En primer lugar, en la sesión de este miércoles el cuerpo designará a los representantes del Poder Legislativo en los siguientes organismos: Consejo Provincial de Adultos Mayores, Consejo Económico y Social (CONES), y Comisión Provincial por la Memoria; así como los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Juicio de Residencia.
Posteriormente, se acordó la aprobación del proyecto 5630/17 autoría de los legisladores Livio Gutiérrez, Luis Alberto El Halli Obeid, German Perelli (MC), Hugo Abel Sager, Ricardo Luis Sánchez referida a la expropiación de un inmueble en el departamento Libertador General San Martín.
A continuación, abordarán el proyecto 1028/18 del diputado Hugo Sager, que promueve la prórroga por el plazo de trescientos sesenta y cinco días de la vigencia de la ley 1388-F (antes 5525) -que protege a los deudores hipotecarios-, contados a partir del vencimiento de su última prórroga dispuesta por la ley 2672-M.
También tratarán el proyecto de ley 1065/18 enviado por el Poder Ejecutivo que tiene por objeto enmendar el error involuntario material incurrido en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto General de la Provincia en oportunidad de su sanción, por la cual se autoriza a emitir Letras de Tesorería para el ejercicio 2018.
Seguidamente, se encuentra en el temario el proyecto de ley 4210/16 que pretende declarar de utilidad pública e interés social, y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Resistencia, identificado: Circunscripción II – Sección B – Chacra 118 – Manzanas 42 – 33 y 34, iniciativa de la diputada Fonseca.
En igual sentido, se tratará el proyecto 4171/17 de ley, que modifica el artículo 1º de la ley de expropiación 2551-A (antes ley 7939) la iniciativa es de las diputadas Fonseca, González, Panzardi, y Tichy.
Se incorporó también a la alteración del orden del día el proyecto 5130/16 del diputado Roy Nikisch, que modifica los artículos 1 y 3 de la ley 3604 - Obligatoriedad de los Requerimientos de Informes, con el objeto de “establecer un sistema más preciso a la hora de aplicar las sanciones correspondientes a la falta de contestación de pedidos de informes”.
Finalmente, se acordó tratar las iniciativas de resolución de pedidos de informes a distintos organismos del Estado.