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El Presidente de la Legislatura remarcó que la misma “es resultado de una construcción democrática surgida de un proceso de largo trabajo con intervención y participación de todos los sectores involucrados”.
Explicó que “la norma reemplaza el texto la ley N° 25, estableciendo un nuevo ordenamiento legal acorde al texto constitucional de nuestra Carta Magna reformada en 1994, así la misma garantiza la gratuidad y la libertad del ejercicio de la profesión, dejando en manos del Superior Tribunal de Justicia tanto la administración de la matricula como el juzgamiento de la conducta de los profesionales, garantizando la libertad de asociación, reconociendo el derecho a la maternidad, y situaciones de extrema gravedad como incapacidad o fallecimiento de sus familiares directos”.
Asimismo consideró “esta norma marca un punto de inflexión en la división que históricamente hemos sufrido los profesionales del derecho, permitiendo mediante esta sanción superar viejas antinomias, uniéndonos bajo un único objetivo que es la jerarquización de la misma, la que ejercemos y defendemos con nobleza”.
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