechos en el cobro de peajes” describió Damilano Grivarello.
Finalmente consideró que “pese a que el Gobierno Nacional tiene un discurso a favor de la transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal, lo que implica que, por ejemplo, al no basarse en el Decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de someterse a licitaciones como debería si fuera un organismo estatal” precisó Damilano Gravarello.
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